Se defendió Garzón de Lascano

Sostuvo que "prima facie" el planteo resulta verosímil
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30 de mayo de 2003  

Cordoba.- La jueza federal Cristina Garzón de Lascano ratificó ayer en todos sus términos la resolución en la que concedió una medida cautelar que prohíbe la fabricación y la venta de pastillas anticonceptivas y dispositivos intrauterinos, aunque aclaró que todavía no puede ser aplicada porque los promotores del recurso judicial aún deben cumplir con algunos requisitos.

La disposición que dictó la semana última la magistrada generó un revuelo de protestas y rechazos contra el grupo católico conservador de orientación "lefebvrista" que impulsó la drástica acción. Se trata de la Fundación 25 de Marzo, que incluso fue descalificado por el Arzobispado de Córdoba.

En un comunicado emitido ayer, la jueza dijo que lo hacía para advertir "el grado de desinformación" que "evidencia" la mayoría de las opiniones emitidas "por distintos medios y personalidades". No nombra a ninguna en particular, pero se infiere que queda incluido quien habló por las autoridades de la Iglesia local.

Medida constitucional

Explica que decidió la medida en acuerdo con la Constitución y tratados internacionales con igual jerarquía, que -según su interpretación- "protegen la vida desde la concepción en el seno materno". También se remite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que respecto de la píldora del día después sostuvo que "el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva".

Además, señala que los elementos aportados por los impugnadores de los anticonceptivos "acreditan prima facie" la verosimilitud de su planteo. Toma en cuenta que de ese material se desprende como una "posibilidad razonable el efecto abortivo que se derivaría del uso" de las drogas y dispositivos cuestionados, pues "modificarían de alguna u otra manera el endometrio, impidiendo de ese modo la implantación o anidación".

Este último argumento fue esgrimido por la Fundación 25 de Marzo.

No obstante esta ratificación, la jueza aclara que la prohibición "no se halla en condiciones de ser ejecutada", pues la entidad no cumplió garantías que se le requirieron, por caso, el aval de 20 letrados del foro local.

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