Una sorda batalla tras las rejas

La Justicia, enfrentada con el Servicio Penitenciario Federal
Hugo Alconada Mon
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18 de abril de 2004  

Una sorda batalla se desarrolla desde hace meses en las cárceles federales de todo el país. Ya produjo muertes, violaciones reiteradas a los derechos humanos y denuncias cruzadas de todo tipo. Pero los reclusos no protagonizan los combates, aunque son sus destinatarios finales.

Enfrentados aparecen, por un lado, el juez de Ejecución Penal Sergio Delgado; por el otro, el fiscal del fuero Oscar Hermelo y toda la estructura del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por el contenido de algunas sentencias y resoluciones interlocutorias.

La Cámara Nacional de Casación Penal investiga si Delgado cometió el delito de prevaricato -es decir, si dictó resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos-, al disponer salidas transitorias y libertades condicionales, confirmaron a LA NACION cuatro funcionarios de la Casación.

Los camaristas analizan si Delgado violó un límite legal al mejorar las calificaciones de conducta de algunos presos a contrapelo de las sugerencias e informes del SPF. Pero, por ahora, las revisiones le son favorables al juez, afirmaron esos funcionarios de la Casación. Más aún, confirmaron las condiciones infrahumanas en las que viven los detenidos: presos sin medicamentos recetados, hacinados en celdas en teoría individuales, sin baños o a los que se les impide bañarse por tres días o que reciben un caldo como única comida diaria durante semanas.

"Ingresé en cuatro de las celdas en las cuales pude observar una absoluta falta de higiene, favorecida por la existencia de un inodoro turco sin agua corriente, de cuya boca, pese a estar tapada con una botella de plástico, emanaban olores fétidos", describió Delgado al visitar Devoto.

En una de las celdas había excremento en las paredes, en franjas de cinco a diez centímetros, dijo. Recordó también la muerte de un preso horas después de denunciar ante él maltratos y abandono médico. Desde el SPF contraatacaron, acusando a Delgado de alterar en forma arbitraria sus evaluaciones de los presos, de modo que permitió que reincidentes por homicidio volvieran a caminar por las calles.

Acusaciones

El SPF denunció a Delgado ante la Casación y el Consejo de la Magistratura; también lo hicieron el fiscal de Ejecución Penal Oscar Hermelo y el consejero y diputado nacional Jorge Casanovas (PJ-Buenos Aires). Todos lo acusan de cometer irregularidades en al menos 80 legajos de presos beneficiados con salidas transitorias o libertades condicionales.

Casanovas fue ministro de Justicia del gobernador Carlos Ruckauf, que prometió "mano dura" y "meter bala" a los delincuentes. Hermelo registra un pedido de juicio político archivado en la Procuración por su paso por la ESMA durante la dictadura, según dos fuentes del Ministerio Público.

Según los archivos de la Conadep y del CELS, un abogado de apellido Hermelo fue "encargado de la compra y venta de las casas y bienes robados a los secuestrados", vinculado con el detenido marino Adolfo Scilingo.

El fiscal admitió en el sumario interno y ante la consulta de LA NACION que trabajó en la ESMA, pero insistió en que no supo qué ocurría en el casino de oficiales, que ni sabía que hubiera desapariciones y que sólo se encargaba de tareas administrativas.

"Mi participación en delitos en la ESMA es un invento. Es falso. Sólo liquidaba sueldos en el área de talleres de la Escuela y Scilingo se desdijo luego de sus afirmaciones sobre mí. Tengo todas las pruebas", dijo Hermelo a LA NACION.

La investigación de la Procuración se archivó hace años porque, según un informante, el jury sólo debe analizar su actividad judicial, y él no era empleado de la Justicia, ni del Ministerio Público.

Pero los cruces entre Delgado, el fiscal y el servicio penitenciario llegaron al Gobierno. El Ministerio de Justicia recibió informes y quejas cruzadas, pero por el momento no expuso una posición oficial. El 12 de marzo, Delgado denunció en un escrito dirigido al ministro Gustavo Beliz prácticas irregulares de vieja data y otras nuevas. Entre ellas, algunas que complementan el petitorio de Juan Carlos Blumberg.

Los presos no pueden trabajar y ganarse su dinero porque "las plazas de trabajo no alcanzan". O por razones de seguridad, dado que no hay suficiente personal para prevenir desórdenes, además de que cobran 70 pesos por mes, sin registros, sin elementos de seguridad laboral, y hasta vulnerando los convenios de trabajo.

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