Los militares, más cerca de Villarruel en el debate con Bullrich sobre la participación en la lucha contra los narcos
Los jefes de las FF. AA. fueron consultados por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la mayoría de ellos puso reparos; sin embargo, ante la posible reforma de la ley de seguridad interior, prevalece el criterio de actuar según lo que establezca el marco legal
LA NACION
Entre los militares, la vicepresidenta Victoria Villarruel saca ventaja en la pulseada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. En el ámbito castrense prevalecen las dudas y el rechazo a la intervención en Rosario para frenar el avance de la violencia, advirtieron fuentes castrenses.
Según pudo saber LA NACION, antes de avanzar con el plan de incluir a los militares en las operaciones, a partir de la anunciada reforma de la ley de seguridad interior, el ministro de Defensa, Luis Petri, consultó a los jefes de cada fuerza, y la mayoría puso reparos. Así y todo, la iniciativa impulsada por Petri y Bullrich siguió su curso y llegará al Congreso.
“Los reparos son los lógicos, por ahora no hay ley que nos cubra. Con una ley del congreso es otra cosa”, reveló a este diario una alta fuente militar. De esa mirada se desprende que no existe un ánimo de poner piedras en el camino a la posible reforma del marco legal.
“No hay diferentes posturas entre los jefes de las Fuerzas Armadas. Lo importante es darle tiempo al debate democrático. La posición de toda la conducción militar es una sola. dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, resumió a LA NACION una fuente castrense al tanto de la polémica abierta en el espacio político que gobierna.
“La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. Los que combatieron el terrorismo están presos”, sentenció sin equívocos Villarruen, en franca oposición a la iniciativa anunciada por los ministros de Defensa y de Seguridad.
Se trata de dos áreas -Defensa y Seguridad- en las que la actual titular del Senado esperaba tener influencia, como prometió Javier Milei en la campaña electoral y admitió la propia vicepresidenta, que tiene un vínculo muy directo con la “familia militar”. Hija de un militar que en los años 70 participó del Operativo Independencia y en 1982 combatió en la Guerra de Malvinas, en 2006 creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), para mostrar la otra cara al discurso que bajaba del poder durante el kirchnerismo. Hoy se opone a que los militares se involucren en el combate al narcotráfico.
Los militares detenidos
La secuela de los 70 sigue siendo un elemento condicionante en la discusión frente a este tema sensible.
A 48 años del golpe de 1976, aún permanecen encarcelados en unidades penales 115 militares y efectivos de fuerzas de seguridad y policiales, por las causas judiciales de lesa humanidad, a los que deben sumarse otros 739 que cumplen prisiones domiciliarias. Esos 854, que incluyen a algunos civiles, forman parte de un universo más amplio, marcado por 812 procesados y 1038 condenados.
Los datos fueron aportados a este diario por la Unión de Promociones, que contabiliza 830 muertos en cautiverio o bajo proceso judicial. “El total de presos políticos alcanza a 2725″, dijeron en la institución.
Como informó LA NACION el miércoles pasado, ya en la campaña Villarruel expuso sus diferencias con Bullrich –por entonces candidata a presidenta por Juntos por el Cambio- sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia narco.
“Antes de debatir sobre si las FF.AA. deben combatir al narcotráfico hagamos unas menciones previas. @PatoBullrich: Primero hay que repensar el rol de las Fuerzas Armadas. Segundo, el presupuesto en Defensa de la Argentina es el más bajo de toda la región desde hace años. No hay armamento, ni adiestramiento”, había escrito Villarruel en una cadena de tuits, en febrero de 2023.
De acuerdo a lo anunciado por el ministro de Defensa, el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso fortalecerá la cobertura legal de los militares para intervenir en Rosario. Tendrán las mismas atribuciones que las fuerzas de seguridad. Podrán realizar patrullajes y controles de personas y vehículos, proporcionar seguridad a instalaciones por tiempo limitado, intervenir en flagrancia ante la comisión de delitos, dando intervención inmediata a jueces y fiscales.
Petri tiene en carpeta, además, un cambio inmediato de la reglamentación de la ley de defensa nacional, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín y cuyo espíritu fue modificado con un decreto de ´Néstor Kirchner en 2006. La ley habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir ante agresiones externas, peor el decreto reglamentario limitó esa atribución a la respuesta de agresiones perpetradas por otros Estados extranjeros, lo que deja afuera la posible intervención ante eventuales atentados terroristas.
Secuelas de los 70
Además del fantasma de los 70, que lleva a muchos militares advertir que aún hoy están pagando consecuencias por los enfrentamientos contra la guerrilla de hace 50 años, varios uniformados advierten sobre diferencias entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.
Altos mandos retirados entienden que las operaciones militares no son disuasivas o preventivas, sino que emplean armas letales. En línea con ese pensamiento, la exposición a eventuales cuestionamientos por las consecuencias de sus acciones es mayor.
Esa visión fue expresada por la propia Villarruel en la cadena de tuits de febrero de 2023 en los que respondía a la propuesta de Bullrich, quien ya entonces planeaba sumar a los militares en operaciones de seguridad.
“No hay Código de Justicia Militar y las cuestiones estrictamente militares se terminan debatiendo en juzgados civiles, en los que nadie entiende ni qué son las reglas de empeñamiento. Ergo, están indefensos ante cualquier acusación o maniobra legal”, escribió la ahora vicepresidenta.
Ante una consulta de este diario, un general retirado dijo que existe “frustración desde hace tiempo con el actual gobierno, ya que la familia militar votó con la idea de que Villarruel lideraría el área de Defensa y se designó a un radical de Pro. Y metidos en un tema que causa mucha desconfianza, a la luz de lo ocurrido”, expresó.
Claro que el pensamiento no es unánime. En el Foro Argentino de Defensa, que promueve el debate sobre los problemas de “un área esencial” y que preside Santiago Lucero Torres, se vive “con preocupación que no haya una visión compartida dentro del Poder Ejecutivo sobre una cuestión tan delicada”.
“No podemos dejar de hacer lo que hay que hacer, porque haya ciudadanos y héroes de la batalla de los 70 que se encuentren aún hoy detenidos, lo que viola la ley vigente. Reformar las normas para que garanticen, encuadren y protejan la participación de nuestras Fuerzas Armadas es una condición indispensable para que brinden apoyo en el combate contra el narcoterrorismo. Se trata de una lucha que requiere de todas las agencias del Estado, sin ideologías, ni infiltrados”, concluyó Lucero Torres.
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