Los intermediarios en Internet, un debate que seguirá pendiente

Carolina Aguerre
Carolina Aguerre PARA LA NACION
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16 de noviembre de 2018  • 00:15

La semana pasada se cerró la oportunidad de avanzar en la aprobación de la ley que regula la responsabilidad de los intermediarios en Internet en Argentina con el actual proyecto que formalmente pierde estado el 27 de febrero de 2019. Éste cuenta con media sanción del Senado desde 2016, y de haberse aprobado implicaba el comienzo de una etapa de certezas jurídicas para los intermediarios de Internet en el país, discusiones que se arrastran desde 2012 con los primeros esbozos legales.

Esta ley establecía reglas precisas para adjudicar la responsabilidad por los contenidos generados por los usuarios, una condición necesaria para el desarrollo de empresas de Internet en toda la cadena de valor. No implicaba una inmunidad o desregulación para el sector. Al revés, establecía que los intermediarios son responsables de los contenidos generados por terceros cuando reciben una orden judicial que los obliga a removerlos. Estas reglas claras son fundamentales para garantizar la innovación en el marco de una economía que busca afianzar sus bases en la digitalización, y además para proteger la libertad de expresión. Es fundamental destacar que el proyecto de ley había recibido el apoyo expreso y por escrito de los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA.

Internet es una tecnología de propósito general – que permite diversos usos y aplicaciones – y contiene múltiples capas que conforman un verdadero ecosistema de diferentes empresas y actores: no hay un solo operador de Internet y por ende hay muchos tipos de intermediarios. El proyecto de ley consideraba a los intermediarios desde una definición amplia, que integra a los proveedores de servicios de conectividad, almacenamiento, comercio digital, servicios de enlace y búsqueda de contenidos, abarcando a todo el arco de operadores. Este proyecto afectaba a miles de empresas establecidas hoy en Argentina, y no sólo a las grandes plataformas de California sobre las cuales se hizo mucho hincapié en las discusiones. Esta distinción es fundamental, tanto por la forma del proceso de debate que se dio en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados en los últimos días, como por la sustancia propia de la discusión.

En lo que refiere a la forma, las críticas al proyecto de ley que terminaron por archivar el proyecto la semana pasada provinieron de sectores consolidados y con grandes intereses, como es la industria del derecho de autor y las empresas periodísticas. En esas últimas reuniones no se invitaron a otras voces tanto de la sociedad civil, como de la academia y de las empresas de Internet, nacionales y extranjeras, que permitiera un diálogo informado y garantías para un equilibrio entre los argumentos.

Como contrapunto formal al desenlace de este proyecto, éste ya contaba con media sanción y unificaba dos propuestas anteriores desarrollados por Liliana Fellner (FPV) y Federico Pinedo (PRO) y en su proceso de elaboración, había constituido un ejemplo de diálogo entre diferentes sectores políticos, elemento necesario cuando se requiere abordar un problema tanto política como técnicamente complejo.

En lo que refiere a la sustancia, el proyecto de ley acompañaba la tendencia de varias democracias que tienen legislación similar (Brasil 2014, Chile 2010), en línea con limitar a la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos generados o subidos por los usuarios, y de requerir su remoción mediante orden judicial. Hay muchas PYMEs argentinas que ofician de intermediarios en Internet que tienen dificultades técnicas para distinguir contenidos ilegales, y que prefieren que sea una autoridad competente quien dictamine qué debe ser removido de sus redes o plataformas antes que operar en la incertidumbre, auto-censurarse o peor aún, ejercer censura privada sin reglas claras.

El proyecto tenía oportunidades de mejora. Por ejemplo, el artículo 7, referido a la autorregulación de las empresas, fue también observado por varios actores de la sociedad civil en términos de la vaguedad de la formulación. Sin embargo, los principales argumentos que empujaron a los legisladores a abandonar este proyecto se basaron más en las posiciones de la industria de los derechos de autor, que a grandes rasgos buscan una remoción de contenidos basados en el principio de notice and take-down de los Estados Unidos con el Digital Millenium Copyright Acta (DMCA) de 1998, y es considerado una estrategia que se ha prestado a abusos que permiten encubrir ataques a la libertad de expresión. Además, en Estados Unidos esta ley convive con una formulación que otorga inmunidad a los intermediarios de Internet sobre los contenidos publicados por terceros en la Sección 230 de la Communications Decency Act (1996). Esta sección es para muchos especialistas internacionales la que ha permitido florecer a las grandes empresas de Internet de ese país.

Otro argumento esgrimido en las últimas semanas para desterrar el proyecto de parte de las empresas periodísticas es que la información de calidad es cara de producir. Como plantea el profesor Yochai Benkler, actualmente en la universidad de Harvard entre muchos otros expertos internacionales que han señalado este problema hace ya dos décadas, los argumentos usados por los medios tradicionales en la era digital siguen buscando consolidar un modelo de negocios asociado a la agregación de grandes audiencias, pero sin tener en cuenta que las barreras para la producción y circulación de información e ideas han bajado notoriamente y se reconfigura el concepto de consumidor como mero usuario o espectador de la información consumida por terceros.

Es lógico conceder la fundamental importancia que tienen las grandes empresas de servicios de información de Internet internacionales en el país, donde poseen altísimos índices de penetración entre los habitantes. Pero en la práctica, el abandono de este proyecto perjudica más a las pequeñas y medianas empresas locales de Internet que a las grandes. Para los gigantes tecnológicos es más fácil adaptarse a los contextos de incertidumbre local y a cumplir con la regulación de un país o región, incluso aquellas que son muy restrictivas. Por ejemplo, ya comienza a haber evidencia concreta con la implementación del Reglamento General de Protección de Datos en Europa en mayo de este año que muestra que se vuelve más difícil para las pequeñas compañías de publicidad competir en ese nuevo escenario contra las grandes empresas de Internet (Cliqz).

El desafío es doble: diseñar un marco legal que permita mantener a un ecosistema dinámico, diverso y abierto a la innovación para que puedan seguir sumándose nuevas voces y emprendimientos a Internet, y que al mismo tiempo promueva derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información en tiempos digitales.

La autora es co- directcora del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS), Universidad de San Andrés

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