Alberto Fernández firmó un DNU para convertir los planes sociales en puestos de trabajo

El presidente Alberto Fernández firmó este lunes el Decreto 711/2021 para convertir los planes sociales en empleo genuino en el sector privado. Está destinado a personas desempleadas o con trabajos precarizados. La medida fue publicada en el Boletín Oficial de este martes.

Fernández había adelantado la decisión el viernes pasado en el Coloquio de IDEA. La norma permitirá que los beneficiarios de un programa social puedan acceder a un empleo en relación de dependencia.

La iniciativa está vinculada a un proyecto de Sergio Massa presentado días atrás con el mismo objetivo. “Son medidas complementarias. El DNU abre paso a la Ley”, afirmaron a LA NACION desde el entorno del titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

El viernes, en IDEA, Fernández había hecho una defensa del marco laboral, cuando anticipó la decisión de avanzar en la medida. “Si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna la Argentina es la promoción de la inversión empresaria y creación de empleo, por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho”, había señalado.

Los ministros Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Claudio Moroni (Trabajo) estarán al frente de lograr el ambicioso objetivo del Gobierno. Ambos realizarán modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral con la meta de mutar la asistencia social dada en la actualidad a personas desempleadas o con empleos informales en “incentivos” para lograr su contratación en el sector privado.

En ese sentido, las empresas que se sumen al programa deberán cumplir con una serie de requisitos para acceder a distintos incentivos como comprometerse al incremento neto de la nómina del personal y respetar un límite en la cantidad de trabajadores alcanzados. Se aclara, no obstante, que no podrán participar aquellas firmas que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

De ahora en más, Desarrollo Social y Trabajo tendrán como misión que los beneficiarios de los planes sociales se sumen a cursos específicos o a prácticas calificantes en ambientes de trabajo, período en el cual podrán mantener el derecho al cobro de la prestación.

En tanto, el Gobierno también contempla que si las personas pierden el contrato en el sector privado puedan volver a percibir la asistencia. También se da lugar a la posibilidad de que puedan elegir a un reingreso al programa o a percibir la prestación por desempleo.

Proyecto de ley

La iniciativa: “Un puente al Empleo” presentada por Sergio Massa en septiembre busca que cerca de un millón de planes sociales sean traspasados al mercado laboral. El proyecto propone facilitar el empleo a las 950.000 personas que hoy perciben el plan Potenciar Trabajo; y apunta a más de 500.000 pymes con beneficios para el sector.

En concreto, se propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

De esta forma, durante un año el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario, accederá a la obra social y la ART y, a cambio, deberá capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Asimismo, les sugiere a las empresas la posibilidad de rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones. Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.

Sin embargo, la iniciativa mereció cuestionamientos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. A través de un informe, el centro de estudios sostuvo que el proyecto oficialista solo reducía el costo laboral 13%. Y, al mismo tiempo, cuestionaron la intermediación de las organizaciones sociales.

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