Una trama que develó oscuros aportes a la campaña electoral

Las causas judiciales más resonantes de los últimos tiempos, como el triple crimen de General Rodríguez y la mafia de los medicamentos, tienen un nexo: los negocios y la política. Juntos o separados.

Uno de los detenidos ayer por los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina es el peronista quilmeño Martín Lanatta, supuestamente cercano a la línea interna que orienta el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Ayer se conoció en la Casa de Gobierno una información que vincula a ambos. Martín Lanatta aparece como el remitente de un correo electrónico que recibió Aníbal Fernández en octubre pasado, donde el ahora detenido lo contacta para disculparse. Según confiaron a LA NACION fuentes cercanas al jefe de Gabinete, en ese mail Lanatta se lamenta y le pide disculpas a Fernández por haberlo involucrado con un supuesto vínculo entre ambos, tras conocerse su militancia en el distrito donde el jefe de ministros fue intendente, y donde aún tiene una fuerte influencia política.

Esa información la dieron a conocer fuentes de estrecho vínculo con el ministro, que aclararon que el mail no fue respondido por el jefe de Gabinete. "Lamento todo lo que están diciendo de usted", sostiene una parte del correo electrónico, según confiaron allegados al funcionario. Y dijeron que el e-mail había llegado a la casilla personal de Fernández. Según las fuentes, en el correo Lanatta dice que no lo conoce personalmente, dato que aprovecharon en el círculo íntimo del ministro para negar una vinculación entre ambos.

No obstante, hay otros nexos entre las causas y la política: el dinero. Mucho dinero es el que circulaba entre los mismos personajes y que terminó financiando la campaña electoral de 2007. Ese es el principal nexo entre las investigaciones por los asesinatos de Forza, Ferrón y Bina, y por la venta de remedios supuestamente adulterados comprados por obras sociales sindicales, caso por el cual está preso Juan José Zanola, histórico secretario general del gremio de los bancarios.

El 30 por ciento de los aportes de campaña que recibió el Frente para la Victoria para llevar a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación provino de laboratorios y droguerías; muchos de los aportantes aparecen mencionados en las investigaciones de las muertes y en las maniobras con remedios, muchas de las cuales consistían en cobrar dinero estatal por medicamentos no administrados a los pacientes, sea porque estaban adulterados o porque los pretendidos enfermos no existían.

Forza, a través de su droguería Seacamp, aparece entre los aportantes a la campaña presidencial: entregó cheques por 200.000 pesos, que reunió Héctor Capaccioli, que fue superintendente de Salud y, como tal, encargado de controlar las droguerías y los pagos que el Estado hacía a las obras sociales.

Martín Magallanes, un empresario farmacéutico que aparece mencionado en la causa por el triple crimen, mantenía negocios con la Droguería San Javier, que dirigía Néstor Lorenzo, también preso por la causa de la mafia de los medicamentos. Los negocios de San Javier con La Bancaria están en la mira de la Justicia.

Si bien Lorenzo no aparece en la lista de aportantes de la campaña, se encontraron en su casa fotocopias de cheques con dinero donado para la campaña presidencial por otras personas que habían prestado sus nombres. Entre esos aportantes figuraban Carlos Torres, socio de Lorenzo y director de Multifarma, con 170.000 pesos, y Julio César Posse, con cheques por 155.000 pesos.

Posse es un ex agente de la SIDE que colaboró con la DEA y que ahora espera ser juzgado en un caso por narcotráfico. Era amigo de Forza y le brindaba seguridad y negocios.

Gabriel Brito, de la empresa Global Pharmacy Service, figura como uno de las mayores aportantes a la campaña, con 310.000 pesos. Sin embargo, Brito afirma que no puso dinero. Asegura que le entregó cheques a Lorenzo para ayudarlo financieramente, pero que nunca imaginó cuál sería el destino de esa plata.

El Frente para la Victoria presentó ante la Justicia un informe de cuánto dinero gastó en 2007 y en qué lo hizo. La jueza federal María Servini de Cubría debe decidir si aprueba o no ese informe de gastos, en una causa que tiene en sus manos el fiscal federal porteño Jorge Di Lello.

Ante la sospecha de que los aportantes a la campaña electoral pudieron haber sido beneficiados con negocios realizados al amparo del Estado, se abrió una investigación judicial que hasta hace 10 días tenía en sus manos el juez Ariel Lijo, pero que ahora le pasó el caso a Norberto Oyarbide, ante la presunción de que esa causa puede estar ligada a la mafia de los medicamentos.