Villa Devoto: los presos se oponen al cierre del penal

Enviaron una carta a la Presidenta para rechazar su traslado
Fernando Massa
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16 de agosto de 2011  

No para todos fue una buena noticia. A los encarcelados, el anuncio del cierre definitivo del penal de Villa Devoto y el futuro traslado a un complejo penitenciario que se construirá en la ciudad bonaerense de Mercedes les generó, ante todo, incertidumbre.

Por eso, en uso de su derecho a peticionar ante las autoridades, los internos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –más conocido como la cárcel de Devoto– decidieron escribirle una carta a la Presidenta en la que le hicieron saber su temor de que el traslado a 120 kilómetros de la Capital afecte tanto su derecho a defensa en juicio como la garantía de que sus lazos familiares sean respetados y favorecidos.

"Todo el cuerpo normativo que regula las condiciones de detención establece claramente que será el Estado quien vele por el respeto de estas premisas. Si se concreta el traslado de la población carcelaria alojada en Devoto al megacomplejo penitenciario por construirse, los 120 km que lo separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán la causa principal de que los derechos enunciados sean violados por el mismo Estado que debería garantizarlos", afirman en el texto.

Y destacan un dato: de las aproximadamente 1700 personas que aloja la cárcel, el 70% son procesados, lo que implica que sólo el 30% de la población carcelaria ha sido condenada. En consecuencia, hacen hincapié en que por razones de economía y practicidad procesal "se impone que los juzgados tengan a aquellos detenidos a su disposición dentro de su radio jurisdiccional", algo que se vería afectado con la nueva ubicación del penal.

"Incluso si se recurriera a medios tecnológicos, tales como la teleconferencia u otros, el resultado sería una deshumanización aún mayor del sistema judicial", agregan.

Visitas y estudios

Respecto al posible deterioro en el contacto con los familiares por la distancia, los internos ponen el ejemplo de lo que pasó con la cárcel de Marcos Paz, situada a 40 kilómetros de la Capital, donde, según dicen, los registros de cantidad de visitas tanto de abogados defensores como de familiares muestran una baja del 60% en comparación con Devoto.

Además, ven amenazados la continuidad del Centro Universitario Devoto (CUD), dependiente de la Universidad de Buenos Aires, y que funciona en la cárcel desde hace 25 años. "Aquí los estudiantes en situación de encierro –procesados y condenados– tienen, por convenio, garantizada su permanencia en la Unidad donde cursan sus estudios universitarios. El eventual traslado atentaría claramente contra su derecho a la educación", sostienen en la carta, un reclamo al que también se suman profesores y talleristas del CUD, además de otras organizaciones sociales. Según se cita en la carta, de las personas detenidas que han pasado por sus aulas sólo el 7% reincidió en el delito.

Mientras tanto, la licitación pública para la construcción de la nueva cárcel avanza: días atrás, se realizó en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación la apertura de sobres con la oferta de seis empresas interesadas en construir el Complejo Federal de Condenados Agote, situado a 20 km de Mercedes. Una obra que contará con un presupuesto oficial de casi 544 millones de pesos.

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