Solicitan cuatro años de prisión para dos supuestos skinheads

El fiscal Carlos Huarte Petite pidió ayer la pena de cuatro años de prisión para dos presuntos "skinheads" (cabezas rapadas), un tercero está prófugo, acusados de agredir a un joven al que creyeron judío, durante el invierno de 1995 en el barrio porteño de Belgrano.

El representante del Ministerio Público solicitó ese castigo pues consideró a los imputados responsables de los delitos de lesiones graves en riña agravada por odio racial y religioso y de violación del artículo 2° de la ley antidiscriminatoria.

A su turno, el defensor oficial Carlos Garay, que patrocina a los acusados, requirió la absolución de los dos jóvenes al cuestionar las medidas de prueba que condujeron a las detenciones y por las supuestas dificultades de la víctima en reconocer a los agresores.

El Tribunal Federal Oral N°5 (integrado por los camaristas Guillermo Gordo, Luis Di Renzi y Guillermo Madueño), a cargo del juicio, dará a conocer su veredicto hoy, a partir de las 10.

En su alegato, el fiscal Huarte Petite consideró que los acusados, Luciano Griguol y Orlando Romero Da Silva, no pudieron justificar en qué lugar se encontraban cuándo ocurrió la agresión.

A su vez, sostuvo que la víctima, Claudio Salgueiro, pudo reconocerlos sin dubitar durante un operativo policial realizado apenas días después del ataque, sucedido el 1° de julio de 1995 en Belgrano.

El fiscal consideró "verosímil" el relato hecho por Salgueiro cuando describió cómo fue agredido salvajemente por una banda compuesta por unos 20 skinheads, al grito de "judío de m..." y mientras gritaban consignas nazis tales como "Heil Hitler".

Como consecuencia de la golpiza, el joven perdió el conocimiento y debió ser atendido en observación en el hospital Pirovano por cuatro días.

El representante del Ministerio Público también destacó las declaraciones de la psicóloga que atendió a Salgueiro y del rabino Daniel Goldman, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que le brindó asistencia. Ambos habían reconocido que el agredido no culparía a alguien sobre quien no estuviera seguro.

Contradicciones

En cambio, el defensor Garay calificó como "ilegal" el procedimiento en el que fueron reconocidos los acusados, al tiempo que subrayó las contradicciones del imputado en su declaración, por lo que pidió la absolución de sus defendidos.

También sostuvo que, como un tribunal oral ya los había condenado a tres años de prisión en 1998 -juicio que posteriormente fue anulado-, no se los podría condenar por una pena mayor pues, de ese modo, se violaría la defensa en juicio.

Es que la Cámara de Casación Penal anuló la sentencia, medida que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó la realización de un nuevo proceso.

Entre los imputados también se encuentra Andrés Paszkowski, que permanece prófugo, por lo que se libró una orden de captura contra él.