Productividad inclusiva, clave para la Argentina

Es necesario reactivar la economía sobre la base de la inversión, el empleo y la inclusión, para aumentar el rendimiento y bajar los niveles de pobreza; esto es posible con un plan de largo plazo basado en acuerdos políticos y sociales sólidos

Juan J. Llach

PARA LA NACION

Ya antes de la pandemia, y ahora más, eran muchos los países necesitados de aumentar su productividad y de más y mejor inclusión. Ambas cosas son complementarias porque, sin inclusión, la política o la sociedad cuestionan la productividad y, sin ella, la inclusión no es financiable.

Para abordar este problema en la Argentina, conviene inscribirlo en un marco global. La gran recesión de 2008, que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, pegó fuerte en la productividad de los países avanzados, que ya en los años ochenta mostraban aumentos de la desigualdad por menor participación de los asalariados en el producto bruto interno (PIB), por el aumento de la concentración de los ingresos en el 1% y el 1 por mil de la población y por los cambios tecnológicos de la "cuarta revolución industrial".

En la última década se acentuaron los reclamos de soluciones inmediatas a las desigualdades y creció el populismo en Europa y en Estados Unidos, alentado por el nacionalismo, el sentimiento antiinmigración y aun el racismo. Aquí entendemos por "populismo" la demanda de soluciones inmediatas con independencia de sus costos futuros.

Entretanto, desde 1990 muchos países emergentes afianzaban su liderazgo en el crecimiento económico global, con China y otros países de Asia a la cabeza. También mostraban una fuerte reducción de la pobreza, aunque no de la desigualdad, e iniciaban un camino de convergencia hacia del nivel de vida de los desarrollados, probablemente más corto que la divergencia anterior, que duró 500 años. América Latina disfrutó solo en parte esta bonanza, a punto tal que, en el siglo XXI y pese al "viento de cola", fue la región del mundo que menos creció.

El liderazgo de los emergentes se da también en el crecimiento de la población, al que aportarían nada menos que el 97% en las próximas dos décadas, la mitad en África. En el entorno globalizador vigente, con rápido aumento del comercio internacional, muchas regiones manufactureras del mundo desarrollado perdieron posiciones respecto de China y otros asiáticos, erigiéndose en baluartes de la de la antiglobalización. Ante este cuadro, cabe preguntarse si ella continuará, más aún en la pospandemia. Nuestra visión es que la globalización seguirá en pie, acotada, pero sin retroceder al proteccionismo. En ese marco, potenciado por un gran endeudamiento, es probable que el crecimiento sea menor, incluso en los emergentes, aunque sin perjudicar su liderazgo. La Argentina tendrá oportunidades, sin vientos de cola ni de frente a la vista.

Desafíos para la Argentina

En nuestro país, la productividad por persona ocupada cae desde hace diez años, debido principalmente al derrumbe de la inversión en capital físico, de 19,5% del PIB en 2007 a solo 11,5% en 2019 y, Covid-19 mediante, a 10% en 2020, la menor desde 1950. En teoría, la productividad podría haber aumentado con una performance estelar del capital humano, pero no ocurrió. Comparando ocho indicadores de educación de la Argentina con países latinoamericanos -desde la escolarización hasta el aprendizaje, pasando por la doble jornada o la graduación- nuestro país es superado por cinco o seis naciones, algo sin precedentes. La inversión en capital humano no fue el precio necesario de un aumento de la inclusión, y el deterioro de la educación respecto de países latinoamericanos se observó también en indicadores de pobreza, salud, vivienda, nutrición y empleo formal. Por caso, nuestra esperanza de vida al nacer (76,5 años) ya es menor que la de seis países de América Latina, algo inédito.

La propuesta

¿Qué hacer ante tamaños desafíos? En el IAE y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral comenzamos en 2018 un proyecto permanente de investigación de la productividad inclusiva (PI), que comprende diagnósticos y políticas. Nuestras propuestas se asientan en un trípode: inversión, empleo e inclusión. Es decir, invertir en capital físico y humano, para aumentar así la productividad y el empleo formal, y combatir la pobreza y mejorar otros aspectos de la inclusión.

Esas orientaciones bastarían en un país menos complejo, pero no en la Argentina. Padecemos demasiados males, inexistentes en casi todo el mundo. Varios de ellos implican una ruptura del contrato fiscal entre los ciudadanos contribuyentes y el Estado: alta inflación y déficit fiscal crónicos, gasto público, presión tributaria y evasión muy elevados, carga impositiva regresiva y desalentadora de la inversión y las exportaciones, además de ser el país más bimonetario del mundo. La PI necesita que estos problemas sean superados. Emprender un rumbo en el sentido de nuestro trípode también ayudaría a superar los mencionados desafíos macroeconómicos. Por caso, el camino genuino para resolver la escasez de divisas es un salto duradero del saldo comercial externo por mayor inversión orientada a las exportaciones, para depender así menos de sus precios o de la demanda y más de la productividad aumentada por la inversión.

Además de necesitarse mutuamente, productividad e inclusión solo pueden sostenerse si se basan en acuerdos políticos y sociales sólidos. Muchas de las políticas pro-PI requieren más de un período presidencial, por lo que su eficacia depende de una continuidad rara vez observada en la Argentina. La grieta política actual dificulta o impide los acuerdos, y harán falta estadistas para lograrlos. En nuestra historia existen algunos casos de interés. Perón los intentó en su segunda presidencia, convocando a un congreso de productividad y bienestar social que arribó a algunos acuerdos, pero naufragó por el violento clima político de 1955. En las circunstancias críticas de la crisis de 2002 tuvo lugar el Diálogo Argentino, que llegó a muy buenos acuerdos, también inviabilizados por cuestiones políticas. En 2017, en fin, se acordó y se hizo ley una sólida reforma tributaria, pero la crisis la dañó y fue prácticamente abandonada ahora. En fin, las mesas sectoriales recién convocadas no tienen alcance suficiente para lograr la productividad inclusiva.

¿Reactivación o crecimiento?

Hoy se discute, sordamente, si el camino para salir de la crisis es reactivar la economía o apuntar al crecimiento. Quienes apoyan la reactivación apuestan al liderazgo del consumo y el gasto público. El problema de esta alternativa es que, tarde o temprano, suele terminar en crisis fiscales y externas. Nuestra propuesta de la PI sugiere que el camino más eficaz y menos riesgoso es un crecimiento compatible con la reactivación, cuyo corazón es impulsar la demanda con protagonismo de la inversión en capital físico y humano y vinculada a las exportaciones. Eso favorece una mayor creación de empleos formales y una generación de divisas más sostenible. La inversión requiere un cambio cultural de la sociedad que lleve a confiar en el futuro del país, no solo con grandes proyectos, públicos y privados, sino también con la refacción o ampliación de la casa, el taller o la oficina, las obras municipales y hasta la ambición personal de graduarse en la universidad, en la secundaria o en un oficio. Todo eso reactiva y contribuye a la PI, simultáneamente.

El rumbo es crucial

¿Hacia dónde marcha la Argentina? Muchos se formulan esta pregunta, aún sin respuesta. El Gobierno declina decirlo y tampoco da señales de estar planteándoselo. No advierte que ese mutismo es un gravamen para el país, más aún cuando, erráticamente, se anuncian estatizaciones o expropiaciones sin fundamento que coexisten con el fenómeno de empresas que se van del país o reducen sus operaciones en él. Se puede creer más o menos en el rol del Estado en la economía, pero es muy costoso desconocer sus crónicas recaídas en la insolvencia.

Actuar erráticamente es aún más dañino en un contexto tan incierto como el de la pandemia. En contraste, el anuncio de un rumbo fundado y creíble podría atraer capitales que, además de sus efectos positivos sobre la inversión y el crecimiento, acarrearían divisas productivas e impulsarían la propensión al gasto y a alargar los horizontes de planeamiento. En otras épocas, el rumbo se escribía en un plan de desarrollo, en varios tomos, casi siempre incumplido. No se propone aquí volver a ese pasado, pero sí hay que tener metas, plazos, costos y beneficios de las acciones y políticas del Estado.

Políticas para la inclusión

Ilustraremos nuestra visión de la PI mencionando algunas de las políticas generales analizadas en el proyecto, buena parte de ellas más urgentes por la pandemia. No se incluyen aún propuestas sectoriales.

Productividad del Estado. El sector público debe dejar de ser una caja negra y, cumpliendo parte del contrato fiscal, debe publicar un informe anual, en los tres niveles de gobierno, que muestre su producción y productividad. Entre ministerios, secretarías y subsecretarías, el Estado nacional tiene 274 organismos, además de una treintena de gabinetes de asesores. Un volumen inexplicable, contrario a la productividad y a la inclusión de los más necesitados.

Información. Pese a los progresos del Indec, todavía debe mejorarse sustancialmente la información. Un ejemplo es corregir la subdeclaración de ingresos en las encuestas de hogares, que subestiman la desigualdad y sobreestiman la pobreza, sin negar la gravedad de ambos males en la Argentina de hoy.

Más y mejor inversión en capital humano. Como ninguna otra, esta inversión aporta al mismo tiempo a la productividad y a la inclusión y es el núcleo central de la PI en un país como la Argentina. Posible instrumentos son una nueva ley de financiamiento educativo, vinculado a metas; fortalecer el combate contra la desigualdad educativa, con escuelas ricas de jornada extendida para los más pobres; continuidad de las evaluaciones censales, con devolución de resultados a las comunidades educativas para la mejora escolar; un nuevo contrato docente, con incentivos a los logros, optativo para quienes ejercen y obligatorio para los ingresantes; especialización de los institutos de formación docente; jerarquizar la preparación para el trabajo en la educación primaria, media, terciaria y en la formación profesional; inducir más vocaciones en ciencias duras y tecnologías; en el nivel superior, informar a los estudiantes las perspectivas de las profesiones que eligen (como se hizo en el año 2000); mejorar la articulación con el secundario; aumentar la cantidad de becas, financiadas con un impuesto a los graduados (como en Entre Ríos o en Uruguay) y mejorar continuamente su pertinencia, arraigo y relevancia, identificando las áreas de vacancia por regiones.

Mejor y mayor inversión en ciencia y tecnología, basada en un nuevo plan estratégico, con asignaciones crecientes a las áreas prioritarias. Junto a un rumbo claro del país, esto podría ayudar a reducir la fuga de cerebros que nos afecta, erráticamente, desde hace décadas.

Empleos formales y personalización. Para ser tal, la PI debe aumentar la productividad sin reducir el empleo. Un camino relevante para eso es bajar el costo laboral no salarial, que en la Argentina supera en dos tercios a los de los países desarrollados. Eso facilitaría la formalización de muchos trabajadores, algo esencial para la PI. También es esencial reemplazar los planes sociales permanentes, salvo la AUH, por capacitaciones laborales personalizadas con posterior acceso de sus beneficiarios al empleo formal.

Nutrición y salud. En la Argentina pre-Covid era mucho mayor la malnutrición que la desnutrición. Este problema mejoraría si la tarjeta alimentaria vigente tuviera descuentos mayores para los alimentos más nutritivos. La salud es otro componente esencial de la inclusión. El acceso a ella podría facilitarse, gradualmente, con una cobertura universal y una solución financiera para el PAMI, muy compleja.

Otras inclusiones en mora. En la agenda pendiente del proyecto PI figuran las dificultades que se oponen a la plena realización de las mujeres y de otras minorías, por ejemplo, en el mercado laboral; también, las desigualdades intergeneracionales, en especial la previsional y la ambiental, ambas muy postergadas. Está pendiente además la esencial cuestión de la vivienda digna.

Una menor desigualdad requiere, además de las políticas mencionadas, un impuesto a las ganancias realmente más progresivo y una sustancial mejora de los impuestos patrimoniales, sin duplicaciones y generadores de inversión.

Políticas para crecer

La previsibilidad, esencial para la inversión, requiere seguridad jurídica protegida por un Poder Judicial independiente, un tema todavía no resuelto en la Argentina.

Respecto de la inserción en el mundo, no se conoce la agenda externa de la Argentina, crucial para el crecimiento y para la PI. Ella debe contemplar volver a poner en valor el Mercosur, lograr su ampliación, persistir en el acuerdo con la Unión Europea y promover un mayor acercamiento a África y Asia, los continentes con mayores perspectivas de crecimiento. China es, por cierto, un socio estratégico, pero sería erróneo erigirlo en "salvador".

Carga impositiva. Tal como establecían los acuerdos legislados en 2017, aumentar la inversión requiere reducir la altísima carga tributaria que castiga a la producción y las exportaciones, Hasta tanto se recupere espacio fiscal para restablecerlos, pueden licitarse cupos de las rebajas allí previstas, otorgándolos a quienes más inversión comprometan y más empleo y divisas generen por peso de impuestos rebajados.

Protección arancelaria. Otro modo de incentivar la inversión y las exportaciones es integrar gradualmente la economía argentina al mundo, dando carácter contractual a la protección arancelaria, con magnitudes y plazos que dependan de la inversión comprometida y de los acuerdos comerciales que logre la Argentina.

Economía del conocimiento. El país cuenta todavía con una dotación de capital humano con potencial para diversificar la producción y las exportaciones mediante la creación de empleos calificados. El Congreso aprobó recientemente una nueva, y polémica, versión de la ley respectiva. Es casi seguro que atraerá menos inversión y empleos que la anterior. Un error común a ambas leyes es no incluir a toda actividad económica que genere empleos de científicos, profesionales o técnicos, o que patente descubrimientos.

Empresas y trabajadores

En una sociedad de economía mixta como la nuestra, la PI requiere el concurso de los trabajadores, los empresarios, las empresas como organizaciones y el Estado. Hay quienes avizoran que en la pospandemia surgirá una nueva institucionalidad socioeconómica. No lo sabemos, pero lo vemos poco probable. Sí es seguro, en cambio, que la PI no solo requiere mucha mejor calidad de políticas públicas. También necesita una renovación de las empresas, de la calidad de sus prácticas de management y de la integración y la participación de los trabajadores, para construir así organizaciones empresarias que aporten más y mejor a la productividad inclusiva.

Sociólogo y economista