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Discapacidad

Tiene una discapacidad y, gracias a un ONG, denunció a un familiar que le robaba el sueldo

Alejandro Horvat
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8 de febrero de 2019  • 15:17

Esa tarde a Ricardo Gonzalez le brotó, como en erupción, un sentimiento tan noble como peligroso. Hizo lo de siempre y luego, quiso ir por más. Primero estuvo la bronca. Los golpes a la heladera, las puertas, los armarios. Hasta que decidió salir de la casa. Esa tarde se sintió valiente. Agarró sus cosas y fue a denunciar. Hoy se anima a contar su historia pero prefiere resguardar su imagen por temor a represalias.

"Nunca pensé que le iba a hacer una denuncia a un familiar, pero esa tarde él vino muy prepotente y gritando ¿Sabes qué hice? Fui a la comisaría y lo denuncié. Me trataron muy bien y me aceptaron la denuncia aunque no tenía mi DNI", dice Gonzalez, 47 años, quien tiene una discapacidad intelectual y un problema en la memoria a raíz de un ACV que tuvo en el 2007 y que casi le cuesta el habla.

Gonzalez trabaja en una cadena de comida rápida desde 1998. En 2013, con la muerte de sus padres, quedó a cargo de un familiar, de quien no podemos especificar el vínculo para cuidar la integridad física de Gonzalez. Este pariente, sin autorización, le cambió la clave de la cuenta donde recibía su sueldo y le robó el DNI para que no pudiera retirar el efectivo por ventanilla. Durante cuatro años le quitó el sueldo y hasta quiso vender la casa en donde vive actualmente. A raíz de su discapacidad, él no comprende el valor del dinero. Esta persona se gastaba su plata y, a cambio, le entregaba 100 o 200 pesos por mes para conformarlo.

Antes de ir a la comisaría recurrió a Discar, la ONG que que lo acompaña desde la década del 90, ellos fueron, además, los que lo capacitaron para conseguir trabajo. Les dijo que estaba decidido a denunciarlo, y así lo hizo. "También me sacaba la pensión", cuenta Gonzalez que hoy vive en la Ciudad de Buenos Aires, junto a dos personas que aceptaron hacerse cargo de él, mantener la casa y le manejan el dinero de su sueldo, a cambio de vivir ahí.

Según el Indec, 10,2%, de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad. El caso de Gonzalez es uno entre tantos otros, en los que la persona con discapacidad vive durante años con sus derechos vulnerados, sin posibilidad de acceder a la justicia por no poder tomar conciencia de su situación o por las barreras que se le presentan una vez que realizó la denuncia.

"A Ricardo le diagnosticaron un retraso mental moderado, en su caso, pudo acceder a la lectoescritura y cosas básicas de matemática. Entiende cosas concretas, como cuánto sale una bebida. Pero si lo mandas a hacer compras en el supermercado, no va a saber cuánto debería ser el vuelto", explica Nora Matlob, psicóloga de Discar. "Es como si fuera un chico de 12 años. Él entendía que la situación de su sueldo era injusta, pero si le pedías que compare lo que ganaba por mes, con lo que le entregaba el familiar, no lo podía hacer. Le daba plata para que vaya a tomar café y eso lo tranquilizaba", agregó.

Ricardo Gonzalez tiene una discapacidad intelectual. Él se animó a denunciar a un familiar que le robó el sueldo durante 4 años. Prefiere resguardar su imagen por su seguridad
Ricardo Gonzalez tiene una discapacidad intelectual. Él se animó a denunciar a un familiar que le robó el sueldo durante 4 años. Prefiere resguardar su imagen por su seguridad Crédito: Alejandro Horvat

El día en el que se sintió valiente había ido a retirar la mitad de su sueldo. Algunas horas antes del escándalo, le llegó una carta del banco con la renovación de la tarjeta y, entonces, pudo ir a sacar plata. Su familiar, al ver esta extracción de la cuenta se enfureció y fue a la casa para robarle la nueva tarjeta y el documento que había mandando a hacer por tercera vez.

Es como si fuera un chico de 12 años. Él entendía que la situación de su sueldo era injusta, pero si le pedías que compare lo que ganaba por mes, con lo que le entregaba el familiar, no lo podía hacer

"La discapacidad es un concepto que evoluciona porque es el resultado de la deficiencia física más las barreras que produce la discapacidad, y las barreras son culturales. Cuando se hacen las adecuaciones para las necesidades de cada uno, esas barreras se van rompiendo", explica Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus ). Este programa, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se creó en 2011 y hoy reciben cerca de 70 casos mensuales. Ahí trabajan psicólogos, intérpretes y abogados, algunos de ellos con distintas discapacidades. Juntos conforman un equipo interdisciplinario que permite trabajar transversalmente en la temática.

Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus)
Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus) Crédito: Gentileza: Adajus

Cada discapacidad presenta distintos desafíos al momento de comprender cuál es la construcción que cada uno tiene de la moral o la dificultad que puedan tener para comprender conceptos como el valor del dinero o el de justicia, entre otros. En los casos donde tienen movilidad reducida, también encuentran obstáculos relacionados a cuestiones edilicias en las sedes donde tienen que declarar, aunque, el mayor desafío, está vinculado a la comunicación entre ambas partes.

"Surgen muchas complicaciones cuando las personas con discapacidad quieren acceder a la Justicia, porque los operadores judiciales no saben tratar con ellos. En la carrera de derecho no se enseña nada al respecto. Si esto fuera parte de la currícula, muchas de las cosas que pasan dejarían de pasar", explica Elías Bustos, un abogado penalista no vidente de 31 años.

El caso de Gonzalez es atípico. Por el desconocimiento que hay sobre los programas de ayuda a personas con discapacidad, muchas no se animan a denunciar. En esta ocasión, el equipo interdisciplinario de Adajus intervino en todas las etapas del proceso porque la gente de Discar se contactó con ellos. "Nos permitieron acceder al juzgado para hacer los ajustes que sean necesarios y, de este modo, tomarle entrevistas a Ricardo que él pueda comprender. Muchas veces había que bajar el lenguaje jurídico a lenguaje sencillo y tuvimos que explicarle ciertos conceptos. Para esto necesitamos de todo un equipo preparado para trabajar con estos casos", dijo María Sol Ricart, psicóloga de Adajus. "Cuando este familiar quiso levantar un medida cautelar para vender la casa, ahí nos contactaron y nos llegó el caso a nosotros. Se hizo una audiencia, se lo escuchó a Ricardo, algo que es muy rescatable y que no siempre sucede", explica Yael Hergenreder, abogada de Adajus.

Surgen muchas complicaciones cuando las personas con discapacidad quieren acceder a la justicia, porque los operadores judiciales no saben tratar con ellos
Elías Bustos

"El estaba inhibido en su accionar. No podía hacer valer sus derechos. Nosotros trabajamos por la inclusión, que es laboral y social. Siempre les hablamos a las personas de sus derechos pero de ahí a que los puedan hacer valer, es otra cosa", cuenta Matlob.

Gonzalez se siente seguro: "Si llegan a vender la casa yo quiero mi parte ¿Esos son mis derechos, no?". Desde aquella tarde en la que el sufrimiento lo llevó a conocer un sentimiento inesperado, que él, ya no es el mismo: "Me siento orgulloso del camino que recorrí".

Hoy, en el local donde trabaja, es el empleado con mayor antigüedad y quiere inspirar a otras personas que estén atravesando una situación similar. "Hay que denunciar. Existen las personas que te pueden ayudar". En cuanto a su familiar, no guarda rencores: "Es uno de los pocos parientes que me quedan. A mí me gustaría hablar con él y poder tener una relación".

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