Reabren el caso por la muerte de Santiago Maldonado, pero insisten en que no hubo “desaparición forzada”
Lo resolvió la Cámara de Comodoro Rivadavia, que apartó al juez de Esquel por su inactividad y envió la causa a Ushuaia; fue a pedido de familiares y organismos de derechos humanos
LA NACION
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el archivo de la causa en que se investiga la muerte del artesano Santiago Maldonado en 2017 y el sobreseimiento de los gendarmes que estaban imputados, para ordenar que se lleven a cabo nuevas medidas de prueba, aunque resaltó que no hay elementos para sostener la idea de que fue víctima de una “desaparición forzada”, como sostiene la familia, un sector del kirchnerismo y organismos de derechos humanos.
El fallo de los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez apartó además al juez federal de Esquel Gustavo Lleral por su “inactividad” y decidió enviar al caso al juez federal de Ushuaia Federico Calvete.
Los camaristas actuaron por la apelación de familiares de Santiago Maldonado y organismos de derechos humanos, que cuestionaron la imparcialidad del juez Lleral y se opusieron al cierre definitivo de la causa.
Maldonado participaba de un corte de ruta en apoyo de la comunidad mapuche en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, el 1 de agosto de 2017, cuando la Gendarmería dispersó a los manifestantes. Maldonado desapareció y apareció muerto un mes y medio después, el 17 de septiembre.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia volvió a revocar la decisión que dispuso el archivo de las actuaciones y el sobreseimiento de todos los implicados en el expediente en que se investiga la muerte de Maldonado, luego de que advirtiera que el pronunciamiento dictado por el juez subrogante de Esquel, en 2023, era idéntico al que habían dejado sin efecto en 2019.
En noviembre del 2018, el juez Lleral había concluido la investigación, al considerar que los resultados de la autopsia eran suficientes para afirmar que la muerte de Maldonado había sido “de naturaleza accidental” y que ninguna persona debía responder por lo ocurrido.
En su primera intervención, la Cámara de Apelaciones había resuelto que, si bien la secuencia que derivó en la muerte del artesano había quedado establecida por la prueba científica con intervención de todos los peritos, restaban esclarecer otras aristas del caso para darle un cierre definitivo a la instrucción, por lo que ordenaron una serie de nuevas medidas de prueba.
Sin embargo, a fin de 2023, el juez Lleral volvió a disponer el archivo del caso, al interpretar que las medidas sugeridas por la Cámara no iban a rebatir sus conclusiones anteriores. El caso llego otra vez a la Cámara y los jueces Leal de Ibarra y Suárez volvieron a explicar las razones por las que consideraban que las pruebas permiten descartar la primera hipótesis de desaparición forzada de personas.
Los jueces dijeron que ya sostuvieron que “los elementos probatorios incorporados al expediente eran suficientes para descartar una sola de las hipótesis que se venían planteando en torno al deceso de Santiago Maldonado; consistente en que aquél había sido privado de su libertad durante el procedimiento llevado a cabo en el Pu Lof, y luego conducido, de manera clandestina y sin reconocer dicha detención, hacia un lugar distinto en que le provocaron la muerte”. Pero eso no obsta a que se siga investigando.
Los camaristas afirmaron que esa teoría “ya había quedado desprovista de todo respaldo puesto que encontraba, como principal sustento, un testimonio que no había podido ser refrendado por medio alguno, tornándolo así ineficaz para desvirtuar el mayor grado de convicción que surgía de la prueba científica rendida en autos, y que sugería, con suma contundencia, un desenlace diferente”.
Sin embargo, volvieron a remarcar la necesidad de agotar toda las medidas de prueba pendientes, para terminar de despejar las dudas que se generaron luego de la autopsia, de modo de terminar la investigación. Pidieron ampliar el informe de la autopsia, peritar un bastón y unos billetes en poder de Maldonado, averiguar sobre la pista del polen sobre las vestimentas del fallecido y determinar mediante estudios si es posible que el cuerpo hubiera estado sumergido en un medio acuático distinto a aquél en que fue hallado.
Los jueces mandaron que se tome de nuevo declaración a Lucas Pilquiman, conocido como el testigo E en la causa. Pilquiman declaró que se arrojó a las aguas heladas del río en Chubut aquel 1 de agosto de 2017 y expresó que, en un momento, Maldonado le dijo que no podía más: “Siga usted”, le habría dicho Maldonado.
Tras huir nadando, Pilquiman dijo que fue testigo ocular en el momento exacto en que el joven era detenido, golpeado y arrastrado por los gendarmes hasta el interior de un vehículo Unimog. Sin embargo, luego se desdijo y manifestó lo contrario. Dijo que vio a Maldonado agotado, en medio del río y con el agua a la altura del pecho. Pilquiman es un dirigente de la Resistencia Ancestral Mapuche.
A su vez, los camaristas criticaron la larga inactividad del expediente y resolvieron apartar al juez Lleral, al considerar que la reticencia que había demostrado en agotar los medios de prueba que tenía a su alcance era suficientemente indicativa de que ya tenía formado un criterio acerca de lo acontecido.
En consecuencia, la causa quedará a cargo del juez federal de Ushuaia Federico Calvete, a quien consideraron en mejor posición para culminar prontamente las tareas pendientes.
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