Alega el último defensor y la causa Vialidad entra en la etapa de definiciones
Miguel Ángel Arce Aggeo, abogado de dos extitulares de la administración de Vialidad de Santa Cruz, empezó su exposición, que terminará el lunes próximo
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En el caso Vialidad comenzó el alegato del último de los abogados defensores, el representante de dos exfuncionarios de Santa Cruz, y el juicio, que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, entra en la recta final. El lunes próximo terminará la etapa de alegatos.
Después, la fiscalía podrá responder a los planteos de nulidad y abrir una instancia para manifestarse sobre los hechos nuevos que hayan introducido los defensores en los alegatos. Luego, los acusados tendrán derecho a sus “últimas palabras” y de inmediato el tribunal pasará a deliberar. El plan de los jueces es dictar un veredicto antes de fin de año.
La última de las exposiciones de las defensas la lleva adelante Miguel Ángel Arce Aggeo, que representa a dos extitulares de la Administración General De Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez.
Este martes, el abogado cuestionó la “construcción errónea” que hicieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a lo largo de su “frondoso alegato”. Dijo que no se acreditó perjuicio alguno y cuestionó los peritajes de la causa.
Arce Aggeo comenzó su alegato con un agradecimiento al tribunal por haberlo autorizado a exponer de forma presencial en la sala de audiencias de Comodoro Py (la regla de este juicio es que todo se hace por Zoom). Elogió a los abogados que lo precedieron en los alegatos y cuestionó la tarea de los fiscales.
Empezó su defensa por Villafañe y dijo que le adjudicaron un delito “imposible”, en referencia a la defraudación que se le imputa, por la que recibió un pedido de pena de seis años. El abogado dijo que su defendido nunca administró bienes nacionales.
“Imputaron como autor [de la supuesta defraudación] al presidente de la AGVP, pero los fondos provinciales estaban debidamente rendidos por Villafañe -dijo Arce Aggeo-. No puede imputársele colaborar con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en el fraude de los bienes nacionales, porque los manejaba la DNV y no pasaban por las manos de Villafañe”.
El abogado dijo que, además, la DNV “manejó diligentemente” esos bienes. Villafañe está acusado de haber defraudado al erario público en favor de Lázaro Báez. “Nunca Villafañe desvió fondos que él manejó y no manejó otros”, destacó el defensor.
Las acusaciones
Villafañe fue jefe de la AGVP desde septiembre de 2006 hasta diciembre de 2007. Antes fue intendente de Río Gallegos y también fue Jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional (con competencia sobre Santa Cruz). “Fue designado como jefe de distrito por decisión de Nelson Periotti y fue el primero en acatar la resolución 1005. De esa manera se dejaron asentadas las bases en el distrito para las maniobras ilegales y marcó el camino que siguieron luego los siguientes jefes de distrito″, dijo Luciani.
El fiscal también responsabilizó a Villafañe por la celeridad con la que se llevaban adelante los procesos licitatorios en los que estaban involucradas las empresas de Báez. Destacó que los procesos licitatorios que involucraban a Báez transcurrían en un promedio de 28 días mientras que en los demás casos, donde Báez no participaba, el tiempo promedio era de 150 días. Y cuestionó el hecho de que en su declaración indagatoria Villafañe dijera que no conocía a Báez. Se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
José Raúl Santibáñez, el otro defendido por Arce Ageo, fue presidente del directorio de AGVP, intervino en lo actos administrativos correspondientes a al menos 20 obras y autorizó incrementos de montos en contratos de obras ad referéndum, incluso, en casos donde el plazo había sido excedido, según la fiscalía. Autorizó ampliaciones de plazo fundadas en razones financieras. A Santibáñez se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
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