Un caso que incomoda al Gobierno

Fernando Rodríguez LA NACION
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22 de diciembre de 2009  

Las detenciones de los hermanos Schillaci y Lanatta son el hito más importante en la causa por el triple crimen de General Rodríguez: es la primera vez, en un año y cuatro meses, que la Justicia les pone nombre y apellido a los presuntos autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Estas detenciones, además, vuelven a darle temperatura a un caso que, por sus múltiples derivaciones e implicancias, incomoda y hasta compromete al gobierno nacional. Ocurre que el nombre de Forza no sólo se traduce como tráfico de efedrina a México. Significa, también, aportes millonarios e irregulares a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, y comercialización de remedios adulterados, vencidos y hasta robados, o sea, la mafia de los medicamentos que, tras voltear a la histórica conducción de la Obra Social Bancaria, puso bajo sospecha la operatoria del sistema de salud de los más poderosos sindicatos.

Cualquier avance en la causa del triple crimen significa reabrir las heridas dejadas por las ramificaciones de la revelación de los aportes compulsivos del sector farmacéutico a la campaña y del caso de la mafia de los medicamentos. Pero ahora la noticia roza directamente al jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández. Casi desde el momento en que los tres cadáveres fueron descubiertos comenzó a circular el nombre de Martín Lanatta y su presunta vinculación con él.

Se rumoreaba, entonces, que Lanatta actuaba dentro del Registro Nacional de Armas (Renar) facilitando o gestionando trámites por fuera de los canales ordinarios. Y que podía hacerlo porque contaba con amparo político para hacerlo. Se dijo que él le había conseguido a Forza el permiso de portación para alguna de las varias armas de fuego que tenía registradas. También, que era militante del PJ de Quilmes y que habría estado vinculado a la venta de medicamentos y, quizás, al tráfico de efedrina a México.

Tanto el director del Renar, Andrés Meiszner, como el propio Fernández negaron públicamente, desde aquel primer momento, que Lanatta fuera empleado o funcionario del Renar o que hubiera actuado como gestor o algo parecido. Incluso negaron conocerlo, a pesar de ser ambos de Quilmes, como Lanatta.

* * *

Que Forza, Ferrón y Bina hayan sido asesinados en Quilmes, cuando hasta ahora siempre se había dicho que habían sido ejecutados en General Rodríguez, es una hipótesis que todavía necesita de un mayor cúmulo de pruebas para ser considerada definitivamente cierta.

En especial, porque durante la investigación se dio por probado que el trío había sido visto en el patio de comidas de un shopping de Avellaneda a las 14.20; que el telepeaje registró el paso de la camioneta de Ferrón hacia el Acceso Oeste, y que los celulares de las víctimas, tras haber sido activados varias veces en el trayecto, se "apagaron" a las 15.46 del mismo día, al salir del alcance de una antena de General Rodríguez.

Si aquel cómputo temporal es verosímil y compatible con el tiempo que demanda un viaje entre Avellaneda y General Rodríguez -los investigadores nunca lo desmintieron-, ¿cómo fue posible que, en el mismo tiempo, los asesinos condujeran a sus víctimas más al Sur, hacia Quilmes, las ejecutaran, las cargaran en un vehículo, simularan hacer llamadas con los teléfonos de los muertos y, finalmente, arrojaran los cuerpos en el lugar donde fueron hallados una semana después de su desaparición?

Si fue así, sólo asesinos sabedores de que cuentan con gran impunidad hubiesen sido capaces de llevar a las víctimas, matarlas en Quilmes, salir de una casa con tres cadáveres a plena luz del día, cruzar medio conurbano "plantando" llamadas telefónicas, arrojar los tres cuerpos a la vera de una ruta y abandonar dos vehículos en otros tantos barrios de la Capital sin que nadie lo advirtiera.

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