Suspenden la indagatoria de cuatro trabajadores del Garrahan
La jueza Alicia Iermini resolvió postergar la declaración ante el pedido de nulidad planteado por la defensa; es en una causa por presunta coacción
(DyN).– La jueza de instrucción Alicia Iermini suspendió este mediodía la declaración que tenía previsto tomar a cuatro trabajadores del hospital de niños Juan Garrahan, imputados por el presunto delito de "coacción", ante un planteo de los abogados defensores que pidieron la "nulidad" de la convocatoria.
Así lo confirmaron fuentes judiciales, que precisaron que las declaraciones previstas para hoy (Eduardo García y Marcelo Mansilla) y mañana (Gustavo Lerer y Adriana Aguero) fueron suspendidas sin fecha de nueva realización, pues quedaron supeditadas a una decisión que la jueza deberá tomar a más tardar el martes próximo. Lerer, García, Mansilla y Aguero están imputados por supuestas presiones que habrían ejercido sobre inspectores que, en el marco de la conflictiva situación gremial que atraviesa el hospital, fueron a constatar las condiciones de atención a los pacientes.
Lerer dijo que la acusación fue "armada por el Ministerio de Trabajo".
"No hubo coacción, absolutamente. Por eso, nuestros abogados pidieron la nulidad y la jueza suspendió la declaración para analizar la solicitud", explicó Lerer, quien lideró reiteradas huelgas por mejoras salariales en el hospital pediátrico.
Protesta. Los sindicalistas fueron acompañados hoy por cientos de sus compañeros que cortaron la calle Lavalle al 1100, frente a los Tribunales. El fiscal Martín Niklison, quien instruyó la causa, pidió a la jueza la comparencia de los cuatro imputados mediante una figura similar a la antigua "declaración espontánea", pero el juzgado consideró que había razones suficientes para citarlos a indagatoria.
Ese trámite quedó ahora a la espera de que se resuelvan las nulidades planteadas por el abogado Juan Carlos Capurro, para lo que la magistrada dispone de tres días hábiles, que se cumplirán el próximo martes por la mañana.
En el caso de que la jueza Iermini rechace las nulidades, deberá fijar nueva fecha para las indagatorias y, a partir de ese día, dispondrá de diez días -también hábiles- para resolver la situación procesal.
El delito de coacción contempla penas que van de los seis meses hasta los diez años en casos especialmente graves, cuando "tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos".
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