Históricamente cerrado, Japón se abre a la inmigración por la escasez de mano de obra, ¿qué trabajadores busca?

TOKIO.- Japón siempre se ha destacado entre las naciones industrializadas por su histórica política de puertas cerradas a la inmigración. Pero ahora que el país sufre una grave escasez de mano de obra, que viene a sumarse al acuciante problema del envejecimiento poblacional, el gobierno de Tokio está planeando algún tipo de apertura a los inmigrantes extranjeros.

El jueves, las autoridades japonesas anunciaron que el gobierno autorizará que más obreros extranjeros se queden indefinidamente en el país y puedan hacer ingresar a sus familias. Esa medida extendería a muchas personas la posibilidad de vivir en Japón de manera permanente, una opción que actualmente solo tiene un pequeño grupo de extranjeros de profesiones muy requeridas. El cambio, además, marca un giro sustancial en un país tradicionalmente considerado reacio a la inmigración, por más que los expertos señalen hace tiempo que sería la solución para la escasez de mano de obra y el descenso poblacional, o como respuesta a las crisis de refugiados en otras partes del mundo.

En el marco de un programa que arrancó en 2019, se autorizó que trabajadores semicalificados de sectores con muchas vacantes, como limpieza y mantenimiento, pudieran trabajar en Japón hasta un máximo de cinco años, pero sin la posibilidad de llevar a sus familias. Sin embargo, trabajadores de dos sectores, la construcción y los astilleros, estaban sujetos a normas diferentes, que les permitían renovar continuamente sus visas y traer a sus familias a vivir con ellos.

En medio de una escasez de mano de obra que se profundizó por la pandemia, el periódico de negocios Nikkei Asia informó el jueves que el gobierno japonés ahora planea extender esas reglas más laxas a la totalidad de los 14 sectores donde falta personal, lo que permitiría que una proporción mucho mayor de trabajadores extranjeros puedan prolongar su estadía laboral en Japón a partir del año que viene.

En conferencia de prensa, el secretario de gabinete nipón, Hirokazu Matsuno, confirmó la noticia, pero recalcó las diferencias entre la renovación de una visa y el otorgamiento de una residencia permanente.

“Entiendo que el Servicio de Inmigración y otros organismos importantes están analizando el asunto para ampliar la categoría de trabajadores que pueden renovar sus visas y traer a sus familias”, dijo Matsuno.

Aunque desde una perspectiva global se trata de medidas de poco alcance, para Japón son muy significativas. En Japón, la inmigración fue in tema tabú durante décadas, debido a la preocupación por la cultura autóctona y la homogeneidad étnica que suele teñir la ideología de la poderosa derecha japonesa. El país aceptaba apenas un puñado de inmigrantes al año, y por lo general, con requisitos sumamente estrictos. Solo grupos muy selectos, como los familiares y descendientes de japoneses emigrados que habían hecho una vida en Latinoamérica, recibieron la oferta de un permiso de residencia permanente.

Proceso paulatino

Como el sentido común indicaba que la inmigración a gran escala sería políticamente indigerible, los funcionarios fueron tomando medidas sigilosas para atraer a un número de trabajadores extranjeros cada vez mayor, pero siempre relativamente pequeño, para no levantar polvareda ni generar debate público. Y esas medidas muchas veces respondían a motivaciones poco claras, como la normativa que autoriza a los estudiantes extranjeros a trabajar medio tiempo en empleos cuestionados por sus malas condiciones laborales.

Hace tiempo que la política de puertas cerradas de Japón choca con la postura de sus pares desarrollados: hasta 2016, el país había aceptado a apenas un puñado de refugiados de la guerra civil de Siria, mientras que Estados Unidos y los países de la Unión Europea ya habían recibido a decenas de miles de migrantes.

Pero hace unos años que el envejecimiento de la sociedad japonesa representa un serio dilema para la política local. Las cifras oficiales de 2016 revelaron que la población del país había disminuido en casi un millón de personas en apenas cinco años: fue la primera vez que los registros marcaron un descenso poblacional.

A fines de 2018, el gobierno del exprimer ministro Shinzo Abe impulsó una ley que abrió la inmigración a trabajadores extranjeros de 14 sectores industriales que sufrían falta de personal, en base a estimaciones de que esos sectores registraban un déficit de unos 345.000 operarios. Según datos de Nikkei Asia, en agosto de este año había alrededor de 35.000 trabajadores que ingresaron bajo la órbita de ese programa.

Aunque el Partido Liberal Democrático, que sigue está en el poder aunque Abe dejó el cargo, es conservador, también está estrechamente alineado con la comunidad empresarial de Japón, que había advertido sobre la inminente escasez de mano de obra. Las encuestas en general también muestran que los ciudadanos japoneses se han vuelto más permeables a la inmigración, básicamente, por considerarla inevitable, aunque sigue existiendo un sector de la sociedad que se opone férreamente a la idea.

La pandemia no ha hecho más que intensificar esas presiones sobre la economía japonesa, que entre julio y septiembre se contrajo a una tasa anual del 3%, según datos oficiales publicados esta semana.

Aunque algunos expertos recibieron la propuesta de cambio con cauto optimismo, otros advierten que los programas inmigratorios anteriores de Japón exponían a los trabajadores inmigrantes a situaciones de explotación laboral y pésimas condiciones de vida.

El reclamo histórico de los trabajadores extranjeros en Japón es por la falta de protección laboral, el trabajo a destajo y sin horarios, los bajos salarios y el aislamiento.

Tras la muerte de una mujer de 33 años oriunda de Sri Lanka en un centro de detención en marzo, esta semana los funcionarios japoneses se comprometieron a reformar el Servicio de Inmigración del país. La mujer, Wishma Sandamali, había sido detenida por tener vencida su visa de estudiante. Su familia ha denunciado penalmente al director y subdirector del centro de detención, así como a los guardias a cargo el día de su muerte.

“Es algo que no puede repetirse”, dijo al ser consultado el ministro de justicia japones, Yoshihisa Furukawa.

Por Adam Taylor

The Washington Post

(Traducción de Jaime Arrambide)

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