Trapitos y limpiavidrios: la negociación final para intentar prohibirlos en la ciudad

Las horas previas al último debate del año en la Legislatura porteña transcurrieron con intensas negociaciones en los pasillos y despachos del palacio de la calle Perú. El oficialismo porteño, en búsqueda de un viejo anhelo muchas veces postergado, contó voto a voto para llegar a las adhesiones necesarias y lograr lo que tanto buscó: prohibir la actividad de los trapitos y los limpiavidrios con penas más duras para aquellas personas que transgredan la ley, y mediante una actualización del Código Contravencional porteño.

La sesión será hoy y la agenda se presenta cargada con la reformulación de artículos y la incorporación de otras faltas que hasta ahora no eran tenidas en cuenta, como el hostigamiento digital o las pegatinas en la vía pública de oferta sexual y publicitaria. Lo que a principios de esta semana aparecía como un triunfo seguro del bloque oficialista Vamos Juntos, y en rigor, del Gobierno, tuvo horas de incertidumbre que quizás se trasladen hasta el momento mismo de la votación.

La reforma establece nuevos agravantes para los casos de acoso sexual callejero cuando la víctima sea una mujer o un menor. Esas denuncias podrán realizarse en forma anónima para evitar amenazas o proteger casos que no salen a la luz por miedo. También plantea un nuevo escenario de penas para la suplantación digital de la identidad y la difusión de imágenes o grabaciones íntimas. Todo enmarcado en el espíritu de crear mejores regulaciones contra la violencia de género.

Pero los 34 integrantes del bloque oficialista no serán suficientes para garantizar la sanción de este proyecto que fue un viejo anhelo de Mauricio Macri cuando era Jefe de Gobierno porteño. El actual presidente vetó una ley aprobada en 2011 que regulaba la actividad de los trapitos y, desde ese momento, se consumieron sesiones y horas de debate. Hasta llegar a la actual negociación que contó con actores claves: la Coalición Cívica (que forma parte del frente Vamos Juntos) y el Partido Socialista.

Para aprobar esta ley se necesita mayoría simple, o sea 31 votos. La Coalición Cívica, que aporta cuatro integrantes a los 34 del bloque Vamos Juntos, decidió apoyar en general la reforma del Código Contravencional, pero no la discusión particular de los artículos 84 y 84bis, los que se refieren a la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, por lo que se caería la prohibición de trapitos y limpiavidrios.

Maximiliano Ferraro, Hernán Reyes, María Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani decidieron mostrar su postura política y no apoyar la propuesta. Pero el socialismo, con Roy Cortina y Hernán Arce, sí aportarán sus votos para que el oficialismo llegue a 32 y supere la mayoría simple necesaria.

La modificación del artículo 84 del Código Contravencional, que regula el uso del espacio público, es la puerta que abre la prohibición de los cuidacoches y limpiavidrios. Con la actual reglamentación, la denuncia a los cuidacoches debe estar acompañada por el aval de testigos que pudieran certificar la exigencia de dinero. Los cambios plantean una prohibición total de la actividad, lo que le habilitaría a la fuerza policial a actuar sin denuncia. Además se aumentarían las penas. Hoy la multa para "quien ocupa la vía pública en ejercicio de una actividad lucrativa" es de $400 a $2000; tras la reforma, la sanción sería de uno a cinco días de utilidad pública o multa de entre 150 a 1500 Unidades Fijas (UF); cada UF tiene un valor de $17,85, por lo tanto, irían de $2677 a $26.775. "Cuando exista organización previa la sanción para los partícipes es de cinco a 15 días de arresto y se eleva al cuádruple para los jefes o los coordinadores", destaca el proyecto.

Este último concepto fue clave para sumar el apoyo del socialismo, según pudo saber LA NACION, ya que toma la base de un proyecto de Roy Cortina que proponía sancionar con mayor vehemencia a las mafias organizadas o los integrantes de las barras de los clubes porteños que realicen esta actividad. "El texto que apoyamos limita el arresto a los casos de organización y lo incrementa para los jefes o cabecillas. Además alcanza a quienes llevan adelante esta conducta en los alrededores de los parques los fines de semana y en oportunidad de eventos masivos", explicó Cortina que, como su compañero de bloque, no apoyará la reforma del Código en general.

Ejes de debate

Los ruidos molestos, la autonomía de la mujer, protección del espacio público y la incorporación de las nuevas tecnologías son los tres principales ejes del nuevo Código Contravencional. Los puntos que mayor discusión despertaron en las comisiones, y en los despachos de los legisladores, fueron el referido a los ruidos molestos en la vía pública, la coacción directa de las fuerzas públicas y la denuncia anónima.

En el primero, el colectivo de artistas callejeros pidió considerar su actividad y lograron que el proyecto exceptúe las actividades culturales. La coacción directa habilita a la policía a arrestar a una persona si, 72 horas después de haber recibido una advertencia por una contravención, continúa con la actividad. Por ejemplo, si un cuidacoches sigue ofreciendo estacionamiento en la vía pública tres días después de ser multado. Este artículo también será votado en disidencia por los bloques.

La denuncia anónima recibió reparos porque a algún sector político no le pareció lógico no contar con los datos del denunciante, pero en este caso se habilitó la figura del anonimato para facilitar las denuncias por acoso callejero y hostigamiento digital, que endurecen las penas y se incorporan a Código, respectivamente.

El bloque de Unidad Ciudadana, integrado por ocho legisladores, firmaron un dictamen de minoría en el que piden que se archive el proyecto. Entre los fundamentos se argumenta un "aumento de los casos de violencia institucional protagonizados por efectivos de la Policía de la Ciudad"; por otro lado, advierten que según el Ministerio Público de la Defensa de la ciudad, en 2017, "en el 79% de los casos en los que intervino la policía en contravenciones, las detenciones estuvieron concentradas en personas que realizaban actividades de subsistencia en el espacio público, como cuidacoches y vendedores ambulantes". Es difícil imaginar que la propuesta de este bloque sea aprobada.

Hoy, además, se discutirá la reforma de la figura del acoso callejero, incorporada al Código Contravencional en 2016. La reforma planteada por el oficialismo endurecerá las sanciones, que hoy son de entre $200 y $1000, con entre uno y cinco días de arresto o multa económica de 80 a 400 UF ($1428 a $7140) por acosar sexualmente en lugares públicos o privados; por hostigar o intimidar de modo amenazante; o por ejercer violencia o maltrato físico o psicológico.

A tono con las nuevas tecnologías y con los delitos que se cometen a través de sus plataformas, la modificación del código incorporará las figuras contravencionales de difusión de imágenes o grabaciones íntimas, hostigamiento digital y suplantación digital de la identidad. Las penas irán de 400 a 1950 unidades fijas ($7140 a $34.807) o cinco a 15 días de trabajo de utilidad pública o tres a diez días de arresto.

Los casos del hostigamiento en cualquier medio digital, siempre que no sea considerado un delito, se penarán con entre 160 y 800 UF ($2856 a $14.280), de tres a diez días de trabajo de utilidad pública o de uno a diez días de arresto. La multa económica llega hasta las 400 UF ($7140) para los culpables de utilizar la imagen o los datos de una persona o crear una identidad falsa.

En línea con todo el espíritu de la reforma y para profundizar las políticas contra la violencia de género, la prohibición de pegar carteles o afiches en la vía pública pretender atacar la oferta sexual que suele aparecer en contenedores, postes o cualquier elemento público y privado. Las sanciones van de uno a quince días de trabajo de utilidad pública o multa de un 1000 a 5000 UF ($17.850 a $89.250) o arresto de uno a cinco días. También aplica para todo tipo de publicidad ilegal y en lugares no habilitados.