Un profesorado debió suspender sus clases por falta de luz
Las instituciones educativas suelen ser noticia cuando los estudiantes ocupan escuelas en actos de protesta o cuando los docentes hacen una huelga por reclamos salariales. En el Instituto Superior del Profesorado "Joaquín V. González", situado en Ayacucho 636, donde se cursan 17 profesorados y 6 postítulos para docentes graduados, se tuvieron que suspender las clases en diez ocasiones desde el 11 de mayo. A partir de 2009, el Joaquín V. González cuenta con edificio propio. En el profesorado, que lleva el nombre del ilustre ministro de Justicia e Instrucción Pública de comienzos del siglo XX, cursan aproximadamente seis mil estudiantes en tres turnos diarios.
Debido a un problema de suministro eléctrico, el edificio (de once pisos) se quedó sin luz, sin ascensores y sin agua en diez oportunidades. Las clases de cada una de las disciplinas que se imparten allí (de Historia a Psicología, y de Lengua y Literatura a Ciencias Jurídicas) debieron suspenderse. La institución, que cumplió cien años en 2004, posee un plantel de 750 profesores. Docentes y estudiantes discapacitados, salvo que cursen en aulas de los dos primeros pisos (donde podrían llegar con la ayuda del personal de la casa de estudios o de los compañeros) no pueden acceder cuando la luz se corta en los turnos diurnos. Los ascensores dejan de funcionar y, sin luz, el edificio se queda sin agua en menos de una hora. El miércoles 4 de julio hubo dos cortes en el mismo día, y dejó sin clases a los estudiantes a pocos días de la finalización del primer cuatrimestre.
Desde el 11 de mayo hasta hoy, el Rectorado, a cargo de la licenciada Patricia Simeone, realizó informes detallados sobre la falta de suministro eléctrico que fueron elevados a las autoridades del Ministerio de Educación e Innovación de la ciudad de Buenos Aires. Dos direcciones de ese ministerio se ocupan de la educación superior en la ciudad: la de Formación Docente y la de Educación Superior. En estos casos, el ministerio a cargo de María Soledad Acuña debe comunicar el problema al Ministerio de Hacienda, que es el encargado de efectuar la queja y la denuncia formal ante Edesur . Sin embargo, cuando la rectora del Joaquín V. González, acompañada de docentes y representantes de estudiantes, se presentó en las oficinas de Edesur se enteró de que no se había registrado denuncia formal alguna por parte del Ministerio de Hacienda. Hasta hoy, los trabajos que se deberían hacer para evitar una situación similar en el segundo cuatrimestre ni siquiera han empezado.
Ante las quejas enviadas a este diario por parte de docentes y alumnos del Joaquín V. González, LA NACION conversó con la rectora del profesorado donde dieron clases Ana María Barrechenea, Enrique Pezzoni y Elvira Arnoux, entre muchos otros. "Aquí la noticia es que los estudiantes y docentes quieren tener clases. Nosotros dimos los pasos requeridos para que la situación se solucione, pero en Edesur nos informaron que no hubo ninguna comunicación por parte del Ministerio de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires con la empresa. El Profesorado no es el usuario directo, sino la ciudad de Buenos Aires", dijo Simeone, profesora de Inglés y licenciada en Ciencias de la Educación. El presidente del centro de estudiantes, Mariano Romano, que cursa el profesorado de Historia, acompañó a Simeone y a otros profesores a la empresa distribuidora de energía eléctrica para pedir que se encuentre una solución al problema que impide que se den clases.
Las dos funcionarias del Ministerio de Educación e Innovación a cargo de las direcciones de Educación Superior y de Formación Docente, Marcela Pelanda y Graciela Uequín respectivamente, optaron por responder por medio de un comunicado las consultas de este diario. "El Instituto Superior del Profesorado «Dr. Joaquín V. González» se ve afectado por problemas de servicio público brindado por Edesur. Esta falla se genera por problemas externos de la institución, dado que las instalaciones eléctricas del establecimiento educativo funcionan correctamente. Como consecuencia de los reclamos para normalizar el servicio de luz por parte del Instituto, desde el Ministerio de Educación e Innovación estamos trabajando conjuntamente con el personal de Hacienda, del sector servicios públicos, para que intervengan con Edesur. Desde la empresa prestadora de servicios señalaron que los cortes son consecuencia de no haber encontrado la falla en un cable fuera del establecimiento educativo".
La versión oficial no coincide con la ofrecida por la empresa a la rectora y sus acompañantes el 4 de julio pasado en las oficinas de San José 190, donde se les comunicó que Hacienda debía solicitar arreglos en el edificio y, además, pedir un aumento de potencia acorde con la demanda. Edesur confirmó que no existía reclamo alguno en su sistema y que el inconveniente se encontraría dentro del edificio. La empresa se comprometió a resolver el problema.
Consultada por LA NACION sobre si el desinterés de las autoridades de Ciudad en encontrar una solución al problema que afecta la institución desde inicios de mayo podía interpretarse como una respuesta al rechazo del proyecto de UniCABA que impulsa la ministra Acuña (y al que se oponen los 29 profesorados porteños y gran parte de la comunidad educativa), Simeone fue rotunda. "Sería muy irresponsable de mi parte hacer una asociación de ese tipo. Hemos sido cautelosos en todos los espacios al buscar las pruebas que acreditan los perjuicios que ocasionan estos problemas. No veo una conexión directa", señaló.
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