
Un testigo dice que vio a policías tirar el cadáver
Es un colectivero que pasaba por el lugar el día del hecho; su testimonio puede ser fundamental
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- El colectivero Carlos Ponce juró ayer que vio cuando tres hombres, dos de ellos policías, dejaban el cadáver de María Soledad Morales en un zanjón a la vera de la ruta 38, pocas horas antes de que fuera encontrado.
Regordete, de lenguaje llano y sin perder la serenidad provinciana, Ponce relató sin respiro su historia, considerada por los observadores como uno de los testimonios más sólidos del caso Morales.
Esta afirmación, en cierto modo, fue sostenida ayer por el tribunal que, durante casi tres horas de interrogatorio, no dio descanso a este trabajador del volante, que sólo en contadas ocasiones sacó a relucir una breve frase ritual de muchos testigos de este debate: "No me recuerdo...".
Esta valoración de los jueces también se reflejó en que este hombre retacón y sencillo abandonó sin inconvenientes el recinto. ¿Qué quiere decir eso? La respuesta es fácil: en el juicio anterior, entre algunos de sus ingenuos balbuceos y los constantes apremios del irascible juez Rodolfo Ortiz Iramain, Ponce tuvo que abandonar la sala de audiencias a bordo de un celular.
Ahora, sin titubear, el hombre dijo que a las 3.10 del 10 de septiembre de 1990 -la víctima fue hallada a las 8.30- partió al mando de su colectivo de la terminal de esta ciudad con destino a la localidad norteña de La Carrera, a unos 20 kilómetros de allí.
A las 3.40 llegó hasta la oscura zona de parque Daza e iluminó con los faros a un Fiat 147 claro, detenido a un costado de la ruta 38, junto al que permanecían tres hombres. Pensó que hubo un accidente y bajó para prestar auxilio, pero se encontró con otra situación.
"¿Qué pasó?", preguntó el colectivero, mientras un integrante del trío salió a su encuentro. "Mirá, hay una chica muerta aquí", le informó el hombre al que Ponce luego identificó como el policía Rubén Figueroa, a quien describió que vestía saco blanco, pantalón crema y guantes claros. Los otros dos eran, dijo, el también policía Daniel Arroyo y Diego Jalil, sobrino del entonces intendente de la capital, Guido Jalil.
"¿Qué pensó cuando vio a ese hombre con guantes?", inquirió preocupado el camarista Jorge Alvarez Morales. Ponce encogió los hombros y no dudó: "Y... pensé de todo".
Desde otro flanco, el presidente del tribunal, Santiago Olmedo de Arzuaga, disparó otra pregunta obligada: "¿En qué condiciones vio el cadáver?" "Estaba en una zanja, semidesnudo, con una remera arrollada a la altura de las axilas. Lo habían puesto boca abajo y con la cabellera hacia adelante", dijo.
De los dichos de Ponce, que no recordó haber visto manchas de sangre ni ramas que ocultaran el cuerpo, se infirió que la desfiguración -que incluyó el arrancamiento del cuero cabelludo y de las orejas- fue posterior a esa hora, es decir, entre las 3.30 y las 8.30 El colectivero se ofreció a prestar colaboración, pero Figueroa le respondió: "Quedate tranquilo que nosotros nos encargamos de todo".
Ponce retomó su camino, pero regresó allí a las 4.15. El trío permanecía aún en el lugar.
Un testigo singular
La historia que cuenta Ponce no fue siempre la misma. Declaró tres veces durante la instrucción, y en cada oportunidad fue agregando detalles.
Esto lo convierte, por lo menos, en un testigo singular: mientras la mayoría de los que desfilaron por el estrado recordaron mucho en sus declaraciones escritas y poco o nada en el juicio oral, Ponce hizo al revés. Cada vez se acuerda más.
Olmedo de Arzuaga: -¿Por qué primero dijo que eran tres hombres, sin identificarlos, y en su segunda presentación pudo nombrarlos sin equivocarse?
Ponce: -Y... tenía miedo. Por ese entonces, a los testigos los golpeaban muy mucho.
Juez Edgardo Alvarez: -¿Cómo supo que Figueroa y Arroyo eran policías?
Ponce: -Los conocía porque subían al colectivo de uniforme.
Después de haber visto lo que vio, la vida del colectivero Ponce no volvió a ser la misma, debido a que, según denunció, recibió reiteradas amenazas del policía Figueroa.
Ingenuidad
Las preguntas con que las defensas de Guillermo Luque y de Luis Tula ametrallaron al colectivero Ponce apuntaron a determinar si había sido apalabrado por la abogada Lila Zafe para incriminar al trío de mudadores de cadáveres. Ponce no aflojó en ningún momento, pero su escasa preparación le jugó una mala pasada.
El abogado Carlos Avellaneda le preguntó si en 1991 había firmado el acta de reconstrucción del hecho. "Creo que sí", respondió el trabajador del volante. Al exhibírsele el documento, que no incluía su rúbrica, Ponce dijo con ingenuidad: "Si quiere se la firmo ahora, doctor". El presidente del tribunal, sin inmutarse, lo serenó: "No hace falta, quédese tranquilo".
Un trío apto para todo servicio
Revelador: dos de las tres personas que habrían arrojado el cadáver de la joven eran policías; varios jefes de la fuerza no desconocían lo ocurrido.
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- Si no fuera porque una monja lo convenció de presentarse ante la Justicia, el testimonio del colectivero Ponce jamás hubiera sido tenido en cuenta. Claro que la policía lo sabía, pero no dijo nada.
Así lo confirmaron ayer, ante los azorados jueces, los oficiales Mario Rivera y Carlos Sigampa, que revelaron que la más alta jerarquía de la policía provincial ocultó deliberadamente el hecho de que fueron dos de sus hombres los que tiraron el cadáver de María Soledad en el descampado donde la encontrarían, horas después, dos peones de Vialidad.
La cuestión fue así: el colectivero Ponce, al día siguiente de haber visto cómo "plantaban" el cadáver, se lo contó a su compañero de trabajo Ramón Escobal.
Este último ingresó poco después en la policía, pero ya hacía tiempo que era amigo de deslizar datos en los oídos de los uniformados.
Fue así como informó a su amigo, el comisario Mario Rivera. Este, a su vez, comunicó la novedad al segundo jefe de la Unidad Regional 1a, Asín Assad, que llevó la noticia a su superior, el comisario general José Antonio Leguizamón.
Leguizamón es el mismo que ordenó a los bomberos lavar el cadáver de María Soledad antes de la autopsia para borrar todo tipo de evidencias.
Y ocurrió lo previsible: la historia que narró el colectivero se perdió en los vericuetos de la institución policial, donde necesariamente estaban el jefe Miguel Angel Ferreyra, el comisario Julio Salcedo, el sabueso Eloy Guzmán y otros titanes de la investigación criminalística. Que ahora vino a saberse que eran duchos, también, en desviar la pesquisa hacía vías siempre muertas.
El testimonio del policía Sigampa fue paradigmático para aquellos que buscan hablar mucho sin decir nada. Y, por supuesto, rico en jerga de los hombres de armas, donde el no es "negativo" y el sí, "afirmativo".
Un trío con suerte
Párrafo aparte merecen los tres amigos que, según Ponce, dejaron el cadáver de la víctima y prometieron "encargarse de todo".
Se trata de Diego Antonio Jalil Colomé, por entonces un estudiante de 23 años amigo de las farras, borrachín y famoso por haber apaleado a los profesores que lo bochaban.
También era conocida su afición por organizar fiestas en su finca de Sumalao, donde él y sus amigos se aprovechaban de chicas de humilde condición, a las que atraían con todos los símbolos del status.
Daniel Arturo Arroyo era policía y tenía 37 años. De él se recuerda una extraña historia: el médico Mario Marcolli asistió a dos hijos de Arroyo que habían sufrido un gravísimo accidente vial y que finalmente fallecieron.
La madre, desesperada, le comentó: "Este es el castigo que nos mandó Dios por la chinita que tiró mi marido". La "chinita" habría sido la hija mayor de Ada y Elías Morales. La esposa de Arroyo negaría todo ante los jueces, en el proceso anterior y en éste, pero nadie le creyó.
Rubén Alejo Figueroa tenía 39 años cuando ocurrió el crimen y revistaba como policía en la Escuela de Cadetes.
Una versión nunca confirmada asegura que el ex jefe Ferreyra realizó una misteriosa visita a ese establecimiento a las 7 del lunes 10 de septiembre, el día en que encontraron el cuerpo de María Soledad. Si fue a verlo a Arroyo o no, nunca se sabrá.
Jalil, Arroyo y Figueroa estuvieron presos desde marzo hasta agosto de 1992, acusados de encubrimiento por el entonces juez de la causa Manuel Zeballos. La Cámara del Crimen los sobreseyó en febrero de 1993.
El colectivero Ponce se mostró firme ayer en el estrado. Pero en su fuero íntimo teme que los tres amigos vuelvan a las andadas.
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