Un juez ordenó a Ibarra cerrar el casino flotante

Lo denunció penalmente por abuso de autoridad
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23 de marzo de 2005  

La justicia porteña emplazó al jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, a que dentro de las 48 horas clausure el casino flotante. Además lo denunció penalmente por abuso de autoridad y violación de sus deberes de funcionario, al sostener que mediante el convenio firmado con el gobierno nacional le reconoció derechos sobre la explotación de los juegos de azar, cuando esa facultad, a su juicio, le está reconocida a la Ciudad por la Constitución porteña.

El juez en lo contencioso administrativo de la Capital Roberto Gallardo también decidió declarar inconstitucional ese convenio y anular la ley que votó la Legislatura porteña convalidándolo.

El gobierno de la ciudad tiene ahora cinco días para recurrir el fallo, que, con la sola apelación, queda suspendido en sus efectos. La empresa catalana Cirsa, dueña del casino flotante, adelantó que se presentará ante la justicia federal para impedir que la resolución se concrete, porque no le reconoce al juez porteño competencia ni jurisdicción para decidir sobre el tema porque el barco está en el puerto que es considerado territorio federal.

Gallardo emplazó además a que en 48 horas la Ciudad regularice la situación del hipódromo de Palermo, que dijo que fue concesionado para que corran caballos de carrera y no para el funcionamiento de las tragamonedas.

Con la intención de que la Legislatura analice la conducta de Ibarra, envió a aquélla una copia del fallo, pero esa medida difícilmente prospere dado que muchos de esos diputados son los mismos que refrendaron por medio de una ley el convenio declarado ahora inconstitucional.

El juez Gallardo refutó los argumentos del casino en su resolución al sostener que tanto el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, como la Constitución porteña reconocieron al distrito su competencia para decidir sobre los juegos de azar.

También lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo citado por el juez, que lleva la firma de seis de los nueve magistrados del alto tribunal. También explica que tiene facultades para decidir sobre la embarcación porque, a pesar de que está en el río, considera que es parte del territorio porteño y que las instalaciones allí establecidas deben responder ante la Ciudad por su actividad comercial, además de hacerlo ante la autoridad portuaria.

El juez criticó duramente el convenio suscripto en 2003 entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego por considerarlo contradictorio en sus artículos. Pone como ejemplo un inciso que dice que sólo podrán habilitarse nuevos juegos previa conformidad de ambas partes, mientras que el siguiente establece que la Lotería no autorizará ni admitirá la instalación de nuevas salas de bingo, casinos o tragamonedas.

Con ironía el juez cita el discurso que pronunció Aníbal Ibarra cuando en la Convención Constituyente de 1996 afirmaba que no pretendía ampliar la cantidad de juegos y sostenía que en el manejo y administración de aquéllos "había intereses perjudiciales a los intereses colectivos".

"Escandalosa e irregular"

Mediante el convenio ahora cuestionado, la Ciudad y Lotería Nacional se reparten la mitad de las ganancias del juego, con el argumento de que el gobierno de la ciudad prefería percibir dinero ahora antes que no recibir nada, mientras se discutiera en la Justicia sus pretensiones.

"El convenio no solo ha «blanqueado» la escandalosa e irregular instalación del casino flotante, sino que también ha operado «legalizando» la maniobra de inversión de su rentabilidad por la que los operadores privados no sólo son aceptados sino que, además, ganan en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires lo que no ganan en un ningún país del orbe", afirmó el juez.

En los anexos del convenio, siendo que el propio acuerdo lo prohíbe expresamente, se autoriza al casino a abrir una nueva sala. También se aprueba su funcionamiento, no obstante que la ley de juegos indica que debe cerrarse, y, además, modifica los porcentajes de distribución de utilidades, dándole al casino una ganancia "cuatro veces mayor a la habitual para este tipo de concesiones y reduciendo la participación estatal a niveles inéditos".

Por otra parte, el juez señala que la instalación de las máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo excede el marco de la concesión.

Gallardo señaló que Ibarra sabía bien lo que se estaba firmando: un documento que presenta "un conjunto de irregularidades" que implica una "flagrante violación al orden legal local".

Con respecto al casino flotante, el juez sostiene que cabe pensar que Ibarra lo legaliza porque de este modo podría cobrarle impuestos y percibir parte de las ganancias del juego. Pero en Rentas de la Ciudad le informaron que el casino flotante no había pagado un centavo en concepto de ingresos brutos y que los inspectores nunca pudieron verificar su condición fiscal.

¿Corrupción?

Teniendo en cuenta estos antecedentes el juez dijo que propiciará una investigación penal y política sobre Ibarra. "Mínimamente por desprolijo, ilegal, inconstitucional, incoherente y ruinoso para la Ciudad -y en una hipótesis no descartable por poder configurar un hecho de corrupción de dimensiones inusitadas- el convenio en tratamiento merece que la Legislatura investigue responsabilidades políticas en su génesis y sancione a quienes lo han gestado, concebido y concluido."

Cirsa, la empresa que explota el casino, aseguró ayer que éste no fue clausurado y que no fue notificada de ninguna resolución judicial, y opinó que la resolución del magistrado fue dictada "con manifiesta incompetencia de la jurisdicción federal".

Mediante un comunicado, el casino sostuvo que la clausura ordenada por el juez no puede ser cumplimentada por la Ciudad. Aníbal Ibarra indicó, por su parte, que una medida cautelar de la justicia federal le impide clausurar el casino y que otro fallo similar le imposibilita cobrarle impuestos.

Sin noticias

Ayer por la tarde las instalaciones del casino flotante funcionaban normalmente, con la mitad del estacionamiento ocupado -unos 500 autos en total-. Varios empleados del lugar consultados por LA NACION ignoraban la resolución por la que el barco quedaría clausurado al público. "La noticia no nos gusta para nada", dijo Andrés, que asiste al casino una vez por semana. "Tendremos que ir al de Tigre", rió su amigo Martín, de pie a su lado.

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