Santa Fe busca sumar a tribunales locales contra los búnkeres narcos

Santa Fe se convirtió ayer en uno de los primeros distritos en aceptar la propuesta de asimilar la transferencia a las provincias de algunas de las responsabilidades en la lucha contra el narcotráfico . Esa iniciativa había sido expuesta por la ministra Patricia Bullrich en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior, tal como adelantó LA NACION. El gobernador santafesino, Miguel Lifschitz , pidió a la Legislatura provincial la adhesión a la ley nacional 26.052, promulgada en 2005, que habilita a tribunales locales a investigar casos de venta minorista de drogas.

"Hay que hacer un trabajo coordinado con la Justicia Federal, como ya lo venimos haciendo. Aquí no buscamos perseguir al consumidor, sino que queremos ir sobre las organizaciones delictivas que se dedican al narcomenudeo. Es una herramienta que creemos necesaria, porque si miramos el mapa del delito vamos a ver claramente que allí donde funcionan los lugares de venta de drogas en los barrios se genera un círculo de violencia, heridos de armas de fuego y homicidios", explicó el gobernador Lifschitz en su mensaje de ayer, durante la apertura del año legislativo en Santa Fe.

La ley 26.052 fue aprobada en el Congreso a pedido de Buenos Aires en 2005, cuando el entonces gobernador Felipe Solá reclamaba la posibilidad de agregar a la lucha contra las drogas a la estructura judicial y policial de su distrito. El narcotráfico es considerado un delito federal y en consecuencia es investigado por los tribunales federales. La reforma que fue propuesta con la ley 26.052 posibilitó sumar a jueces y fiscales provinciales en casos de narcomenudeo. Desde su sanción, en 2005, solo Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán y Entre Ríos aprobaron en sus legislaturas la adhesión a esa propuesta.

Tal como fue consignado por el gobernador Lifschitz, el narcomenudeo es hoy el mayor peligro en los barrios por la violencia asociada con la disputa de territorios de venta de drogas. En Rosario, por ejemplo, la conocida banda de Los Monos fue desarticulada por la acción de tribunales locales que apuntaron a los líderes narcos por sus homicidios. Sin embargo, ese grupo no tiene aún condenas por venta de drogas.

La ministra Bullrich había propuesto un cambio de estrategia a los encargados provinciales de la seguridad. La intención oficial es contar con más fiscales -aportados por los fueros provinciales- para avanzar sobre los puestos minoristas de venta de estupefacientes.

"Combatir el narcotráfico es una responsabilidad primaria, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente, del gobierno nacional y de la Justicia Federal. Pero todos sabemos que, más allá de las intenciones y de los intentos, el esfuerzo es absolutamente insuficiente", dijo ayer Lifschitz.

Y agregó: "Cada vez que queremos avanzar en cuestiones de narcotráfico nos encontramos con una barrera, que es la dificultad de la Justicia Federal para avanzar en los procesos de investigación, para desmembrar y desarticular estos grupos y su expresión más visible, que es la venta de drogas al menudeo en los barrios. Falta de estructura, falta de equipos, de tecnología, de infraestructura técnica, lo que fuere, pero los resultados están a la vista, no alcanza. Por eso creo que ha llegado el momento de habilitar a la Justicia provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces de la provincia de Santa Fe para poder investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas en el escalón que habitualmente llamamos narcomenudeo".

Más allá de esa decisión, un numeroso contingente de la Policía Federal Argentina llegará hoy a Rosario para colaborar en el combate contra las bandas narcos.

Decomisaron tres toneladas de marihuana

Una patrulla de la Prefectura decomisó tres toneladas de marihuana, un cargamento que estaba escondido a la vera del arroyo Pirú, cerca de la localidad misionera de Puerto Rico. Los prefectos siguieron un rastro sospechoso en esa zona y lograron detectar el lugar de acopio del cargamento de droga, valuado por los autoridades nacionales en más de $60.000.000.