Cambios polémicos / Cara y ceca del infractor al volante. Se maneja más despacio en la ciudad

La calle se encara de otra manera, no queda duda. El contrato con las empresas que toman multas fotográficas puede discutirse, al sistema quizá se le encuentren fallas y los montos de las infracciones tal vez resulten excesivos, pero la conducción vehicular se modificó y esto parece fuera de cualquier tipo de debate.

¿Habrá sido por un chispazo cultural? ¿Por un ordenamiento natural del tránsito? ¿Por el descenso en la cantidad de automóviles que circula por la ciudad? ¿O, en definitiva, por el pánico que generan las fotomultas? Probablemente haya un poco de todo en la respuesta, pero siempre a partir de un dato irreversible: el antes y el después coincide con el ingreso en el escenario porteño de estas odiadas maquinitas fotográficas.

Como, lógicamente, no alcanza una sensación para marcar una tendencia, el cambio evidenciado por el tránsito porteño debe medirse en estadísticas. En este caso, en la cantidad de accidentes mortales y en el promedio de velocidad.

De acuerdo con los datos que maneja el gobierno porteño, durante 1999, antes de que comenzara a funcionar el controvertido sistema fotográfico, murieron 275 personas por accidentes en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires. En 2002 fueron 107. Y en 2003, el registro hasta septiembre -último mes del cual se cuentan datos- marcó 71, con una alta probabilidad de que llegue a 100. Estos datos, obviamente, corresponden al seguimiento que hace el gobierno porteño de las calles y avenidas donde funciona este sistema.

Ya se sabe -se dijo al comienzo de esta serie de notas sobre cambios que generaron polémicas, pero que en muchos casos terminaron siendo un hábito en la vida cotidiana- que los muertos totales por accidentes de tránsito en el país son 7000 por año, de los cuales 2600 se registran en esta ciudad, según la Asociación Civil Luchemos por la Vida.

El dato local también llamativo es el que proporciona Leticia Piris, directora de Seguridad Vial de la Ciudad: la velocidad promedio de quienes se excedían en el ritmo de conducción era de 135 kilómetros por hora en los primeros días del sistema. Actualmente, el promedio de velocidad de los infractores es de 112 kilómetros por hora.

La historia comenzó en 1997, cuando la Legislatura porteña sancionó una ley que permite el uso de herramientas tecnológicas para el control de las infracciones en el tránsito. Bajo el gobierno local de Fernando de la Rúa, en 1998, se licitó el sistema; en 1999, se firmaron los contratos con Meller y Siemens-Itrón, y, en mayo de 2000, ya con Enrique Olivera en el gobierno, las fotomultas comenzaron a funcionar. Como en ese momento estaban en campaña para encontrar al sucesor de De la Rúa-Olivera, el gobierno no envió ni un acta a los infractores.

Después, cuando Aníbal Ibarra superó a Domingo Cavallo y se alzó con la jefatura de gobierno, se soltaron casi 800.000 infracciones juntas. Y se armó un escándalo de novela.

Se encontraron cientos de multas mal confeccionadas, reiteración de actas a un mismo vehículo con una diferencia de minutos y varios dislates más. El Tribunal de Faltas desestimaba más infracciones de las que se pagaban y, así, el negocio para las empresas no cerraba.

Nadie había previsto que una ley sancionada en tiempos de Juan Carlos Onganía, cuando la ciudad aún no era autónoma, le otorgaba el poder de control a la Policía Federal. Como en este caso no había policías presentes, las actas no tenían valor.

Así las cosas, a los pocos días de asumir su primer período de gobierno, en agosto de 2000, Ibarra suspendió las multas fotográficas por dos meses. Cuando el sistema volvió, ya había un policía por móvil y las empresas contaban con responsabilidades distintas de las que habían asumido al comienzo.

Originalmente, Meller controlaba el estacionamiento en el barrio de Belgrano y Siemens-Itrón, la velocidad en las autopistas. Con el rediseño, se extendió el control de la velocidad a varias avenidas y el del estacionamiento a otras zonas. Eso sí: el modo de cobro no cambió.

Con la crisis, nadie pagaba

No hubo cambios en 2001, hasta que a fines de año la crisis amenazó con destruir las fotomultas. Y, con el corralito confiscatorio de depósitos, la gente dejó de pagar.

Según Lautaro Erratchú, director de la Administración de Infracciones, "la morosidad creció tanto que sólo el siete por ciento pagaba las multas". Con la devaluación aumentaron los insumos y la ecuación se volvió intratable para las empresas, que, pese a tener un límite de 100.000 fotomultas por mes, tomaron 712 en junio de 2002 y 910 en septiembre de ese año.

Hubo una nueva renegociación, entonces. Finalmente, en noviembre de 2002 se estableció que las empresas cobrarían por acta tomada y no por multa cobrada. Y así el sistema volvió a funcionar, primero con advertencias y, desde fines de 2003, con la penalización efectiva de los infractores.