Tras ser desalojada, una familia vive en un colectivo en Quilmes

LA PLATA.- "Acá estamos; es incómodo, húmedo y sin calefacción", dijo Karina Rodríguez y extendió el brazo hacia el interior del herrumbroso colectivo donde desde hace dos semanas vive junto con sus cuatro hijos, en la villa La Matera, de Quilmes.

Rodríguez y sus hijos, que sufren desnutrición, son una de las dos familias a las que la Corte Suprema de Justicia ordenó, hace un mes, proveer alimentación y atención médica.

Pero según la mujer, de 34 años, fue la denuncia pública de su situación la que derivó en el desalojo de la casilla en la que vivía. "Después de que mi caso salió en el diario, el vecino que me prestaba el lugar vino a decirme que tenía que irme." Ese vecino -al que prefirió no identificar-, según Rodríguez "trabaja políticamente" para Francisco Vargas, uno de los referentes de esta villa de emergencia donde viven 10.000 personas distribuidas en 89 manzanas.

"Vargas me dijo que si yo no trabajaba para él no iba a tener más un terreno", dijo la mujer.

Para el titular de la Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones No Gubernamentales de Quilmes, Osvaldo Tondino, "más allá de la política, acá hay una gran insensibilidad porque esto no es un invento y verlo da vergüenza e indignación".

Ayer, Vargas -que respondería al intendente local, Sergio Villordo- no pudo ser localizado por LA NACION, pero desde el municipio fueron tajantes al opinar sobre la acusación: "Es mentira", afirmaron.

"Por suerte me facilitaron este micro porque si no quedaba en la calle", se conforma Karina, aunque reconoce el riesgo que implica, con la llegada del invierno, las condiciones a las que están expuestos sus hijos, vulnerables a las enfermedades, especialmente respiratorias.

Sola con sus hijos

La mujer, que vive sola con sus hijos desde hace cuatro años, subsiste con un plan Jefes y Jefas de Hogar por el que percibe 150 pesos y, además, recibe cobertura del Plan Más Vida bonaerense.

Sus tres hijos mayores, de 10, 9 y 6 años almuerzan en la escuela N° 77. Hasta el fallo de la Corte, la familia sólo comía carne una vez al mes.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense se prometió una solución que aún no llega. El director de la Región III de esa cartera, José Navas, ofreció a Rodríguez una casilla prefabricada pero, como la mujer no tiene un terreno propio, aún no pudo concretarse la entrega porque, pese a que se consiguió un lote, se le exige que tramite una cesión de derechos en un juzgado de paz.

En tanto, voceros de la intendencia aseguraron que "las familias están bajo permanente control" y negaron que haya un trasfondo político en el desalojo.

Ambas jurisdicciones avanzan en la realización de un operativo para detectar nuevos casos de desnutrición aún no denunciados que, según los vecinos, existen en La Matera.

Sobre la asistencia alimentaria, el abogado de la familia, Gonzalo Permuy, denunció que se cumplió parcialmente.

"Sólo cumplieron correctamente las primeras dos semanas en la entrega de una caja de alimentos, pero luego empezaron los problemas", explicó Permuy, que ya presentó dos escritos para que se regularice el cumplimiento de la orden judicial.

Ayuda a medias

"No se está brindando una dieta equilibrada tal como lo dispuso la Corte y en cuanto al aspecto sanitario hubo sólo un control en un dispensario municipal que no es suficiente y, además, la situación actual de la familia, teniendo que vivir en el colectivo, no ayuda para nada", dijo.

Por otra parte, el abogado especuló que la Corte podría fallar en otros dos casos similares -que incluyen a doce chicos con signos de bajo peso- presentados ante la Justicia hace un año. En tanto, otros cuatro casos se reparten en los juzgados civiles federales N° 2 y 4 de esta ciudad.

"El caso más avanzado es el de la familia Leiva de Rotella que alcanza a dos nenas, ya llegó a la Corte", indicó.

Hace un año, el presidente del Centro Vecinal Analía, Sergio Olivera, denunció la existencia de casos de desnutrición grave tanto en niños como en adultos que surgieron de un relevamiento sobre 208 chicos de 33 familias que, en su mayoría, presentaban distintos niveles de desnutrición y que originó la causa judicial. El estudio fue coordinado por el concejal del PJ Miguel Maiztegui, un pediatra del hospital Sor María Ludovica de La Plata, que trabajó junto con un grupo de profesionales de dicho centro médico.

Los que deben controlar

• LA PLATA.- Los juzgados federales en lo Civil N° 2 y N° 4 de esta ciudad, a cargo de los magistrados Adolfo Ziulu y Julio César Miralles, respectivamente, son los responsables de controlar el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Justicia. Así lo explicaron a LA NACION fuentes judiciales que indicaron que en su fallo el máximo tribunal dictó la medida cautelar de atención a las familias de La Matera, en el partido bonaerense de Quilmes y giró el expediente a los tribunales de primera instancia para que se siga allí su tramitación.