Soluciones racionales

Por León Arslanian Para LA NACION
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29 de febrero de 2004  

Se discute y polemiza en estos días acerca de un individuo que tras purgar parcialmente una condena por el delito de violación -obtuvo su libertad condicional tras el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena, según lo permite el art. 13 del Código Penal- reincidió en tan nefando crimen, además de haber dado muerte a sus desdichadas víctimas.

La extraordinaria (¿y explicable?) difusión mediática de tales hechos unida a la alarma social sobreviniente dieron lugar a distintas respuestas y propuestas por parte de los poderes públicos provincial y nacional en procura de mitigar tanto el temor cuanto la desazón social.

Se pensó, así, que quienes cometían tal tipo de delitos no deberían ser beneficiarios de una libertad anticipada ni, consecuentemente, de las ventajas que la ley que regula la ejecución de la pena podría depararles.

Ello, sin pasar por alto la acre censura de que fueron destinatarios dos de los jueces del tribunal que, con sus votos, permitieron la soltura.

Si prosperasen algunos de los proyectos oficiales en danza, lejos se estaría de arribar a alguna solución apetecible porque, en todo caso, el riesgo de una reincidencia en el delito por parte del libertado prematuramente quedaría tan sólo diferido.

En mi opinión, de lo que se trata es de examinar si en ese caso o, si prefiere, en todos, la cárcel ha sido apta a los fines que le son propios y que todos imaginamos: servir para que quienes estuvieron en ella por años salgan mejor que cuando entraron, y hayan utilizado todo ese tiempo para entender el disvalor de su conducta, incorporar valores ético-sociales que les permitan respetar a sus semejantes y ajustar su vida a las exigencias del orden jurídico y de la paz social.

Si tales objetivos no se alcanzan, la ventaja que pueden deparar algunos años más de cárcel satisfaría tan sólo una finalidad meramente retributiva, mediante la intensificación del mal que el delincuente debe sufrir por el mal que irrogó, sin ninguna otra expectativa. La retribución devendría un valor absoluto y ése sería el fundamento y la justificación de la pena, renunciando a la consecución de fin alguno socialmente útil, para abrir paso a un propósito puramente talional, a la manera de Kant y de Hegel.

Como el lector podrá advertir, parecería que las soluciones a tan delicada problemática no encontrarían satisfacción a través de las medidas que se propician y que, tal vez, ya sea tiempo de que volvamos la mirada hacia las condiciones en que se cumplen las condenas.

La morosidad de la Justicia

El problema más grave que exhibe hoy la justicia penal es su intolerable morosidad.

Las personas sometidas por delitos que impiden su excarcelación, atento la magnitud de la pena conminada, pasan años en la cárcel antes de recibir una sentencia, a tal punto que la mayoría cumple en prisión preventiva buena parte -muchas veces los dos tercios- de la pena que en definitiva se le impone.

Durante ese lapso ningún tratamiento de reinserción o rehabilitación es posible porque, por vía de principio, se trata de personas que son inocentes, presunción que sólo cede frente a una sentencia condenatoria firme, siempre demorada.

Para paliar las indeseables consecuencias de la negligencia estatal en lo que debería constituir una pronta administración de justicia, se acudió al recurso de computar graciosamente el tiempo del encarcelamiento preventivo, esto es, el que transcurre desde la detención hasta el dictado de la sentencia, en forma doble, de suerte tal que, vgr., 4 años en ese estado se convierten en 8 y como 8 son los dos tercios de 12, quien en definitiva termina siendo condenado a una pena de esa magnitud a los 4 años de efectivo encierro habrá recuperado su libertad y, aun antes, comenzará a gozar del beneficio de las salidas transitorias que permiten las leyes de ejecución penal, sin que a su respecto el sistema carcelario haya obrado de ningún otro modo que con su guarda en condiciones, las más de las veces, de hacinamiento.

Por estas simples consideraciones, pienso que ya es tiempo de que busquemos soluciones racionales, comprendamos la profundidad del problema y no cedamos a las tentaciones del pensamiento mágico según el cual la ley todo lo sana.

Encontrar los mecanismos más aptos para que las condenas sucedan en el menor tiempo posible al crimen y hacer cierta la labor de reinserción social a través de una sustancial mejora del sistema penitenciario son vías para restablecer la confianza y la tranquilidad social.

Como se verá, he renunciado a toda originalidad si se aprecia que éstas fueron las ideas de un señor llamado Césare Beccaría, que plasmó hace 240 años en un pequeño libro inmortal que intituló "De los delitos y las penas" (1764).

El autor es abogado penalista y fue ministro de Justicia de la Nación

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