Secuestraba gente para financiar el narcotráfico

Primer caso de este tipo en la Justicia
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11 de mayo de 2003  

Hasta ahora a Nicolás Felix Díaz le dijeron de todo. Desde criminal o delincuente hasta extorsionador. Nunca, sin embargo, le habían puesto el rótulo por el que la Justicia ahora lo investiga: narcosecuestrador.

El Boli, de 25 años, como conocen a Díaz en las villas de San Martín, está detenido en la cárcel de Ezeiza acusado de liderar una poderosa banda de secuestradores, pero sólo está procesado por dos casos consumados y otros dos que fueron abortados por la Justicia y la policía que estaba escuchando sus conversaciones telefónicas. Y fue en esas charlas que quedó al descubierto una de las razones por las que actuaba la banda: financiar el narcotráfico.

Según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, los indicios que recogió el fiscal de Campana Osvaldo Bosca indicarían que la banda de Díaz utilizaba parte de los dólares que cobraba de rescate para comprar droga, que luego era fraccionada y vendida por una red de narcotráfico en villas del noroeste bonaerense, como Villa Hidalgo, en San Martín, donde tenía asiento la propia organización. La causa está radicada en el juzgado federal de Campana de Federico Faggionatto.

Su abogado, Gustavo Semorile, sin embargo, dijo que no hay pruebas que vinculen a Díaz con el tráfico de drogas. "La justicia federal dictará su incompetencia en el caso y lo remitirá a la justicia ordinaria. Además, no hay ninguna prueba de cargo contra mi defendido en los otros secuestros que le imputan", dijo.

Cuando fue detenido, Boli tenía 30 gramos de marihuana en su poder. Fue acusado de secuestrar al dueño de un local de apuestas de caballos en Escobar y de planificar el secuestro del empresario textil Abraham Awada, pero en ambos hechos la Cámara Federal de San Martín consideró que no había pruebas para procesarlo.

Fue justamente esa investigación la que evitó que Díaz secuestrara a un joyero y a otro comerciante en el norte del conurbano, según el fallo, confirmado por la Cámara de San Martín, por la que el detenido está procesado. Pero además enfrenta otras dos causas de secuestro en la justicia federal porteña por el cautiverio del hijo de un imprentero que trabaja con la SIDE y otra persona.

Más allá de que siempre se sospechó del nexo, es la primera vez que un fiscal federal intenta probar el vínculo entre el negocio del secuestro extorsivo y el narcotráfico con indicios que lo respalden.

Las cifras

Durante marzo y abril de 2003, según cifras oficiales de la Cámara Federal porteña a las que accedió LA NACION, ingresaron en los juzgados federales de primera instancia de la ciudad nueve causas por secuestro extorsivo. En la provincia de Buenos Aires la cifra es superior. Según la estadística oficial de la Procuración General de la Nación, en todo 2002 los juzgados federales del conurbano bonaerense registraron 125 denuncias de este tipo de delitos. Son datos parciales porque no se conocen los registros de una fiscalía de Morón, de la de San Isidro y de una fiscalía de Mar del Plata.

En el primer trimestre de 2003, los juzgados federales del conurbano recibieron 62 causas por secuestros extorsivos, pero los datos son parciales, pues la Procuración no pudo proporcionar los datos de San Martín y San Isidro, dos de los lugares donde se dio la mayor cantidad de secuestros en lo que va del año.

De todos modos, aun con estas cifras parciales, en el primer trimestre del año se registró un tercio de todos los secuestros que hubo el año último en territorio bonaerense.

Fuentes del Gobierno, en tanto, sostuvieron que los servicios de inteligencia intervinieron en lo que va de 2003 en un centenar de casos.

El caso Macri

La mayoría de los secuestros ocurre en el conurbano y tienen allí su epílogo con el pago del rescate, la liberación de las víctimas o la detención de la banda. La zona preferida son los alrededores de la ruta 8 y el Camino del Buen Ayre. Aunque las bandas se trasladan cada vez más al Norte y al Oeste, como es el caso de Florencia Macri. Los investigadores creen que una organización de criminales comunes fue la que la mantuvo cautiva y cobró los 750.000 dólares que pagó su familia de rescate, cerca del club hípico San Jorge, en Hurlingham.

No son las grandes bandas de hace 20 años. Ahora son organizaciones de criminales comunes pertrechados con la más poderosa arma sin balas: el teléfono celular. Usan aparatos que se adquieren sin necesidad de presentar un documento para darlos de alta.

Las organizaciones eligen las villas del conurbano para refugiarse, donde muchas veces mantienen cautivas a sus víctimas.

Un investigador relató que un cautivo declaró que la primera noche de su secuestro, quien lo vigilaba le ofreció contratar una prostituta del asentamiento para hacerle más llevadero su encierro. Esa misma noche hubo una fiesta en la casilla, donde al ritmo de la cumbia, regada con cerveza y tetrabrik, se meneaban algunos vecinos frente al secuestrado, que seguía con los ojos vendados. Nadie se alarmó.

Es que el dinero que recauda la banda muchas veces se traduce en beneficios para los vecinos de esos asentamientos. Como el caso de el Boli Díaz, a quien algunos habitantes de las villas Cárcova, Corea, Hidalgo o Santa Rita admiran como si fuera un héroe. Aunque ahora esté en prisión.

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