En los últimos días, decenas de miles de alemanes marcharon en contra del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Los juristas ya discuten si puede ser proscripto y los dirigentes políticos advierten que representa una amenaza contra la sociedad.
Lo digo sin medias tintas: los extremistas de ultraderecha están atentando contra nuestra democracia. Quieren destruir nuestra cohesión”
- Olaf Scholz
Canciller de Alemania
Aunque solo cosechó el 10% de los votos en las elecciones de 2020, el AfD está en niveles récord de popularidad: apenas por debajo del 25% en todo el país y muy por encima del 30% en los estados del este, donde se celebrarán comicios a fines de este año.
Las alarmas se dispararon cuando se supo que a fines de 2023 los líderes ultraderechistas se reunieron en secreto para discutir las deportaciones masivas de migrantes y ciudadanos alemanes que llegaron legalmente al país, a quienes no consideran "plenamente asimilados".
El orador principal del evento fue el ultraderechista austriaco Martin Sellner, que utiliza el término “remigración”, una palabra de moda en la escena extremista que refiere a las diversas estrategias de deportación a largo plazo.
AfD está siendo monitoreado como “presunto grupo extremista” por la Oficina para la Protección de la Constitución alemana, que concluyó que el partido se está radicalizando hacia la derecha, hasta el punto de amenazar derechos consagrados en la Constitución.
Desde que el medio Correctiv reveló los detalles de la reunión de noviembre, decenas de miles de personas se volcaron a las calles en Berlín, Potsdam, Friburgo, Colonia y otros lugares. La protesta convocada el viernes por un sindicato de Hamburgo concentró a más de 80.000 personas.
Por su parte, los partidarios de AfD manifiestan una arraigada desconfianza en el gobierno y se sienten cada vez más ignorados y privados de sus derechos. Y muchos de sus detractores temen que proscribir el partido sólo potenciará ese resentimiento.