Serán juzgados por fraude dos ex intendentes de San Martín

Los acusan de refinanciar ilegítimamente la deuda de una empresa constructora
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7 de diciembre de 2001  

LA PLATA.- Dos ex intendentes del partido bonaerense de San Martín, 34 concejales y ex ediles de esa comuna serán llevados a juicio oral, acusados de cometer presunto fraude a la administración pública.

Los funcionarios están sospechados de haber autorizado un pago de casi 20 millones de pesos a la empresa Gualtieri, de manera presuntamente irregular, según informó una fuente judicial allegada a la investigación.

La resolución de elevar el caso a juicio fue tomada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín, integrada por los jueces Carlos Julio Hermelo, Ricardo Fernández Bernengo y Lidia Teresa Luengo.

A los procesados –entre ellos los ex intendentes Antonio César Libonatti y Pablo Landolfi, y el vicepresidente de Chacarita Juniors, Armando Capriotti– los acusan de fraude a la administración pública, delito castigado con hasta 6 años de prisión.

Refinanciación dudosa

La Justicia trata de establecer si los dos ex intendentes, 16 concejales y 18 ex concejales perjudicaron al municipio de San Martín, al refinanciar una deuda con una empresa que ejecutó trabajos de pavimentación y bacheo.

De los concejales que votaron la refinanciación de la deuda en 1996 y en 1998, 16 siguen siendo ediles. Y pertenecen al justicialismo, a la Unión Cívica Radical y al Frepaso.

Entre ellos se encuentra Andrés Alonso (Frepaso), presidente del cuerpo, que el martes próximo reasumirá como edil, cuando se produzca el recambio legislativo correspondiente a la última elección.

Alonso no contestó ayer ninguno de los llamados realizados por LA NACION, como tampoco lo hizo su par María Felisa Pacheco (PJ).

Otros 18 procesados ya no cumplen función como concejales, pero sí ejercían el cargo cuando autorizaron el pago presuntamente irregular.

La investigación del supuesto fraude la hizo un grupo de fiscales de San Martín que giró las actuaciones al juez de Garantías, Juan Carlos Sorondo (h.). Este magistrado ordenó el juicio oral, a pedido del Ministerio Público.

El caso llegó a la Cámara de Apelaciones de San Martín cuando las defensas de los acusados plantearon excepciones a la acusación de la fiscalía.

Pero los camaristas confirmaron hoy lo actuado por los investigadores del Ministerio Público y el juez Sorondo.

El tribunal destacó la responsabilidad inherente al Ejecutivo municipal y a los ediles, “quienes tienen a su cargo velar por la custodia de los intereses de la comuna”.

El delito por el que se acusa a los concejales y ex funcionarios prevé hasta seis años de prisión, señalaron fuentes judiciales. Como la pena es excarcelable, de ser condenados en un juicio oral los imputados podrían no ir presos.

No obstante, la causa supone una crisis institucional para el Concejo Deliberante de San Martín.

La causa se inició en agosto del año pasado, cuando la empresa Victorio Américo Gualtieri SA –contratada para la pavimentación y bacheo de calles de San Martín– denunció al actual intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, por desbaratamiento de derechos acordados, abuso y usurpación de autoridad, explicaron las fuentes.

Gualtieri obtuvo numerosas licitaciones durante la gestión del ex gobernador Eduardo Duhalde.

Baches caros

El empresario reclamó ante la Justicia el pago de una deuda superior a 27 millones de pesos, contraída por la Municipalidad de San Martín de manera presuntamente irregular.

El origen de la deuda se remonta a 1993, con la firma de dos contratos de obra por unos 7 millones de pesos, destinados a reparación de calles y pavimento.

Luego, esa deuda se refinanció en 1996 y 1998, con el aval de los dos ex intendentes y de los concejales ahora investigados.

Ocurre que durante la gestión de los justicialistas Antonio Libonatti (1991-1998) y Pablo Landolfi se pactó con Gualtieri un sistema de refinanciación supuestamente ilegal.

En abril del año último, la empresa constructora –que transita dificultades financieras– quiso transferir a un banco 36 pagarés originados en aquella deuda y avalados por la Municipalidad de San Martín.

“Vino a verme gente de Gualtieri que pretendía que se reconociera una deuda de 27,5 millones de pesos”, relató el jefe comunal de la Alianza.

El intendente Ivoskus se negó a avalar la operación y argumentó que el reclamo era improcedente. “Aplicando la ley de saneamiento fiscal (11.756), en lugar de 27 millones se adeudaban 7 millones”, explicó.

“El resto de lo que se pretendía cobrar correspondía a intereses pautados a una tasa de hasta el 63 por ciento anual”, agregó Ivoskus.

Ante la negativa de pago, Gualtieri SA –que no respondió a ninguna de las llamadas de LA NACION– demandó al intendente Ivoskus y pidió el embargo sobre sus bienes personales por una suma cercana a los 20 millones de pesos.

Al ser notificado de la causa, Ivoskus hizo su descargo: afirmó que los refinanciamientos aprobados por los ediles y los ex funcionarios, ahora imputados, fueron ilegítimos.

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