Tibio avance del aborto en el Congreso
Si bien obtuvo un predictamen en una de las comisiones que analiza su legalización, no contaría con apoyos suficientes para imponerse
Aunque con el apoyo de sólo seis de los 31 diputados que la integran, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió ayer un predictamen favorable a un proyecto de ley que propone la legalización del aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.
La decisión significó el primer paso concreto hacia la legalización del aborto. Pero los pormenores de la reunión dejaron al descubierto las dificultades que deberá superar la iniciativa para llegar al recinto antes de fin de año.
Para empezar, el despacho deberá obtener predictámenes de otras dos comisiones de la Cámara baja: las de Familia y de Salud, presididas por Claudia Rucci (Peronismo Federal) y por Antonio Morante (Frente para la Victoria), respectivamente. Ninguno de los dos mostró hasta el momento intenciones de agilizar el tratamiento del proyecto.
Si, como es previsible, el debate quedara para el año próximo, caería el predictamen dictado ayer y el proceso volvería a punto cero. Entonces, se tornaría decisiva la postura que adopte el kirchnerismo, dado que tendrá mayoría en ambas cámaras.
Diana Conti fue la única integrante del bloque del Frente para la Victoria que estampó ayer su firma (en disidencia) en el proyecto que cuenta con el apoyo de cincuenta diputados de todas las bancadas y que fue elaborado por la "Campaña de aborto legal, seguro y gratuito", promovida por diversas organizaciones no gubernamentales. Los restantes once kirchneristas que conforman la comisión ni siquiera dieron quórum para el tratamiento de la iniciativa. La propia Conti afirmó que el tema "no está en la agenda del Poder Ejecutivo Nacional". La presidenta Cristina Kirchner manifestó varias veces su oposición a la legalización del aborto.
Los otros cinco firmantes del dictamen fueron Victoria Donda, Horacio Alcuaz (ambos del Frente Amplio Progresista), Claudia Gil Lozano (Coalición Cívica), Rubén Lanceta (UCR) y Jorge Rivas (Nuevo Encuentro), aunque él no estuvo presente y por lo tanto su firma era anoche objetada.
El debate fue convocado por el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica). El diputado firmó en soledad su propio predictamen, que apunta sólo a asegurar la aplicación de las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal, para los casos de mujeres dementes, violación o peligro para la vida de la madre.
La discusión se extendió por tres horas y estuvo marcada por la presencia de distintos grupos, en su mayoría de mujeres, que, en respaldo o rechazo de la iniciativa, coparon la sala donde se llevó adelante el debate. La misma confrontación se produjo en las puertas del Congreso, donde la policía cortó el tránsito y separó a los manifestantes con vallas.
"Aunque el dictamen no llegue al recinto este año, como gesto, estamos dispuestos a firmarlo", dijo Vilma Ibarra, una aliada del oficialismo. "¿Alguien piensa que con seis firmas de 31 esto va a llegar al recinto?", agregó. La postura de la diputada, que no firmó el dictamen porque no es parte de la comisión, resume la sensación que se llevaron ayer varios de los impulsores de la iniciativa: el predictamen aprobado ayer tiene un valor más gestual que real.
De hecho, en un principio casi se alcanza consenso para determinar que el dictamen sólo podía emitirse en un plenario de las tres comisiones intervinientes. El tema de fondo sólo se discutió luego de que el diputado Vega acusó a los integrantes de la comisión de querer suspender un debate que había costado mucho llevar al Congreso.
Encargada de fundar el proyecto que obtuvo dictamen, Cecilia Merchán (Libres del Sur) planteó que el tema debe ser entendido como una cuestión de salud pública. "La clandestinidad de los abortos trae consecuencias para todas las mujeres, pero en especial para las que son pobres y jóvenes", sostuvo. Detalló, además, con cifras que compartieron todos los diputados, que en la Argentina se practican más de 400.000 abortos por año y que mueren entre 80 y 100 mujeres en esas operaciones.
Una de las que se manifestaron en contra del proyecto fue la diputada Cynthia Hotton (Valores para mi País), que sostuvo que la solución del problema es la creación de un sistema de contención integral de las mujeres embarazadas. "La interrupción del embarazo es matar al niño por nacer", dijo.
EN VOZ ALTA
Cynthia Hotton
Valores para mi pais
"El problema se resuelve con una contención integral de las embarazadas. La interrupción del embarazo es matar al niño por nacer "
Alfredo Olmedo
Salta Somos Todos
"La legalización del aborto es una pena de muerte anticipada a un hijo por nacer. Yo estoy por el sí a la vida"
Juan Tunessi
UCR
"Sin la decisión política del oficialismo, no va a haber ley. Esperemos que no haya cepo en el oficialismo y que pueda haber una ley"
Juan Carlos Vega
Coalición Cívica
"Si modificamos el artículo 86 del Código Penal, hacemos realidad las excepciones que, aunque están previstas, hoy son una ficción"
CLAVES DEL DESPACHO DE COMISION
Se derogan del Código Penal tres artículos
La iniciativa que obtuvo predictamen ayer prevé la derogación de los artículos 86 y 88 del Código Penal, así como el inciso 2 del artículo 85. Se trata de la normativa vigente que castiga a las mujeres que se practican abortos y a los médicos que participan de las intervenciones. Para ellas, se prevén penas de uno a cuatro años de prisión, mientras que no se castiga la tentativa de aborto. Para los profesionales, las sanciones van desde los tres a los quince años, según el caso; se mantiene, según el proyecto con despacho, el castigo para quien practica un aborto sin el consentimiento de la mujer.
Interrupción hasta las 12 semanas de gestación
La normativa actual establece que el aborto será no punible sólo cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre o sea producto de una violación a una mujer con deficiencia mental. El proyecto con despacho permite que cualquier mujer pueda abortar un embarazo, mientras que la gestación no supere las 12 semanas, intervención que deberá poder realizarse en todos los subsectores del sistema de salud. Fuera de ese plazo, estará permitido cuando sea producto de una violación o estuviera en peligro la salud y la vida de la madre, o el feto tuviera malformaciones graves.
Objeción de conciencia para los médicos
La iniciativa que avanza en Diputados obliga al sistema sanitario a practicar abortos por solicitud de la mujer. No obstante, prevé que los médicos y el personal de la salud que manifiesten objeción de conciencia puedan expresar su negativa a las autoridades de los establecimientos en los que trabajen dentro de los 30 días corridos desde la promulgación de la ley; quienes ingresen posteriormente podrán expresarla al comenzar a prestar servicio. Pese a las objeciones particulares, los servicios de salud deberán garantizar la realización de la práctica con otros profesionales.