Violencia de género: el sector privado empieza a dar licencias a las víctimas

En su legajo figura una "licencia psiquiátrica". Dos veces pidió "vacaciones adelantadas". También constan varias faltas repentinas sin justificación aparente. Mariana H. trabaja en una empresa constructora desde hace cinco años, pero nadie sabe en la oficina que cada vez son más las noches en las que ella y sus dos hijos deben irse de su casa para dormir en otro lado. Eso ocurre cuando su pareja, y padre de uno de los chicos, la insulta y maltrata. Pide reserva de su identidad. Aún no se animó a hacer la denuncia. Tiene miedo. Y en la compañía tampoco saben de su calvario.

Mariana H. es víctima de violencia de género. Como cientos de miles de personas, fue a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 pasado. Ese día también reclamó por una herramienta legal que contemple las necesidades de las víctimas en el ámbito laboral. Pocas horas antes de la movilización, el presidente Mauricio Macri anunció que había enviado un proyecto de ley de equidad de género que, entre otros puntos, incluía el otorgamiento de diez días de licencia por violencia de género. En el sector privado, aunque aún persisten algunas resistencias, hay varias empresas que se adelantaron a la iniciativa oficial y se animaron a dar el paso.

En 2014, en el sector estatal, cuando se le concedió ese beneficio por primera vez en el país a una docente de Chubut, el reclamo logró cierto consenso en determinados gremios, en especial en aquellos sectores donde las mujeres son mayoría. Si Mariana H. fuera docente porteña, o diera clases en alguna de las escuelas bonaerenses, ya podría hacer uso del beneficio, vigente en los respectivos estatutos desde hace más de un año. Como empleada municipal también; actualmente son varios los distritos en distintas regiones del país que incluyeron protocolos o impulsan ordenanzas para incorporar la misma figura.

"Es sumamente importante. Por un lado, visibiliza la situación en el trabajo. A la mujer le da vergüenza contar lo que le está pasando -dice Ada Rico, presidenta de la ONG La Casa del Encuentro-. Para realizar la denuncia se necesita tiempo, luego hay que ratificarla y afrontar los trámites judiciales. Esa mujer está en un estado de vulnerabilidad extrema, muchas veces hay hijos de por medio y es terriblemente injusto que en su legajo se le abra una carpeta psiquiátrica. Con eso solo estigmatizan a las víctimas". Y agrega: "Hay que pensar en las instancias donde un juez se encuentra con un montón de papeles y tiene que tomar una decisión, por ejemplo, con respecto a la tenencia de los hijos. La existencia de las carpetas psiquiátricas en un legajo laboral no hace otra cosa que favorecer al agresor".

En este último año, La Casa del Encuentro participó junto con algunas empresas en la elaboración de protocolos para otorgar este tipo de licencias. El programa "Alza la voz contra la violencia de género", de la Fundación Avon, ya tiene más de diez años. Pero en agosto pasado se incorporó esta nueva licencia de diez días hábiles, que requirió de forma previa capacitaciones a todo el personal que pudiera entrar en la categoría de lo que el protocolo denomina como "primera escucha". Es decir, aquellas personas que pueden convertirse en confidentes de la víctima o que puedan reconocer las señales que da una mujer en este tipo de situaciones. Desde ese momento hasta hoy, las consultas internas por violencia de género en la compañía se duplicaron.

"Desde hace varios años que de manera informal damos contención y asistencia a las trabajadoras. Pero ahora tenemos un marco legal. Lo más importante es que sepan que pueden pedir ayuda y que hacer la denuncia judicial no es requisito excluyente para pedir la licencia", cuenta Florencia Yanuzzio, directora ejecutiva de Fundación Avon.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Farmacity tomó la misma iniciativa. "Comenzamos a trabajar en talleres con grupos pequeños para que todos pudieran colaborar, desde el simple hecho de no celebrar un chiste que refuerce un estereotipo hasta cómo funciona el complejo círculo de la violencia -cuenta Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la empresa, que firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)-. Pensamos en la licencia especial como un mensaje claro para que cualquier empleada sienta que en su lugar de trabajo hay una política legal que la protege". Los diez días de licencia pueden ser renovables, y el otorgamiento tampoco está atado a ninguna certificación judicial, como sí sucede con las docentes porteñas, por ejemplo, a quienes se les exige que "en un plazo de 72 horas deberán presentar la denuncia judicial correspondiente o la certificación emitida por los organismos estatales competentes".

"Te creo"

Para la abogada penalista Clara Santamarina, que trabaja en La Casa del Encuentro, uno de los obstáculos que suele presentarse con más frecuencia en la Justicia es el descreimiento. "El violento siempre intenta hacer quedar a la víctima como una persona inestable, que sufre de depresión y que, además, miente. Como una loca. Y creemos que así como el Estado entiende que una licencia por maternidad es necesaria para que la madre pueda cuidar de su bebé, también debe entender que es necesaria una licencia cuando es víctima de violencia de género. Basta de legajos con carpetas médicas y licencias psiquiátricas que lo único que consiguen es revictimizar a la mujer".

En 2015, y como parte de un programa de clima y bienestar laboral, los 20.000 empleados de Carrefour completaron una encuesta. En la compañía, el 46% de los trabajadores son mujeres. "Entre las expectativas que mencionaban los empleados, un alto porcentaje mencionó la violencia de género, y decidimos ocuparnos del tema -cuenta Candela Arias, gerenta de RSE y Sustentabilidad de Carrefour Argentina-. Buscamos un aliado, la Fundación Oportunidad, y creamos un comité especial. Con las capacitaciones comenzó a hablarse del tema de manera transversal, y la respuesta fue inmediata".

En noviembre pasado, en concordancia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se implementó la licencia. Es confidencial, tiene una duración de cuatro días con goce de sueldo, renovables, seguidos o discontinuos. De ser necesario se le brinda a la víctima apoyo económico. "También otorgamos reubicación de local, cambio de sector y de horario. En caso de que el supuesto agresor comparta el ámbito de trabajo con la víctima, se evaluará la posibilidad de trasladarlo, de sancionarlo o de implementar las medidas necesarias para el resguardo de la víctima", detalla Arias, que revela que hay detectados seis casos hasta hoy.