Para qué le sirve a los argentinos el acuerdo con el FMI

Se ha generado una expectativa positiva por el cierre de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No es para menos, si arribáramos a marzo sin una refinanciación de los más de USD5000 millones que vencen con ese organismo y el Club de París entraríamos en cesación de pagos y, a partir de allí, una gran profundización de la crisis, con un tremendo costo social. Ahora, ¿eso quiere decir que se resolvieron todos los problemas de los argentinos?

La respuesta es no. La economía no está predestinada a estabilizarse y a crecer sostenidamente por el sólo hecho de haber firmado un acuerdo con el FMI, sino que eso dependerá de lo que se haga con el tiempo de tranquilidad que se va a ganar. El cierre de este capítulo hay que usarlo para mostrar cómo se le sacará la enorme carga que el Estado le ha impuesto a un asfixiado sector privado productivo al que lo exprimen con impuestos y tasas. Además, le sacan gran parte del crédito disponible para financiar excesos de gasto público y lo agobian con regulaciones absurdas.

Para entenderlo fácil, haremos un ejemplo con lo que pasó en la Argentina en este siglo; aunque nos podríamos ir mucho más atrás aún. Imaginemos un maratonista muy bueno, el sector productivo argentino, que tiene que ir a los Juegos Olímpicos. Le elegimos un entrenador que, antes de empezar la carrera, le pone una mochila y va a su lado con una bicicleta con un carro lleno de piedras atrás, que se las carga en la espalda mientras corre. Al principio, el atleta logra posicionarse en el pelotón de punta; pero con el creciente peso empieza a trotar, luego a caminar, después a gatear y a reptar, para terminar tendido y extenuado.

Enojados, los argentinos le ponemos otro entrenador. Éste se le acerca y le empieza a decir que es un gran deportista y que puede ganar. Hay todo un pueblo que confía en su gran potencial. El maratonista se levanta y empieza a trotar como puede. Por suerte, ya no le ponen más piedras en la mochila; pero el peso de las que carga es tan grande que cae nuevamente.

Por supuesto, “¡Este entrenador no va más!” y elegimos otro. El nuevo llega, mira al maratonista y dice “A éste hay que darle una pichicata y van a ver como corre”. Se apela entonces al doping y el pobre deportista a duras penas logra levantarse. Hace un esfuerzo mayúsculo, pero cae muerto a los pocos metros.

Así estamos en la Argentina, no queremos entender (¿o a muchos no les conviene?) que lo que hay que hacer es sacarle la mochila de piedras al maratonista. No es posible producir con más de 67.000 regulaciones con las que funcionarios “iluminados” pretenden decirles a los que trabajan y manejan un negocio cómo “mejorar” la forma en que lo hacen. ¿Alguien puede creer que una persona que nunca manejó ni un quiosco te puede decir cómo hacer lo tuyo mejor? Tampoco, se les puede pedir que afronten semejante carga tributaria que, según el Banco Mundial, nos ubica en el puesto 21, entre 191 países, de los que más exprimen a sus empresas con impuestos. Estos son datos de 2020 y, desde entonces, no han parado de aumentarlos. Encima, como ni así se alcanza a pagar el tremendo gasto público actual, el Estado se absorbe la mayor parte del crédito disponible, dejando muy poco para producir o invertir.

La mala noticia es que, cuando se anunció el preacuerdo con el FMI, en los discursos del Presidente y del ministro Guzmán quedó claro que no creen que existan esos problemas. Al contrario, prometieron más Estado y un plan que es una profundización del que se viene llevando a cabo hasta ahora. Lamentablemente, si no aprovechan para hacer las reformas estructurales en el tiempo de menor incertidumbre que se gana con el acuerdo, le sucederá lo mismo que al anterior gobierno, la Argentina caerá en una crisis. Es cierto, dirán que el maratonista aún se sostiene en pie; pero dudo que con el doping que le están dando logre correr mucho tiempo.

Exijamos un entrenador que le quite la mochila antes de que vuelva a caer, porque el porrazo nos va a doler a todos.

Economista y director de la Fundación Libertad y Progreso