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Tras la marcha universitaria: el plan de los gremios y rectores para conversar con el Gobierno
Se enfocan en que el Congreso rechace el veto presidencial a la ley de financiamiento; volverán a reunirse con el Ejecutivo el lunes próximo cuando se retome la mesa paritaria
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LA NACIONLucila Marin
Tras una nueva y masiva marcha federal, que se realizó ayer, y el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, los organizadores de la movilización ahora se enfocan en el Congreso para que los legisladores lo rechacen. A su vez, los gremios piden al Gobierno definir un plan concreto para recomponer sus salarios. Volverán a reunirse recién el lunes próximo por la tarde cuando retomen las negociaciones paritarias.
“Era muy difícil igualar la marcha del 23 de abril y creo que se logró. Además del impacto en Buenos Aires, hubo otros en ciudades relevantes para el Gobierno como Córdoba y Mendoza. Creo que el Ejecutivo debe tomar nota y no debe abusar de este desprecio. Hubo demasiada gente que no se reunía hacía años, Esto se puede convertir en la 125 [resolución que la administración de Cristina Kirchner busco impulsar para elevar la imposición fiscal a las exportaciones agropecuarias en plena pelea con el sector], pero con educación pública”, consideró Victor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Y opinó que el Ejecutivo cuenta con una posibilidad de resolución del conflicto si presenta un plan.
Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), apuntó: “Nosotros hoy estamos 70 puntos abajo de la inflación y queremos que haya una propuesta en la cual el Gobierno nos diga cómo vamos a recuperar lo perdido. En diciembre hubo un 25% de inflación y en enero un 20,6% y el aumento fue cero. En dos meses perdimos más del 40% y nunca pudimos recuperar eso y la caída se fue profundizado en los últimos meses. No estamos pidiendo ganar más, sino no perder y no pretendemos recuperarlo de un día para el otro, lo pueden abonar en cuotas”.
“El pedido concreto es la recomposición de la pérdida de estos meses y la suba de la garantía salarial que afecta a los docentes que están por debajo de la línea de pobreza. El salario bruto de un adjunto con dedicación semiexclusiva es de $440.784 y el de un jefe de trabajos prácticos de $378.550, que son el promedio del sistema, representan un 60%”, ejemplificó Marcelo Creta, secretario universitario de UTE-Ctera.
Los salarios de docentes y no docentes implican cerca del 90% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 10%. Desde que comenzó la gestión de Milei, los gremios consideraron insuficientes todas las propuestas que otorgó el Gobierno: un 2% en septiembre, un 3% en agosto, un 7% en julio, un 4% en junio, un 9% en mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces.
El último intento fue el viernes pasado cuando, a pocos días de la marcha, convocaron sorpresivamente a los gremios universitarios para ofrecerles una recomposición salarial del 5,8% para equipararlos al resto de los empleados estatales, más el 1% de aumento previsto para octubre. Convocaron además a una “comisión técnica”, que habían acordado en la reunión de agosto, para analizar los números salariales docentes para la cual los gremios deben designar a un representante. El próximo encuentro será el lunes por la tarde cuando retomen las negociaciones paritarias.
“El lunes vamos a ir todos los gremios, bajo ninguna aspecto vamos a romper el diálogo, pero realmente el Gobierno ha demostrado una ceguera, una sordera, un capricho de no escuchar. Insisten con que hay desmanejo en los fondos. Si lo hubiera, sería en los gastos de funcionamiento, en los que ya otorgaron el aumento. En los salarios es imposible, se audita todos los meses y lo pagan ellos en base al listado del personal”, dijo a LA NACIÓN Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).
Y remarcó:” Acá no hay un problema ni presupuestario ni de déficit cero. La ley de financiamiento universitario representa el 0,14% de PBI. Es una cuestión ideológica”. La iniciativa, impulsada por la UCR, pero que contó también con el voto de otros bloques opositores, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios y contempla también una recomposición retroactiva por el índice de inflación para el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado hasta que se sancione la ley.
“La marcha fue una clara demostración de lo que opina el pueblo argentino con respecto a la universidad pública. Apostamos a que los diputados y los senadores den la respuesta que la historia está reclamando en este momento”, agregó Anró.
Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien estuvo a cargo de leer el documento firmado por todas las organizaciones en la protesta de ayer, consideró que la marcha es “un mensaje hacia adelante” para el Gobierno. “En particular con los estudiantes no hubo dialogo durante todo el año, a pesar de que hemos pedido reuniones. La movilización de ayer la realizamos sabiendo que el veto era inminente, no por eso se evitó darle un mensaje al Gobierno. Es también un mensaje hacia adelante porque le marca la cancha y muestra que es mucho más razonable sentarse a dialogar y ser un actor que realmente escucha al sistema universitario, y no que cada vez que tengamos que reclamar debamos volver a pasar por movilizaciones, y el proceso en el Congreso. Son desgastantes para nosotros también estos procesos, queremos estar en las aulas”, dijo a LA NACIÓN.
Y agregó: “Hoy todas las energías están puestas en poder dialogar para que los diputados puedan respaldar la ley”. Mientras el Gobierno busca los votos para blindar el veto, los gremios y los rectores también están convocando a los diputados de sus provincias para que lo rechacen y, a la vez, tendrán reuniones con los bloques en el Congreso.
“Si no se da lugar al veto y efectivamente se puede ratificar la ley es una tranquilidad de lo que nos resta para este año por la recomposición salarial y además, una mejor posición para negociar el año que viene cuando no hay que partir de un atraso. Aunque al Congreso le resta otra batalla que es el presupuesto 2025 en donde se asignó la mitad de lo que pidieron los rectores para poder funcionar”, apuntó Fernández de Piccoli.
“Creo que la marcha expresó el apoyo del pueblo a la universidad pública que es el principal mecanismo de ascenso social. Nuestro pedido a los diputados es que respeten el mandato popular”, consideró Ricci, que advirtió que si se mantiene el presupuesto del 2025 seguirán con los salarios “congelados”.
