El futuro de la economía depende de la decisión del Gobierno de planificar reglas para la libertad
El Gobierno implementó en pocos meses un conjunto impresionante de reformas y ajustes, pero hay medidas que son parciales y algunas sufren retrasos y retrocesos; qué podría pasar según cómo se definan los próximos pasos
PARA LA NACION
Hay dos libros de autores de cabecera de Javier Milei que resumen el dilema personal que enfrentará el Presidente en los próximos meses para consolidar el importante proceso de ajuste y reformas que comenzó en diciembre pasado. Ambos textos circularon en la Argentina en ediciones del Centro de Estudios sobre la Libertad, con prólogos nada menos que de Alberto Benegas Lynch (padre). En el primero, Planificación para la Libertad, un compendio de ensayos de Ludwig von Mises, el autor austríaco argumenta que no hay camino intermedio entre el laissez faire puro y el socialismo, ya que los modelos intermedios solo son caminos transitorios que conducen al socialismo. En el segundo, Monopolio y Competencia, el autor anarco-capitalista Murray Rothbard defiende los monopolios y los carteles como fenómenos naturales de mercado.
El dilema surge porque el Gobierno implementó en pocos meses un conjunto impresionante de reformas y ajustes, pero, como naturalmente pasa en todo manejo de una crisis de tal la magnitud, muchas medidas son parciales, varias son parches temporarios y algunas, como los casos de las de prepagas o el ajuste de tarifas, sufren retrocesos y retrasos.
Para poder consolidar las reformas, el Gobierno tiene que implementar en algún momento no muy lejano un sistema de reglas e incentivos que permitan dar un marco en el cual tanto empresarios como familias puedan proyectar a futuro y lanzarse de lleno a invertir, contratar y consumir. Es decir, se requiere en algún momento pasar de un entendible proceso caótico de medidas a un conjunto de reglas estables que permitan fomentar la inversión. Donde más se ve esta necesidad es en el ajuste de precios relativos.
El Gobierno asumió un impresionante costo político durante estos meses, al permitir el ajuste de precios relativos que habían quedado groseramente desalineados durante la gestión del triunvirato Fernández-Kirchner-Massa. Este ajuste comprendió un montón de mercados. El primero fue el de “Precios Cuidados”, un eufemismo para el control de precios que implementó el gobierno anterior sobre cientos de bienes de consumo masivo. Estos, que tenían desfasajes promedio del 40%, se ajustaron entre la segunda vuelta electoral y el 10 de diciembre, acelerando fuertemente la inflación al inicio de la gestión de Milei.
La lista es larga. El precio de la carne, medido en dólares al CCL, está a casi el doble que en septiembre de 2023 en el mercado mayorista de Cañuelas. Las naftas tenían un desfasaje de casi el 80% con la paridad de mercado en noviembre. Luego de una suba acumulada del 180%, ese desfase está ahora cerca del 30%, pero el ajuste se ralentizó recientemente en la búsqueda de bajar la tasa de inflación. Lo mismo ocurrió con el impuesto a los combustibles, que recaudaba un 0,7% del PBI hasta 2021, pero el gobierno anterior lo congeló como parte del esfuerzo para la campaña electoral de Sergio Massa, y recaudó poco más del 0,2% del PBI en 2023. El gobierno de Milei comenzó a subirlo, pero suspendió el ajuste en el mes de mayo. Lo mismo ocurrió con las cuotas de los colegios privados y las prepagas. Con gran costo político, el Gobierno liberó los precios de estas últimas, hasta que el impacto político de subas de más del 177% lo llevó a forzarlas a retrotraer parte de los aumentos.
En las tarifas públicas, los ajustes también fueron colosales, pero todavía están incompletos. El boleto de colectivo mínimo aumentó un 410% en el área metropolitana de Buenos Aires. Las tarifas de gas se incrementaron cerca del 330% promedio en abril. Y, sin embargo, el Gobierno suspendió en mayo la indexación mensual a la inflación de las tarifas de gas y electricidad.
Como comentó Florencia Donovan en su columna del viernes en este medio, la dupla Milei-Caputo tiene muchos más condimentos heterodoxos que lo que su ideología libertaria admitiría. Pero esto no quita que hayan avanzado fuertemente, asumiendo un gran costo político, en la corrección de precios relativos. La pregunta es para qué se hacen estos ajustes de precios. ¿Qué finalidad tienen?
En el ajuste de tarifas, un objetivo primordial es reducir el costo de los subsidios, uno de los grandes determinantes del déficit fiscal en las últimas dos décadas, habiendo llegado a casi 4% del PBI en 2014, y a porcentajes cercanos en años recientes. Pero no debería ser el único objetivo. Al igual que los ajustes en los precios permitidos al sector privado, el objetivo debería ser que el sistema de precios vuelva a jugar el rol que tiene en una economía de mercado, dando los incentivos correctos para inversores y consumidores.
Veamos el ejemplo del sistema de salud. Un problema que enfrenta es que el control de precios al que fue sometido generó problemas de capacidad edilicia y médica. Muchos médicos se fueron del sistema, al tiempo que no hubo aumentos visibles en la capacidad hospitalaria por parte del sector privado. La suba de precios de las prepagas debería incentivar a que vuelva a crecer la construcción de clínicas privadas. Pero, luego de la vuelta atrás de en los aumentos, ¿quién se va a animar a hacerlo? Desde otros sectores, además, se deben estar preguntando, antes de invertir: ¿qué pasa si después me toca a mí volver atrás con subas de precios? La incertidumbre es la mayor enemiga de la inversión. ¿Quién va a invertir hoy en generación de electricidad para cuando la economía vuelva a crecer?
Otro tanto ocurre con el ajuste fiscal. Es innegable que el Gobierno está haciendo un ajuste sin precedentes, tomando un gran costo político al echar empleados y congelar la obra pública. Pero también hay una parte de la mejora fiscal que es claramente un engaña-pichanga, como por ejemplo no pagar a Cammessa, y una parte que es temporaria. Hay cerveza en el vaso del ajuste fiscal, mucha, pero también hay espuma. Se requiere avanzar en acuerdos que permitan reemplazar lo efímero y lo engañoso por políticas permanentes, incluyendo un gran pacto fiscal con las provincias que permita que asuman parte del ajuste y que racionalicen sus desastrosos sistemas impositivos.
Lo mismo sucede con el régimen monetario y cambiario. Más allá de la discusión de si hay atraso cambiario o no o, más genéricamente, del actual esquema que combina una devaluación del peso del 2% mensual con un supercepo y con licuación de pasivos no monetarios del Banco Central (vía baja de tasas, dolarización y traspaso al Tesoro), lo más importante es lo que implemente el Gobierno a continuación. El actual esquema, cualquiera sea su objetivo, es súper recesivo. El futuro programa monetario/cambiario debe tener una combinación de tipo de cambio, tasa de interés y generación de confianza suficiente para que argentinos y extranjeros quieran invertir fuertemente en el país, tanto en lo financiero como en la economía real. Intentar deshacerse del problema monetario y cambiario con una dolarización “en el margen”, como parece estar pensando el Presidente, no parece cumplir estos requisitos. Llevaría a una deflación en pesos, en un entorno potencialmente muy recesivo.
El paradigma de lo que tiene que hacer el Gobierno lo brinda el gran prócer para el Presidente, Carlos Menem. Durante su presidencia, el crecimiento sin inflación recién se consolidó una vez que se implementaron marcos estables, tanto en lo monetario/cambiario, la convertibilidad, como en lo referido al comercio exterior y a los esquemas regulatorios para actividades como el petróleo y gas o la generación de electricidad, entre muchos otros.
Esos marcos regulatorios, similares a los más avanzados del mundo, permitieron durante varios años generar un entorno predecible para invertir y desarrollar negocios, hasta que el populismo se los llevó puestos. Durante su presidencia también se firmaron pactos fiscales con las provincias para que hagan su parte del ajuste y mejoren sus estructuras impositivas, y se implementaron marcos adecuados para que el sector privado reemplace al público en la inversión en infraestructura.
En síntesis, se requieren marcos regulatorios estables que permitan al sector privado planificar inversiones que implican hundir capital durante muchos años. Este conjunto de reglas no debe estar, como en el pasado, destinado a restringir la competencia, sino a fomentarla, incluyendo el control de prácticas monopólicas u oligopólicas. Si así se hace, las recientes idas y vueltas en el proceso de ajuste de precios relativos y el debate monetario y cambiario quedarán, como mucho, relegados a notas al pie de página de los libros de historia.
Si, en cambio, la discrecionalidad y la falta de marcos creíbles y permanentes se transforman en la norma, se convertirán en el núcleo de las tesis de por qué habrá fallado este nuevo intento de la Argentina de deshacerse del estatismo y de la “República Corporativa”. En definitiva, se requiere que el Presidente dé el paso mental para que, parafraseando a von Mises, el Gobierno “planifique reglas para la libertad”.
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