Salud reproductiva, un tema urticante

No es la primera vez que Garzón de Lascano favorece a organizaciones religiosas
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24 de mayo de 2003  

CORDOBA.- Cristina Garzón de Lascano, la jueza que puso en un calabozo al general Luciano Benjamín Menéndez, fue designada en 1991 por el entonces presidente Carlos Menem.

Su nombramiento, dicen, obedeció a un pedido del gobernador Eduardo Angeloz, de buenos vínculos en aquella época con la Casa Rosada. Garzón de Lascano, de 54 años, es una católica que goza de un muy buen concepto en la prelatura de la Iglesia cordobesa.

No es la primera vez que esta jueza hace lugar a un reclamo de organizaciones que se proclaman "en favor de la vida". En marzo de 2002 se expidió en contra de la llamada "píldora del día después". El fallo luego fue revocado por la Cámara Federal de Apelaciones, que convalidó la venta del fármaco. El recurso había sido interpuesto por una institución que actúa en la órbita de la curia local, Hogar Portal de Belén.

Apelarán el fallo

Nueve meses más tarde, en diciembre del año último, Garzón hizo lugar a un amparo de la Asociación Civil Mujeres por la Vida y prohibió la instrumentación del Plan Nacional de Salud Reproductiva.

La Cámara Federal de Apelaciones volvió a revocar su fallo, esta vez en marzo último. Habrá que ver qué ocurre ahora con esta nueva medida, ya que desde el Ministerio de Salud de la Nación anticiparon que también la apelarán.

Garzón se recibió de abogada en la Universidad Católica de Córdoba en 1971, y es madre de cinco hijos. LA NACION intentó hablar con ella durante los últimos dos días, pero no hubo respuesta al requerimiento.

Una de las tareas quizá más difíciles que le hayan tocado fue la de averiguar la verdad histórica de los años del proceso militar. Mientras se ocupaba de las decenas de expedientes y ordenaba diversas diligencias, descubrió que agentes de la inteligencia militar dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército espiaban sus pasos, los de testigos y abogados.

Luego descubrió que también políticos, sindicalistas y dirigentes de distintos órdenes eran objeto del interés de los empleados, uniformados y civiles, del organismo castrense.

Hace más de un año firmó un duro comunicado de réplica al embajador de Francia, cuando éste tildó de inseguridad jurídica los avatares que padecía en los tribunales cordobeses el presidente de Renault Argentina, Manuel Antelo.

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