Goles en contra con jugadas preparadas de antemano

Martín Guzmán tenía esta semana el terreno bastante preparado para correr el arco y llevar hasta después de las elecciones de octubre el inevitable acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para reprogramar los vencimientos por 40.000 millones de dólares que se concentran en 2022 y 2023 y resultan a todas luces impagables por la endeble situación del sector externo de la economía.

No es un escenario impensable si se considera que el Gobierno carece de un programa económico poselectoral (salvo su intención de frenar hasta entonces la aceleración inflacionaria a base de “anclas” de todo tipo, más controles de precios, restricciones a importaciones y multas a empresas) y que el staff del FMI busca evitar otro fracaso como el crédito otorgado en la gestión de Mauricio Macri, que el oficialismo se encargó ahora de judicializar internamente con final tan lejano como incierto.

Pero la política volvió a meter la cola. Como ocurre cada vez que Cristina Kirchner recurre al micrófono para hablar en público y Alberto Fernández busca complacerla con posturas populistas, la cancha quedó súbita e inoportunamente embarrada.

Días antes de viajar a los Estados Unidos, el propio ministro de Economía ya había adelantado su estrategia de negociación en el reportaje con Carlos Pagni por el canal LN+: cancelar los pagos al Fondo de este año (US$ 5000 millones) con el ingreso extra de Derechos Especiales de Giro (DEG), que el organismo dispuso asignar a los países miembros para contrarrestar los efectos de la pandemia y, paralelamente, refinanciar con el Club de París el vencimiento de US$ 2400 millones a fines de abril (que incluye dos meses de gracia), con plazos más largos y tasa de interés más baja que la acordada en 2014 por el entonces ministro Axel Kicillof.

En Washington DC tuvo además una racha favorable de buenas noticias que inclinaron la cancha a su favor. Por un lado, el directorio del FMI amplió la asignación global de DEG (su unidad de cuenta) de US$500.000 millones a 650.000 millones, con lo cual el bonus que le corresponderá a la Argentina –sin incrementar su deuda– se elevará a US$4354 millones y prácticamente “autopaga” los vencimientos de este año. Además, el Banco Mundial confirmó desembolsos de créditos por US$2000 millones que, si bien tienen destino específico, refuerzan las reservas del Banco Central (BCRA). Por otro y en el mismo sentido, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que, pese a la sequía (que redujo la cosecha en 10%), las exportaciones de granos y subproductos totalizarán US$34.642 millones, con un ingreso extra de casi 10.000 millones, debido a los mayores precios internacionales de la soja (65%) y el maíz (49%) respecto de la campaña agrícola anterior. Este resultado aportará además ingresos fiscales por retenciones al sector equivalentes a US$3740 millones.

Cronológicamente la secuencia será inversa, ya que el proceso de reasignación de DEG llevará alrededor de tres meses y el BCRA podrá contabilizarlos sobre el final de la temporada alta de liquidación de agrodólares.

Aun con esta perspectiva favorable, que en teoría permitiría evitar sobresaltos cambiarios hasta las elecciones, el equipo de Guzmán sufrió desde el propio oficialismo tres goles en contra que agravan la desconfianza externa en el país debido a sus crónicas políticas pendulares, a la vez que en el plano interno desnudan las diferencias ideológicas dentro del Gobierno, desconciertan a quienes buscan cierta previsibilidad en su gestión y ensanchan la grieta con la oposición.

Tampoco pueden atribuirse a errores, distracciones o casualidades. Tanto el discurso de CFK contra el FMI en Las Flores como la decisión oficial de retirar a la Argentina del Grupo de Lima en un respaldo implícito al régimen autocrático y populista de Venezuela, se produjeron el mismo día (24 de marzo). Todo indica que fueron jugadas preparadas para aprovechar la coincidencia con la fecha de conmemoración y repudio al drama de la dictadura militar de 1976. Solo una mirada más simplista sugeriría que ambas apuntaron a consolidar el voto de los sectores más radicalizados del heterogéneo Frente de Todos; pero su impacto no inmediato abarca al conjunto de los argentinos.

Cristina no hizo más que reiterar la postura que el bloque de senadores del FdT había planteado en una carta dirigida a la directora gerente del FMI a fin de 2020. Allí surgió el reclamo de extender a 20 años el plazo de reembolso del crédito stand by aprobado en 2018 y reducir la tasa de interés (mucho más baja que la del mercado). Su frase “No podemos pagar. No tenemos plata”, estaba destinada a ser título periodístico.

Pero el Fondo no es un acreedor privado; está integrado por países y se maneja con un estatuto común para todos sus miembros. Siguiendo con la analogía futbolera, es como si la Argentina reclamara disputar en 2022 el Mundial de Qatar con 14 jugadores en el campo y que no se les cobre penal si tocan la pelota con la mano dentro del área. De ahí la lacónica respuesta negativa del vocero del FMI. El conflicto es que esto ocurrió mientras en Washington, Guzmán discutía los términos de un acuerdo de facilidades extendidas que permitiría obtener otro crédito equivalente a los vencimientos concentrados entre 2022 y 2023 para refinanciarlos a 10 años (el plazo máximo previsto por el organismo). Y el propio Alberto Fernández mantenía una videoconferencia con el titular del Banco Mundial, David Malpass, para afirmar que la Argentina va a honrar sus deudas. Luego Hebe de Bonafini acusó al Presidente y al ministro de “engañar a los argentinos”. No por azar el riesgo país se aproximó a los 1600 puntos y los bonos argentinos del canje de 2020 cotizan a menos de un tercio de su valor nominal, aunque no entrañen riesgo de default hasta 2024. El staff del Fondo finalmente habló de las consabidas “reuniones constructivas” y se alineó con el discurso de Guzmán para calmar las aguas.

Hay quienes sostienen (como el politólogo Andrés Malamud), que CFK buscó darle cobertura al ministro de Economía para cuando llegue el momento de cumplir otra exigencia del organismo: que el Congreso apruebe previamente el programa junto con un sendero trianual acordado con la oposición en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Sin embargo, no parece probable que ello vaya ocurrir tras las fuertes críticas a Macri y la oposición de Juntos por el Cambio.

A su vez, como el portazo al Grupo de Lima colisiona con la política de Joe Biden hacia el régimen de Nicolás Maduro, podría influir en el voto decisivo de los EE.UU. cuando el directorio del Fondo deba aprobar el programa con la Argentina. Para colmo, el argumento de la Cancillería, de que las restricciones económicas de otros países (con EE.UU. a la cabeza) impiden respetar los derechos humanos del pueblo venezolano, acaba de ser desvirtuado por el propio Maduro al rechazar el envío de 2,4 millones de dosis de vacunas de Astra Zeneca gestionadas por la oposición con fondos liberados por el gobierno estadounidense.

Finalmente, el último gol en contra de Alberto Fernández, de amenazar con la ruptura con los socios del Mercosur, resulta más opinable y tal vez requiera del VAR. Hay quienes lo atribuyen al irascible carácter presidencial, a la ausencia de política exterior, a la influencia del Instituto Patria o a los tres factores. De hecho, no pocos empresarios recuerdan que, en charlas privadas, el canciller Felipe Solá se mostró proclive a avanzar en el acuerdo del bloque con la Unión Europea, al considerar que abre un plazo de 10 años para adaptar el tratamiento de los distintos sectores productivos.

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