Los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022: “Destruyen la democracia”, el clima de protestas y las amenazas de boicot

Acometida por una campaña de afiches en los que se leen frases como “Frenen a los Juegos del Genocidio” y “No a los Juegos de China 2022″, Pekín se apresta para recibir del 4 al 20 de febrero próximo a los 2892 atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Los mensajes, trasladados por activistas de los derechos humanos, apuntan contra el gobierno de Xi Jinping, acusado de cometer irregularidades en la franja noroeste del país; más precisamente en la región autónoma de Sinkiang. “Destruyen la democracia de Hong Kong” y“¡Muevan los JJ.OO. a otro país!” son otras de las rúbricas más repetidas. Así se viven los meses previos.

Sucede que en ese alejado territorio conviven en un clima heterogéneo una minoría islámica, los uigures, y el Estado chino. Organizaciones como Amnistía Internacional y Council On Foreign Relations (CFR) acusan la existencia de un “manto de vigilancia” organizado para circunscribir la presencia de su religión a esa región y de “campos de educación” para prevenir que se expanda hacia las futuras generaciones. Según AI, este seguimiento, traducido en “diversas formas de tortura y malos tratos, el adoctrinamiento político y la asimilación cultural forzada”, comenzó en 2016 y no frenó. A solo cinco años, se estima que un millón de personas (de un total de 13 millones) uigures fueron detenidas arbitrariamente.

En este marco, surgen organizaciones que propugnan un cambio de sede inmediato, como Estudiantes por un Tibet Libre, cuyos miembros, hace unas semanas, interrumpieron en Grecia la ceremonia de encendido de la llama olímpica y agitaron pancartas contra la realización de los Juegos. Fueron detenidos por la policía griega y liberados a los pocos días. Pero la pregunta no podría retumbar más fuerte: ¿Puede convivir la cita olímpica con este barullo político?

Minky Worden, Directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch, opina que el clima está muy alejado del ideal; no obstante, no asegura que la organización del evento sea inviable. “China atraviesa la peor represión de derechos humanos desde la Masacre de Tiananmen en 1989. El gobierno persigue a millones de uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang, y ha redoblado la opresión en Hong Kong, al tiempo que ejerce un control cada vez más férreo sobre los medios de comunicación”, escribió la dirigente en un artículo publicado en HRW.

Evan Bates, patinador estadounidense, piensa que la situación es “terrible”. Bates no indicó que los atletas de su país vayan a participar de un boicot de deportistas, pero se quejó en su nombre y en el de todos ellos: “Estamos muy enojados con lo que está sucediendo allí. Hablando en nombre de todos los atletas, puedo decir que las violaciones de los derechos humanos son abismales, y todos creemos que desgarra el tejido de la humanidad”.

Aquí surgen dos interrogantes. ¿Habrá atletas que se manifiesten en contra de estos accionares? ¿Se producirá una reacción colectiva de un grupo de representaciones de varios países? Ambas alcanzan cierto grado de probabilidad.

Una pauta específica del COI prohíbe cualquier tipo de manifestación política durante el transcurso de los eventos deportivos. “No se permite ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes u otras áreas olímpicas”, advierte la regla 50. Los antecedentes la legitiman.

En los Juegos Olímpicos de 1968 de México, los corredores John Carlos y Tommie Smith levantaron los puños enguantados de negro en un estadio abarrotado. Ambos fueron expulsados del equipo estadounidense en los Juegos por la USOPC, entonces llamado Comité Olímpico de los Estados Unidos. El gesto enfureció al COI pero sigue siendo una de las imágenes olímpicas más icónicas.

En 2008, China, entonces gobernada por Hu Jintao, le revocó la visa a un atleta por una insólita razón. Se trató de Joey Cheek, patinador olímpico y ganador de una medalla de oro en Turín 2006. El estadounidense iba a ingresar al país como espectador miembro de su delegación, pero su actividad militante encendió varias alarmas. Cheek es cofundador de Team Darfur, un grupo activista que criticaba a al país asiático por violar un embargo internacional de armas y enviar municiones a grupos mercenarios de Sudán, donde en aquel entonces ocurría una violenta persecución contra minorías étnicas. “No lo vi venir”, dijo a Associated Press, tomado por sorpresa cuando fue expulsado de esas tierras.

“Human Rights Watch apoya que se realice un boicot diplomático de las Olimpíadas de Pekín”, advirtió Warden en su texto.

Entre tanto, el diario chino Global Times publicó una editorial que resume la postura más dura del gobierno de Xi: “Los Juegos Olímpicos de Invierno pertenecen al mundo y China es solo el anfitrión. Beijing no cambiará los intereses centrales de China por el apoyo de algunas fuerzas europeas a los Juegos Olímpicos de Invierno. Esas personas sobreestiman su valor para los Juegos Olímpicos de Invierno y su valor para China”.

Chemi Lhamo, una integrante de los estudiantes detenidos, retruca en diálogo con LA NACION: “China no tiene ningún derecho a albergar los Juegos Olímpicos de 2022 dado que el Partido Comunista de China está empeñado en tratar de eliminar la identidad tibetana, asesinar al pueblo uigur y destruir la democracia en Hong Kong. La solución es trasladar los juegos a otra región que no tenga un historial brutal de derechos humanos y en la que no se esté cometiendo un genocidio”.

Lhamo, que se define como tibetana-canadiense, adjuntó: “Este es un llamado a la acción para que todos los locutores y patrocinadores se coloquen en el lado correcto de la historia y no ayuden al estado autoritario a barrer los crímenes de lesa humanidad bajo la alfombra”.

En un comunicado publicado en 2017, el COI (Comité Olímpico Internacional) afirmó que a partir de 2024 se protegerán los derechos humanos de los atletas, sea cual fuere el territorio anfitrión. Pero faltan dos años... Hoy, la Carta Olímpica no abarca tal blindaje. Por lo que, en rigor, si un atleta pronunciase (en el transcurso de los JJ.OO) un mensaje en contra de lo que sucede en Gobi, podría quedar sujeto a las medidas que tome el gobierno de Xi Jinping.

A eso, al igual que Evan Bates, se enfrenta EU Athletes, la Asociación Europea de Atletas de Elite, con un aliciente claro: “La libertad de expresión es un derecho humano”. Claro que eso, como dos imanes que se rechazan, es incompatible con el pulso de la realidad en el gigante asiático.

“En lo que respecta a los abusos del gobierno de China y las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, el Tíbet o Hong Kong, el público en general en Europa está cada vez más preocupado por el debate público y las declaraciones políticas”, dijo a LA NACION Paulina Tomczyk, secretaria general de la asociación.

“Los deportistas no quieren que sus actuaciones se utilicen para sportswashing o la propaganda política del régimen. Ellos no pueden opinar sobre dónde se llevan a cabo los Juegos y no tienen opción. Claramente, es una posición difícil e injusta en la que se encuentran”, añadió.

Tomczyk implora por una versión atenuada de la regla 50: “Debería abolirse”. Y agrega que la cuestión de la libertad de expresión durante los Juegos Olímpicos “debería abordarse a través del prisma de los derechos humanos. La manifestación o protesta pacífica es un derecho fundamental de toda persona, y eso incluye a los deportistas”. Mensajes en armonía con el de Bates. Y con el de John Carlos y Tommie Smith en aquella elocuente escena.

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