Retiro / Inseguridad y violencia. Tiros al aire en otro hecho entre un prefecto y vecinos de la villa 31

A menos de 24 horas de los graves incidentes de anteayer entre efectivos de la Prefectura Naval y vecinos de la villa 31, en Retiro, se produjo otro enfrentamiento en el mismo lugar donde la noche del miércoles un prefecto mató a Mabel Guerra, de 17 años, e hirió a Marisol Lobos, de 21 y embarazada, al defenderse de un intento de robo, tal como declaró ante la Justicia.

Según informaron a LA NACION fuentes de la investigación, un agente de la Prefectura vestido de civil, que conducía una moto, se quedó sin combustible en las cercanías de la avenida Castillo y la calle 12, por lo que se vio obligado a avanzar de a pie. Aprovechando esa situación, un grupo de personas lo abordó para asaltarlo, a lo que el prefecto respondió con disparos al aire.

La tensión, sin embargo, no terminó ahí, ya que los delincuentes, que corrieron a refugiarse en la villa, apuntaron con sus armas al prefecto durante algunos segundos antes de desaparecer entre los pasillos de la barriada.

El hecho se produjo mientras, a pocos metros del lugar, allegados a Guerra velaban sus restos, en la casa de la familia de la joven. Su muerte, ocurrida luego de intentar asaltar al prefecto Luis Luques, provocó los graves incidentes de anteayer, en las inmediaciones de la villa.

Los familiares y amigos de Lobos y de Guerra se reunieron ayer en ese lugar para reclamar que se haga justicia ante lo que consideran un caso de "gatillo fácil".

Una bandera atada a las vallas ubicadas en una de las entradas al puerto resumía ayer el dolor de los vecinos: "Mabel, siempre estarás en el corazón de los pibes de la villa 31. Prohibido olvidar", decía.

Roxana Guerra, madre de Mabel, dijo con la voz entrecortada: "Si mi hija tenía armas se hubiese defendido. Hubiese sido él el herido. Quien la mató tenía conocimiento de armas, si no, ¿para qué es suboficial? Mi hija no tenía armas. El pudo haber diferenciado un arma de un palo".

Claudia Ferrero, abogada de la familia Guerra y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), dijo que la joven fallecida "no tenía antecedentes penales", a pesar de que fuentes policiales confirmaron a LA NACION que ambas jóvenes contaban con ellos "por tenencia de drogas" y que sobre una de ellas "pesa una causa por portación de armas de guerra".

Sin poder dar detalles del expediente porque todavía no se había convertido en querellante, la abogada afirmó: "Vamos a pedir un peritaje de las supuestas armas que encontraron. Específicamente, queremos saber si podrían ser elementos que ya estaban tirados allí y si parecen armas".

El suboficial, defendido por el abogado Marcelo Rocchetti, que en otras causas representó a familiares de policías caídos en actos de servicio, quedó detenido horas después del hecho y continúa a disposición del Juzgado de Instrucción N° 14, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini.

Fuentes de la Prefectura informaron que se le inició un sumario interno y que fue separado de la fuerza como medida de prevención.

Indagatoria al prefecto

En tanto, ayer el prefecto Luques fue indagado por el hecho. Según fuentes con acceso al expediente, el suboficial declaró que circulaba por Castillo y que, al detener su marcha por el semáforo, vio que dos mujeres caminaban detrás de su auto. Las fuentes precisaron: "El prefecto vio que una de las jóvenes abrió su campera y extrajo una escopeta recortada. Inmediatamente, intentó darse a la fuga pero no pudo, ya que vio que la otra joven estaba parada delante del rodado y lo apuntaba con un pistolón, a la vez que le decía «Te mato gato, te mato»".

Segundos después de lo ocurrido, el prefecto "tomó su arma reglamentaria, se cubrió y, sin apuntar, abrió fuego. Después, bajó desarmado del auto para auxiliar a las chicas, pero no pudo, ya que del interior del asentamiento salió un grupo de personas que aparentaban querer atacarlo. Tras ello, entregó su arma y se puso a disposición de la Justicia", según informaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa.

La madre de Mabel Guerra no cree en los dichos del suboficial: "Quiero justicia. No puedo decir si mi hija estaba drogada o no, pero estoy segura de que no portaba armas. Acá es la Prefectura la que le pone armas y drogas a los chicos del barrio cuando van a pasear", aseguró Guerra.

Para la semana próxima, organizaciones sociales y políticas planifican una manifestación para pedir justicia y repudiar los casos que tildan de "gatillo fácil".