Por la revisión de nombramientos hechos por Kirchner
Tensión entre Villarruel y los gremios del Senado
La gestión de Victoria Villarruel al frente del Senado sufrió su primer cortocircuito con los gremios con representación en el Congreso. Fue después de que decidieron darle la espalda y no participaron de la comisión especial creada para realizar un “análisis integral de los recursos humanos”. En otras palabras: dedicada a revisar los nombramientos de los dos últimos años de Cristina Kirchner en la Cámara alta.
La situación llegó al extremo que la Asociación del Personal Legislativo, gremio mayoritario en el Congreso conducido por Norberto Di Próspero, presentó una impugnación formal contra el decreto firmado por Villarruel, por considerar que revisar nombramientos en la planta de personal viola lo establecido en el estatuto de los empleado del Congreso.
Decidieron vaciar la primera reunión de la denominada Comisión de Análisis de la Dotación los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación, que envió una nota anunciando su negativa a integrar el organismo ad hoc. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado ni siquiera respondió a la convocatoria.
Sin los gremios sentados a la mesa, los representantes de la gestión Villarruel que integran a la comisión tomaron la decisión de pedirle a los responsables de las áreas donde fueron designados los empleados nombrados en el período investigado que informen la situación de aquellas personas.
Nosotros no queremos despedir gente a mansalva, la idea es dejar afuera a los ñoquis; si trabajan, no tienen nada que temer”
afirman en cercanías de la vicepresidenta
La gestión de Villarruel apunta a revisar con detenimiento una serie de cuatro decretos firmados por Cristina Kirchner entre 2022 y 2023 y que sirvieron para designar en la planta permanente a secretarios privados de la exvicepresidenta, militantes de La Cámpora y personas designadas por los senadores kirchneristas.
LA NACION dio cuenta de aquella maniobra a pesar de que la secretaria Administrativa de aquel entonces, María Luz Alonso, se negó a mostrar la información oficial que, según se supo mucho tiempo después, estaba contenida en dos decretos con más de 300 nombramientos.