Una pareja argentina fue detenida en España por fabricar pizzas de manera clandestina y venderlas

El negocio comenzó en 2019 en Azuara, España, de manera clandestina. El objetivo era fabricar y comercializar pizzas en eventos y expandir el consumo hacia varias provincias españolas. Sin embargo, una empresa registrada legalmente los denunció, al descubrir que esta pareja argentina manufacturaba y distribuía productos utilizando su marca, según detalló El Periódico de Aragón.

Bajo los seudónimos y G. P. S. y C. E. C., establecidos por la Guardia Civil, que llevó a cabo la investigación junto al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), encontraron que los alimentos no mantenían las reglas de higiene y seguridad contempladas dentro de las leyes españolas, que se le exige a cualquier productor de alimentos.

Asimismo, las fuerzas policiales españolas determinaron que comercializaban su producto a través de Internet y mediante sus celulares, llegando a distribuir las pizzas a establecimientos de diferentes provincias españolas.

En otras instancias utilizaron el servicio de una empresa de transporte. Este detalle permitió comprobar que entre los meses de enero del 2019 y febrero actual, los productos elaborados habían sido distribuidos, hasta la fecha, a 50 establecimientos, arrojando un total de más de 12.000 kilos de mercadería vendida. Esto se hacía en vehículos que no reunían las condiciones necesarias (frigorífico o isotermo).

En tanto, se comprobó la recepción de esta mercadería en estas provincias: Alicante, Asturias, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza. Siendo los establecimientos afectados dedicados a hostelería, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, organización de eventos y particulares.

Qué delitos se les imputaría a la pareja argentina

Además del delito contra la salud pública por producir y distribuir alimentos que no cumplen con las normas de seguridad e higiene vigentes en España, se les imputaría otro contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, por evadir impuestos y usar de manera fraudulenta la imagen y el nombre de una empresa que sí estaba registrada legalmente.