Una política inconclusa
Un estudio realizado por la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro por el Derecho a la Vivienda y por los Desalojados (Cohre, por sus siglas en inglés) y el Centro de Apoyo al Refugiado detectó por parte del Instituto de la Vivienda incumplimiento de leyes, plazos y de acceso a la información, subejecución presupuestaria, fallas en obras de infraestructura y sobredimensionamiento en la planta de personal.
En el presupuesto 2007 se destinaron al IVC $ 211 millones; unos $ 80 millones eran para las villas. Según cálculos oficiales, para urbanizar las 14 villas reconocidas son necesarios unos $ 4650 millones.
"El IVC no tiene una política integral de regularización de villas que trabaje en infraestructura, en regularización dominial y también en el aspecto social. Pasar la política habitacional a la Corporación del Sur no soluciona lo que marcamos. Todos los barrios que están en la zona norte quedarían afuera porque esa empresa pública sólo tiene competencia en la zona sur", explicó Sebastián Tedeschi, coordinador del Programa América de Cohre.
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