Usaban el servicio de mudanzas para argentinos que volvían de los EE.UU. para contrabandear mercadería

Luis Ernesto P. vivió tres años en Miami. En julio de 2016, junto con su esposa, decidieron regresar a la Argentina. Para poder mudar todas sus pertenencias contrató a una empresa especializada. En septiembre de ese año fue al puerto de Buenos Aires para retirarlas. Pero no pudo. En el contenedor que había llegado desde los Estados Unidos no solo estaban sus cosas: había, también, una gran cantidad de mercadería que no era suya y que alguien intentaba ingresar ilegalmente en el país. El de Luis no fue un caso aislado: era parte de un plan criminal, un modus operandi de una banda de contrabandistas con conexiones con empleados corruptos de la Aduana.

Así surge de una investigación judicial a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. En las últimas horas, el magistrado procesó a ocho sospechosos de participar en las operaciones de contrabando, entre ellos, un hombre de 47 años que cumplía funciones como verificador de la Dirección General de Aduanas (DGA). Hay otros cuatro aduaneros imputados.

“La presente instrucción tuvo como propósito investigar la presunta actuación de una asociación ilícita que habría simulado diversas mudanzas internacionales de ciudadanos argentinos residentes en el exterior, cuyo régimen de importación se encuentra exento de gravámenes, con el fin de ingresar al país mercadería de origen extranjero destinada a ser comercializada. De esta manera se pretendió evadir el pago de los derechos que gravan las importaciones para consumo”, explicó el juez Aguinsky en su reciente resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Los contrabandistas intentaron ingresar de forma ilegal insumos médicos, ecógrafos, consolas de juegos, notebooks, joysticks, palos de hockey, zapatillas, ropa, cascos, telas y otro tipo de mercadería.

“En lo que respecta a los presuntos hechos ilícitos que habrían llevado a cabo los sospechosos, se ha podido determinar, con base en la organización y distribución de roles, que habrían ingresado e intentado ingresar irregularmente en la Argentina mercadería nueva de origen extranjero con fines de ser comercializada en el país, estibada en los contenedores vinculados a los 35 hechos individualizados en la presente causa, burlando necesariamente, para ello, el control aduanero. En ese contexto, para lograr la finalidad del ingreso ilegal de mercaderías, se habría procurado simular operaciones de transporte internacional de mercaderías bajo el régimen de mudanzas internacionales, que en el territorio nacional se encuentra exento de gravámenes para los argentinos residentes del exterior que pretendan regresar a la Argentina”, explicó el magistrado al fundamentar el procesamiento de los imputados.

Si bien Luis Ernesto P., que ahora vive en España, fue imputado, al avanzar el proceso fue sobreseído. Al igual que les sucedió a otros argentinos que vivían en los Estados Unidos y oportunamente decidieron regresar a la Argentina, su nombre y su trámite de mudanza legal fue utilizado para poder concretar la operación de contrabando.

“En julio de 2016, luego de residir tres años en Miami, con mi esposa decidimos regresar a la Argentina. Por haber vivido más de dos años en otro país se nos permitía hacer una mudanza [exenta de impuestos], para lo cual contacté al señor [Aldo] Limardo para que nos realice la operación. Para ello fuimos llevando nuestras pertenencias a su depósito en Aventura, Florida. Todo el detalle de nuestras cosas fue entregado en una lista. Llegamos con mi esposa a Buenos Aires el 26 de julio de 2016 y tuvimos que esperar nuestras pertenencias hasta el 21 de septiembre de 2016, día en el cual me citaron en la terminal Río de La Plata 1 para abrir el contenedor. Cuando se abrió el contenedor me di cuenta de que la mayoría de la mercadería que había no me pertenecía, y que tampoco coincidía con el packing list. Cuando se cerró el contenedor en Miami yo ya me encontraba en la Argentina con mi familia; por lo tanto, no pude saber qué había en el interior”, explicó Luis Ernesto P. en su declaración indagatoria.

Limardo, de 54 años, es uno de los ocho sospechosos procesados por el juez Aguinsky. Es propietario de la empresa Venner Trade Company LLC, radicada en Miami, según consta en el expediente judicial. El magistrado trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 14.470.606.077 pesos.

En el expediente, el Ministerio Público está representado por el fiscal Jorge Dahl Rocha. En un primer momento participó de la investigación su colega María Gabriela Ruiz Morales.

“Para lograr la finalidad del ingreso ilegal de mercadería en el país, se habría procurado simular operaciones de transporte internacional bajo el régimen de mudanzas internacionales, que en el territorio nacional se encuentra exento de gravámenes para los argentinos residentes del exterior que pretendan regresar a la Argentina. Se habría recurrido a los servicios de flete internacional que prestaba Limardo con su empresa. La compañía habría utilizado los nombres de sus clientes y/o interesados en mudar sus pertenencias desde los Estados Unidos hacia la Argentina, como consignatario de los contenedores –con los elementos a mudar–. Es decir, Limardo efectivamente llevaba a cabo el servicio de mudanzas de particulares de un país a otro, ofreciendo además toda la gestión legal y de traslado para que las pertenencias de aquellos individuos lleguen a destino. Para ello, entonces, mediaban entre las oficinas de la ciudad Miami, presididas por él, y su oficina en la Argentina, donde se ocupaban de todos los trámites en el país y de la recepción del contenedor y la salida del mismo a plaza”, explicó Aguinsky.

El magistrado sostuvo que a lo largo de la investigación se pudo demostrar que “los documentos de transporte internacional resultaron ser apócrifos en cuanto a la especie de la mercadería transportada, y fueron así presentados ante los organismos aduaneros con el claro propósito de burlar el control aduanero ingresando mercadería nueva de todo tipo y variedad con fines comerciales y sin abonar los tributos que realmente correspondían”.

Según el expediente judicial, la documentación presentada ante las autoridades aduaneras se repetía en forma constante, solo se cambiaban las identidades de los ciudadanos argentinos que decidían regresar al país.

La repetición sistemática de los formularios quedó expuesta en un error de tipeo que se encontraba siempre en la documentación: “tricilo”, en vez de triciclo.

“En varias oportunidades los artículos a mudar ocupaban un porcentaje mínimo de espacio dentro del contenedor y el resto era rellenado por mercadería ajena a dicho servicio de mudanza, con un fin comercial. En ciertos casos, por lo desarrollado en el momento de recordar lo declarado por los consignatarios, los ‘clientes’ del servicio de mudanza fueron potenciales, porque según la documentación migratoria nunca llegaron a contratar dicho servicio ni a mudarse. Se supone entonces que los servicios que presentaban a sus clientes o potenciales clientes eran una pantalla, es decir, personas o consignatarios interpuestas que efectivamente tenían la intención de mudar sus pertenencias de un país a otro, pero el mismo embarque habría sido utilizada para traer mercadería extraña a dicho envío, con el objetivo de ocultar a los verdaderos importadores de mercadería no declarada en cada caso”, afirmó el magistrado.

El juez Aguinsky tiene a su cargo la megacausa de la Mafia de los Contenedores, que tiene varios legajos, y diferentes partes de ese expediente ya fueron elevadas a juicio oral y público. Uno de ellos fue el legajo de Claudio “Mono” Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido, que en noviembre de 2019 fue condenado a cinco años de cárcel.

Según fuentes judiciales, Aguinsky había dividido el expediente en varios legajos para evitar “la formación de una megacausa que solo sirve para enredar las distintas líneas de investigación. Analizar las operaciones de la Aduana entre 2014 y 2016 por todos los rubros juntos formaría una megacausa con un destino de fracaso, por la multiplicidad de operadores que se mezclan. Cada capítulo confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico está en condiciones de ser elevado a juicio oral. Así, nadie tiene que esperar toda la causa para ser juzgado”.

Según pudo saber LA NACION de calificadas fuentes judiciales, en las próximas semanas, el juez Aguinsky elevaría a juicio los últimos legajos de la causa de la Mafia de los Contenedores, donde hay 100 imputados, entre los que se encuentran 51 aduaneros.

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