Alberto Fernández intentó sin éxito que uno de los brokers lo ayudara para aclarar su situación judicial
El empresario Martínez Sosa le dijo que sus asesores le indicaban otra estrategia y le mandó un mensaje donde afirmó que no era su testaferro y que no habían tenido negocios juntos
LA NACION
El expresidente Alberto Fernández pospuso personalmente hasta la semana pasada su defensa jurídica en la causa en que se investiga la contratación de pólizas de seguro en dependencias estatales con la intervención de brokers que eran sus allegados. Sin embargo, de manera reservada, buscó interceder para que ellos salieran a aclarar la situación y lo libraran de responsabilidad, según dijeron fuentes del caso.
Fernández está siendo investigado a partir de una denuncia del Gobierno porque firmó el decreto 823/2021, que obligaba a los organismos públicos a contratar sus pólizas mediante Nación Seguros. Pero en la contratación de esas coberturas intervinieron diversos productores y asesores de seguros. Un sector que Fernández conocía largamente desde que ocupó la superintendencia de Seguros de la Nación, entre 1989 y 1995.
En particular, los brokers que intervinieron mayoritariamente son Bachellier, que cobró comisiones por $1665 millones entre 2020 y 2023; la empresa Martínez Sosa y Cia, con más de $366 millones y Castello Mercuri SA, uno de los principales aportantes a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019, que llevó como candidatos a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La Justicia ahondó sus averiguaciones sobre Martínez Sosa y su entorno porque su titular, Héctor Martínez Sosa, fue allegado al expresidente: el broker le prestó 20.000 dólares, que nunca le devolvió, y la esposa de Martínez Sosa, María Cantero, era la secretaria privada de Fernández. El broker, además, visitó al expresidente en Olivos y era dueño de las oficinas que Fernández usó como búnker durante la campaña de 2019.
Cuando estalló el escándalo, el expresidente mantuvo el bajo perfil en el expediente, pero se comunicó con Martínez Sosa y le pidió que saliera a aclarar públicamente que no tenían ningún negocio en común y que no eran parte de ninguna maniobra para repartirse comisiones.
El empresario le contestó los mensajes de WhatsApp de mala gana y le escribió que estaba siendo asesorado por especialistas que le habían aconsejado mantener silencio. Le dijo que no era su testaferro y que nunca habían tenido negocios en común, según dijeron a LA NACION fuentes del caso, que advirtieron que todo esto quedó registrado en las comunicaciones a las que podrá acceder la Justicia.
La semana pasada, se presentó en la causa el expresidente. Designó como su abogada a Mariana Barbitta y recusó al juez Julián Ercolini.
Martínez Sosa emitió un comunicado en el que manifestó: “Nunca he ni hemos solicitado como empresa al expresidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”. Mencionó que “es real” su relación “de muchos años con el expresidente Alberto Fernández” y agregó que hace 15 años le hizo “un préstamo (aún impago)” que fue registrado en sus declaraciones juradas y en las de Alberto Fernández.
La relación entre Martínez Sosa y Fernández se rompió. Ya no es la que solía ser en otras épocas, con encuentros, cenas y tiempo compartido. Por entonces, había una relación laboral de máxima intensidad y de febriles demandas a toda hora del expresidente a la esposa del broker, María Cantero, por razones de la gestión pública.
Tampoco es igual hoy la relación entre María Cantero y Fernández. Sobre todo después de que el expresidente declaró sobre su exsecretaria: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo”. Fue cuando LA NACION le preguntó si era posible que Cantero hubiera llamado a organismos públicos para que contrataran las pólizas con la organización de seguros de su esposo.
La relación entre Martínez Sosa y el expresidente empezó cuando Alberto Fernández era superintendente de Seguros. Martínez Sosa trabajaba en la empresa que fundó su padre hace 52 años. María era secretaria de Alberto Fernández en esa época. Así la conoció quien se convirtió luego en su marido.
Cuando Alberto Fernández se convirtió en jefe de gabinete de Néstor Kirchner, incrementó notablemente la demanda sobre su secretaria, que andaba con tres teléfonos celulares. Eso mermó con la renuncia de Fernández, pero todo se volvió a agitar cuando se convirtió en candidato y luego en presidente. Entre 2019 y 2023, Martínez Sosa y Fernández siguieron en contacto, pero esporádico. Unas cuatro veces, señalan allegados al empresario.
Ercolini, que investiga a ambos, inhibió sus bienes para preservar sus patrimonio en caso de que sean condenados. Congeló así las inversiones de Martínez Sosa, su mujer y otras 30 personas.
“Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros SA”, dijo Ercolini. Una acusación para la que el empresario está preparando una respuesta.
Las personas, empresas y cooperativas afectadas por la inhibición de bienes y el levantamiento del secreto bancario y fiscal son Fernández, Alberto Pagliano, Martínez Sosa, Guillermo Alonso, Cantero, TG Broker, Pablo Torres García, Guillermo Torres García, Bachellier, Alfredo Tórtora, Ricardo González, Castelo Mercuri SA, Oscar Castello, Ernesto Mercuri y San Ignacio SA. También, Brian Kelly, Hernán Bressi, San Germán Seguros, Héctor Villaverde, Camilo Moreno Crotto, Marcela Baldini, Mauro Tanos, María Victoria Bisogni, Alfredo del Corro, María Lourdes Trupia, Carlos Alberto Suárez, Marcos Eufemio, Damián Grosso, Diego Rosendi, Lucas Rosendi y las cooperativas 7 de Mayo e Irigoin Limitada.
La Cámara Federal resolverá si mantiene esas medidas, que están provocando perjuicios económicos a los afectados, o si las limita o las revoca.
Hasta ahora, el juez Ercolini cuenta con el decreto de Alberto Fernández que obligaba a contratar con Nación Seguros las pólizas acordadas por los organismos del Estado, los convenios con los brokers que intervinieron y un análisis que señala que se cobraron en total comisiones por 3250 millones de pesos en cuatro años. Además, se investiga a dos cooperativas y a empresas vinculadas con funcionarios de la Superintendencia de Seguros que tenían permisos para manejar sus autos.
Ercolini tiene además el contenido de los teléfonos celulares y las computadoras de los investigados, y espera contar con un análisis completo de los cruces para decidir si avanza con las declaraciones indagatorias. Antes, rechazó la recusación que planteó Alberto Fernández. Resolverá ahora la Cámara Federal si mantiene al juez en la causa.
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