Proponen un indulto para Cristina

El país entró de lleno a una colisión de poderes. Para ser precisos: el cristinismo lo metió en esa fenomenal crisis institucional. Nunca antes se había visto ni escuchado a las dos principales figuras del Estado (el Presidente y la vicepresidenta) embestir tan brutalmente en muy pocos días contra el Poder Judicial. La figura que lidera esa agresión es Cristina Kirchner, multiprocesada por la misma Justicia que ella persigue desde que volvió al poder. El Presidente la precedió con el discurso más duro que un jefe del Estado haya dicho desde el estrado del Congreso contra los jueces y sus decisiones. Peor: luego respaldó la enfurecida soflama de Cristina contra magistrados independientes. La lista de jueces y fiscales que ella nombró en su alegato es una lista parcial, pero lista al fin, de los magistrados independientes que tiene el país. Son los mismos que ella detesta. Obvio: son los que la juzgaron o la están juzgando. ¿Puede la nación política ingresar en semejante clima de tensión entre poderes solo por la situación personal de una lideresa arbitraria que ha hecho de su problema una cuestión de Estado? Era previsible, aunque sorprenden el ritmo y la audacia de la ofensiva.

Ya sería redundante repetir todo lo que se dijo y anunció contra la Justicia. Desde comisiones bicamerales para echar jueces hasta tribunales nuevos para arrancarle poder a la Corte Suprema. Desde intimaciones a jueces para que se jubilen hasta la decisión de sacarle al Consejo de la Magistratura el manejo de las jubilaciones de los magistrados para pasárselas a la Anses. Desde la temeraria afirmación del Presidente de que el Poder Judicial se encuentra “en los márgenes del sistema republicano” hasta el agravio de Cristina que calificó de “podrida” a la Justicia. Alberto Fernández dice que el Poder Judicial está casi en la ilegalidad, pero no mencionó los delitos que cometió para llegar a semejante situación. Cristina se colocó por encima de los jueces ante los que debía declarar y directamente los maltrató y los humilló. Sabe que los jueces no pueden responderle porque corren el riesgo de ser recusados. Le gusta zamarrear sin piedad a personas que no pueden contestarle. Un gobierno de golpeadores. Agredir a personas que no pueden defenderse es el perverso placer de los golpeadores.

A esa dramática crisis se le sumó la versión de que renunciaría la ministra de Justicia, Marcela Losardo, empujada por Cristina Kirchner. Con Losardo no se iría solo una ministra. Se irían una parte de Alberto Fernández y la referente del ala moderada de la administración. Lo que hemos visto hasta ahora sería solo el comienzo de la guerra.

Le gusta zamarrear a personas que no pueden contestarle, como los jueces. Agredir a personas que no pueden defenderse es el perverso placer de los golpeadores

El ritmo de vértigo que el oficialismo les impuso a sus empellones contra la Justicia indica que las cosas no terminarán en la retórica. Cristina Kirchner no ha conseguido casi nada hasta ahora. Sus causas judiciales progresan. Los tribunales orales toman decisiones contra sus aliados en las prácticas corruptas (léase Lázaro Báez) que terminarán agravando su situación. La Cámara de Casación Penal declaró constitucional el testimonio de los arrepentidos que contaron cómo fue la corrupción durante el kirchnerismo, lo que provocó la primera ola de ofuscación cristinista. Más de un año después de asumido el gobierno que ella imaginó, nada la alejó de la posibilidad cierta de una condena.

¿Tolerará su actual situación de impotencia? ¿Canalizará esa impotencia solo en gritos e insultos a los jueces, en promesas de reformas que nunca llegan (porque en Diputados carecen de los votos necesarios para avanzar) y en las provocaciones de sus peores laderos? Improbable. Solo el clima que crearon ya está encendiendo el enojo, el temor y la inquietud de vastos sectores judiciales. La situación de incertidumbre es tan extrema que en algunas altas instancias de la Justicia (no en la Corte Suprema todavía) están analizando la posibilidad de dictar acordadas en respaldo de los jueces y fiscales perseguidos. Que un poder del Estado deba defenderse de otro poder del Estado es una nueva extravagancia kirchnerista.

¿Qué hacer, entonces? Algunos sectores judiciales, que no son kirchneristas, y cierto núcleo de empresarios importantes comenzaron a proponer que el Presidente firme un indulto para beneficiar a Cristina Kirchner. No están de acuerdo con ese recurso, pero lo consideran el mal menor. La única opción ante una posible ruptura del sistema. “El indulto sería la confirmación de un país sin justicia, pero sería peor que obliguen a los jueces a firmar sentencias al margen de la ley o contra la ley”, dice un magistrado. Y agrega: “El indulto es una facultad del presidente que está en la Constitución. En cambio, llevará décadas la reconstrucción de un destruido sistema republicano”. La iniciativa es, a todas luces, producto del temor a que un cristinismo desbocado termine por romper lo poco que queda en pie.

Sin embargo, la ejecución de semejante proyecto disruptivo tiene sus limitaciones. En primer lugar, el límite que impone la propia sociedad. Una amplia mayoría social será seguramente muy crítica de esa eventual decisión, como lo reconoce implícitamente aquel juez que señala, aun aceptando la necesidad del indulto, que este significaría la confirmación de un país que carece de una noción elemental de justicia. Hay países que tienen una tradición histórica en materia de indultos presidenciales, como Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, la diferencia radica en que aquí no existe esa tradición. Todos los presidentes de Estados Unidos firman decenas de indultos pocos días antes de abandonar el cargo, algunos muy polémicos. Al revés, en la Argentina los indultos presidenciales son raras excepciones históricas. El caso reciente más recordado es el de Carlos Menem cuando indultó a militares y guerrilleros condenados o procesados por los crímenes de los años 70. Ese es otro obstáculo: el indulto debe concederse a condenados y Cristina Kirchner no tiene todavía ninguna condena firme. En los indultos de Menem había militares y guerrilleros que no estaban condenados. La situación provocó una polémica entre juristas, pero al final se aplicaron.

Con todo, el principal problema para el indulto es Cristina Kirchner. No quiere ser indultada. El indulto es un perdón de la máxima autoridad política a un delito cometido. Ella no acepta que cometió delitos. Quiere ser declarada inocente, lo que le permitiría también conservar la totalidad de sus bienes, sea en dinero o en propiedades. El Presidente se aferra a esa posición de Cristina para asegurar que no firmará un indulto para ella. “La primera que me pegaría un carterazo sería Cristina si la indulto”, suele decir Alberto.

Fernández mientras esquiva la cuestión. Tampoco quiere ser él, en verdad, quien deba firmar un decreto que lo condenará a la impopularidad. Se trata, además, de un indulto distinto de los que se conocen en la historia, que perdonaron delitos políticos. El de Cristina perdonaría delitos de corrupción.

La Justicia no fue el único sector de la vida democrática víctima de inadmisibles diatribas del Presidente, de su vicepresidenta y del oficialismo. También los medios periodísticos fueron blanco de esos ataques. En ese contexto, está circulando una información falsa sobre LA NACIÓN. La primera difamación fue dicha por el diputado ultracristinista Leopoldo Moreau, quien aseguró, sin mostrar ninguna prueba, que el expresidente Mauricio Macri es accionista de LA NACIÓN. Hace pocas semanas, un editor periodístico de larga experiencia en los medios, Jorge Fontevecchia, escribió que existía una versión –no confirmada, dijo– según la cual Macri había contribuido a financiar el relanzamiento de la señal de televisión de LA NACIÓN. Varios medios muy cercanos al oficialismo convirtieron esa versión en una información cierta. Nadie consultó nunca con LA NACIÓN la veracidad de esa información. La versión es absolutamente falsa. Los rumores en el sentido contrario son consecuencia, por lo tanto, de una mala información no chequeada o de la mala fe.

Ahora bien, ¿en qué país se ha convertido la Argentina para tener que optar entre un quiebre letal de su sistema político o un indulto por delitos de corrupción? ¿Por qué debería elegir entre la democracia y la impunidad? ¿Por qué estresar de semejante manera al sistema institucional solo por los berrinches de una persona, cansada y rencorosa?

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