Los fiscales de distrito de las ciudades californianas de San Francisco y Los Ángeles demandaron hoy al servicio de vehículos compartidos Uber al aducir que engaña a los consumidores.
La decisión de los fiscales californianos llega después de que un juzgado en España ordenara el cese y la prohibición en todo el país del sistema al considerar que sus conductores carecen de autorización administrativa para desarrollar la labor y que su actividad supone competencia desleal.
George Gascón, el fiscal de distrito de San Francisco, donde Uber tiene su sede, y su homóloga de Los Ángeles, Jackie Lacey, sostienen, entre otras cosas, que la empresa engaña a los consumidores al hacerles creer que no permiten operar vehículos a los conductores con antecedentes criminales.
A pesar de que Uber asegura utilizar los sistemas más eficientes disponibles para la comprobación de antecedentes de sus conductores, Gascón dijo que esos sistemas carecen de valor porque la empresa no obtiene las huellas dactilares de sus conductores.
"La empresa repite esa afirmación engañosa, dando a los consumidores la falsa impresión de seguridad cuando deciden entrar en el vehículo de un extraño", afirmó el fiscal.
Los fiscales también consideran engañoso el dólar que Uber cobra por "viajes seguros".
Uber sostiene en su página web que esa tarifa sirve para cubrir los gastos asociados con la comprobación de antecedentes, la educación de los conductores y el mantenimiento de la aplicación móvil con la que conecta a los clientes con los conductores.
Los fiscales enviaron advertencias por escrito en septiembre a Uber y a sus rivales más pequeños, Lift y Sidecar.
Los reguladores dijeron hoy haber llegado a un acuerdo extrajudicial con Lyft, que habría accedido a pagar una multa civil por un importe de medio millón de dólares.
Gascón y Lacey acusaron a Uber, también, de no haber obtenido las licencias necesarias para recoger y dejar a los pasajeros en el aeropuerto.
"Uber se ha negado a cumplir con leyes californianas que protegen a los consumidores contra fraude y daños", afirmaron los fiscales en un comunicado.
La empresa con sede en San Francisco se ha convertido en poco tiempo en un gigante que, valorado en unos 40.000 millones de dólares, está presente en 250 ciudades de 50 países, frente a las 61 urbes de 21 países en las que operaba hace un año.
España es el último de los países que ha prohibido este sistema, que también ha sido rechazado por la Justicia o autoridades en Holanda, Colombia, Nueva Delhi -en esta última ciudad a raíz de la acusación contra un conductor por violar a una mujer-, está en los tribunales de Portland, en el estado de Oregón (EE.UU.), y esta semana llegará a los de Francia.
