Cómo fue la polémica operación que terminó sellando la suerte de la titular de la Aduana y que provocó una reestructuración del organismo

Los últimos 15 días dentro de la Aduana fueron agitados. Corrieron múltiples versiones de qué ocurriría con Rosana Lodovico, la ahora extitular del organismo, luego de que LA NACION revelara que tomó un préstamo de US$250.000 de una empresa acusada de contrabando, tan solo dos meses después de que la Aduana le aceptare entrar en una moratoria, cuando Lodovico era mano derecha del director. Esta maniobra provocó que se presenten dos denuncias penales (hechas por Marcela Campagnoli y Yamil Santoro), que ahora tramitan en el juzgado de María Capuchetti, en Comodoro Py.

Hoy se confirmó, a través de una resolución oficial, que no solo Lodovico será desplazada -aunque continuará dentro de la Aduana, en la que trabaja hace cerca de tres décadas- sino que habrá movimientos en múltiples áreas sensibles. No hay despidos, sin embargo. Fue también corrido Ruben César Pavé, el actual N2 de la Aduana, subdirector general de operaciones aduaneras metropolitanas, que quedará como jefe de departamento de la aduana de San Lorenzo. En total, son nueve cambios, por ahora, aunque fuentes oficiales no descartan que haya más en el futuro.

El Gobierno comenzó a mirar con atención las denuncias de corrupción alrededor de la Aduana y ciertas irregularidades en el manejo de políticas públicas que no son su competencia, como el cuidado de divisas. Si bien no avanzó sustancialmente en la Justicia -al momento, ninguna de las denuncias presentadas el año pasado por los presuntos pedidos de coima para la autorización de importaciones- permanecieron los cuestionamientos sobre que sean las mismas personas que habían estado durante esa gestión las que conduzcan la actual.

Lodovico tomó junto a su exmarido una deuda de US$250.000 con una empresa denunciada por contrabando. El crédito fue acordado en 2022 con una sociedad anónima llamada Promarlon SA, según consta en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. El presidente de la empresa, Claudio Gabriel Szlaien, se acogió a una moratoria en agosto de aquel año (dos meses antes del préstamo) para pagar deudas aduaneras ocasionadas por el contrabando agravado en el que incurrió la empresa. Para poder ingresar al régimen de pago, requirió el visto bueno de la Aduana. La causa tramita en el Tribunal oral Federal de San Martín 5 e involucra a miembros de la firma y a funcionarios públicos del organismo de control.

“Tengo un pasivo en mi declaración por un préstamo que tome con una empresa por US$250.000 en octubre del año pasado. Este préstamo se pidió en conjunto con mi exmarido para la compra de una casa, una parte del valor total de US$330.000, y el resto fue pagado con ahorros”, explicó Lodovico a LA NACION. Ante la OA, la funcionaria declaró una deuda de 22.145.000 pesos (equivalente a su parte de la deuda al cambio oficial de la época).

La propiedad mencionada es una casa de vacaciones en Canning y fue comprada mientras ella ejercía funciones en la Aduana. Durante la gestión como ministro de Sergio Massa y como titular de la Aduana Guillermo Michel fue subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, uno de los puestos más importantes del organismo, y luego fue ascendida como titular del organismo en la gestión de Javier Milei.

La denuncia penal contra la empresa fue radicada en 2017 por la propia Aduana. El fiscal requirió la elevación a juicio de 25 personas por haber considerado que formaron parte de una organización dedicada a actividades relacionadas con el contrabando de mercaderías en sus diferentes etapas “(desde la obtención en la República de Paraguay, ocultamiento, transporte y distribución, hasta su comercialización al público en general), al menos desde febrero de 2017 hasta el 5 de octubre de 2018″, en connivencia con funcionarios públicos “del servicio aduanero”.

En el expediente se detalla: “Claudio Gabriel Szlaien, a quien se le atribuye, con la probabilidad de certeza exigida para esta etapa, el haber tomado parte en la organización criminal integrada por todas las personas mencionadas y con los alcances y funciones ut supra descriptas, siendo el encargado del manejo de los fondos producidos con el objeto de mantener vigente la estructura delictiva”. Más adelante, el fiscal argumentó que la sociedad Promarlon se usaba para girar dinero a Paraguay con el fin de “completar el circulo comercial de las maniobras ilícitas”.

En octubre del año pasado, en medio del proceso electoral y de una volatilidad cambiaria extrema en lo relativo al dólar blue, el Gobierno encontró un chivo expiatorio. Michel encabezó una cacería en las cuevas de la city porteña que, consideraba, habían provocado la suba en los tipos de cambio por operaciones internacionales que totalizaban los US$350 millones. Del otro lado, identificaron a los supuestos culpables: Ivo “el croata” Rojnica y Federico Pulenta fueron los apuntados por el Gobierno. Ambos quedaron imputados en la causa que tomó inicialmente el juez Federico Villena. Detrás de ellos, se detuvo a una decena de personas entre las que estuvo Szlaien.

Pese a la cercanía de la causa con el rol de Lodovico el año pasado, al ser consultada por la deuda a Promarlon -que todavía no fue devuelta-, la ahora exdirectora de la Aduana aseguró desconocer los negocios de esa empresa, a su dueño y dijo que podría haber tomado el mutuo de ésta como “de cualquier otra”.

Luego del cambio de Gobierno, el foco sobre esta “banda criminal” se dispersó, pero un mes y 20 días después de que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena procese a los imputados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita y trabe sobre Rojnica “un embargo récord en la historia penal argentina” por $100.000 millones, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña anuló la decisión del juez y los imputados fueron beneficiados con la falta de mérito. Se dictó su “inmediata libertad”.

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