Siguen sin aparecer unas 600 personas

Autoridades sanitarias y políticas dicen que cuando bajen las aguas se sabrá la cifra de muertos, entre los que habría discapacitados
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9 de mayo de 2003  

SANTA FE.- El número de muertos por la catástrofe que provocó el desborde del río Salado sobre los barrios del oeste de esta capital será muy superior a los 24 que oficialmente informó la policía, pero no tendrá la magnitud de la cifra de supuestos desaparecidos -1775- que impulsó una acción judicial.

Así lo aseguraron ayer a LA NACION fuentes confiables de las fuerzas de seguridad que trabajan en los barrios anegados. También lo reconocieron colaboradores del gobierno.

El tema sigue instalado como una verdadera controversia en esta ciudad, que se considera tanto en los ámbitos oficiales como privados, a la luz de las encontradas versiones y relatos sobre la cantidad de cadáveres que supuestamente fueron enviados a las morgues de los hospitales públicos.

La cifra de 1775 desaparecidos, compilados por el grupo de voluntarios de la Asociación Trabajadores del Estado y la Federación Universitaria del Litoral (FUL), derivó en una acción judicial que impulsó la fiscal federal Cintia Gómez, y a la que el juez federal de turno, Reinaldo Rodríguez, hizo lugar ordenando a las fuerzas de seguridad actuantes en la emergencia abocarse a esclarecer el tema.

Cifras dudosas

Sin embargo, luego de una "depuración" ante el conocimiento de personas ya ubicadas, esa cifra descendió a cerca de 600.

Héctor Yossen, a cargo de la morgue del Hospital Provincial Doctor José María Cullen, dijo ayer que sólo queda un cadáver por identificar de los 24 llevados a ese lugar, y aclaró que "nunca hubo la cifra que los medios de prensa se encargaron de divulgar", en clara referencia a las versiones sobre la existencia de un número importante de víctimas mortales que no habían sido aún identificadas.

Pero no se tienen dudas de que finalmente la cifra de víctimas como consecuencia del súbito ascenso de las aguas será superior-quizá muy superior- al dato oficial conocido ayer.

Reutemann pidió prudencia

El gobernador, Carlos Reutemann, aseguró que "ese dato apenas se sabrá cuando el último de los evacuados regrese a su vivienda y compruebe si alguien de su familia no pudo salir. Pero les pido a todos prudencia; es un tema muy difícil, muy delicado", subrayó.

Entre los efectivos de las fuerzas de seguridad encargadas de controlar el orden en las zonas inundadas, conformadas actualmente por más de 20 mil viviendas, también existe el convencimiento de que la cifra final será superior a la actual, si se tiene en cuenta que muchas familias que intentan regresar a sus hogares, aún parcialmente anegados, expresan sus temores sobre la suerte corrida por familiares enfermos o de capacidades diferentes que no fueron ubicados en los centros de evacuados dispuestos por el gobierno y por organizaciones no gubernamentales que ayudan en el lugar.

Entre tanto, el juez federal Rodríguez espera para hoy conocer el primer informe sobre la investigación encomendada a los organismos de seguridad : Ejército, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Provincial. Se descuenta que numerosos testigos ratificarán la falta de conocimiento de sus familiares.

Espera y angustia

En una carrera contra el reloj, personal especializado de la Dirección de Hidráulica de la provincia, con el aporte de un centenar de obreros, trataba anoche de concluir el cierre de la brecha sobre un cordón defensivo en las inmediaciones del hipódromo del Jockey Club (extremo noroeste), que evitará el ingreso del río Salado hacia los barrios bajos del Oeste.

Cuando esa obra concluya se pondrá en funcionamiento el esquema de desagote mediante el empleo de bombas extractoras de alto rendimiento, con lo cual se espera disminuir el área anegada para facilitar el rápido regreso de miles de familias a sus viviendas.

Según responsables del Comité de Crisis, esta tarea podría demandar entre una semana y diez días, después de lo cual habrá un período para verificar el estado de las estructurales de las viviendas, antes de proceder a normalizar los servicios esenciales como electricidad y abastecimiento de agua potable.

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