Una amenaza para los políticos

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8 de diciembre de 2009  

Hay algo que sorprende aún más que el crecimiento del delito. Es la percepción de un Estado ausente para enfrentar ese complejo fenómeno y de una dirigencia política que, insólitamente, no parece advertir que su propia supervivencia estará cada vez más condicionada por la falta de soluciones para el problema de la inseguridad.

Desde hace muchos años, esta cuestión se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la opinión pública. Y hoy la inseguridad se sitúa en el primer lugar del ranking de cualquier encuesta.

Si bien es probable que la cantidad de delitos no alcance actualmente el elevadísimo nivel de los años 2001 y 2002, coincidente con la peor crisis socioeconómica de los últimos tiempos, el miedo a la delincuencia y la sensación de inseguridad son hoy tan altos como entonces.

Esta situación puede explicarse, de acuerdo con distintos especialistas, por tres razones.

La primera es que la inseguridad se ha extendido en los últimos años a grupos de clase media alta y alta que anteriormente no se sentían tan vulnerables.

La segunda se refiere al grado de violencia de los delincuentes, que, en parte por el auge del paco y de otros estupefacientes, ha alcanzado extremos desconocidos.

Hoy no se duda en matar para robar un auto ni frente a los riesgos de asesinar efectivos policiales. Hasta tal punto que, en lo que va de 2009, la suma de policías bonaerenses y federales caídos en cumplimiento del deber asciende a 22 personas, cuando el promedio del período 2004-2008 fue inferior a 17 por año.

La última se relaciona con la creciente desconfianza de la ciudadanía en las autoridades para prevenir y enfrentar con éxito el delito.

El gobierno kirchnerista ha exhibido un llamativo desinterés por el orden público. Desacreditó a las fuerzas de seguridad y detrás de un discurso que insistía en la inconveniencia de "criminalizar la protesta social" y en que la delincuencia era una mera consecuencia de la desigualdad social, se desacreditó a sí mismo a partir de lo que se interpretó como una posición de pasividad que alentó a los delincuentes.

Cuando se premia con cargos públicos a quienes hicieron de los cortes de rutas un deporte o a quien encabezó el copamiento de una comisaría, los valores quedan trastrocados y se afianza la percepción de que todo está permitido, al tiempo que la impunidad está virtualmente garantizada.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, ha prometido innumerables veces firmeza contra la delincuencia y a menudo aparece como un buen intérprete o analista del escenario que preocupa a los vecinos, pero su gobierno ha dado recurrentes muestras de incapacidad para prevenir el delito.

Y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se ha debatido entre la pugna con el gobierno nacional por el futuro de la Policía Metropolitana y sus propios errores a la hora de seleccionar a los conductores de esa flamante fuerza.

Frente a un problema que aflige a toda la sociedad, carece de sentido entablar una polémica en torno a estadísticas. Poco le importa al familiar de alguien salvajemente asesinado si los índices delictivos suben o bajan. Lo que realmente le interesa es que se haga justicia y se encuentren los caminos para la prevención y la represión de cualquier acción criminal.

No habrá salida para el problema si persiste la actual carencia de voluntad de las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas para desarrollar una política de Estado contra el crimen y la violencia de todo tipo, que prevalezca sobre cualquier mezquindad política.

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