Caso Oil: un juicio de dos años y medio que fue mutando al ritmo de los cambios en el escenario político
La situación de Cristóbal López y Fabián De Sousa fue mejorando a partir de que el kirchnerismo volvió a ser la fuerza dominante en el país
LA NACION
Fueron casi dos años y medio de juicio. 81 audiencias, decenas de testigos, dos excarcelaciones, un cambio de gobierno y una pandemia. Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, absueltos hoy, estaban detenidos en el penal de Ezeiza, con prisión preventiva, cuando comenzó el juicio oral por la causa Oil Combustibles y los expedientes por corrupción en los tribunales de Comodoro Py tenían el impulso de los organismos de control del Estado: la AFIP era, entonces, el máximo pilar de la acusación por defraudación al Estado. La sentencia la recibieron en libertad y tras el desistimiento de la AFIP como querellante en la causa.
Cargadas de tensión, las primeras audiencias de este juicio fueron presenciales y muy concurridas, tanto por las familias de De Sousa y López, quienes en ese entonces estaban detenidos, como por empleados de las distintas empresas del Grupo Indalo, e incluso por dirigentes políticos, que colmaban las salas de juicio.
A la primera fecha asistieron dirigentes kirchneristas de paladar negro: desde el hoy ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, hasta el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y Horacio Pietragalla Corti, en la actualidad secretario de Derechos Humanos. El acceso ese día para la prensa acreditada en los tribunales federales se tornó imposible.
A ritmo de una audiencia por semana -cada jueves-, cuando comenzó la campaña electoral, mientras la fórmula Fernández- Fernández se disputaba el poder con la fórmula Macri- Pichetto, el calendario del juicio se ensimismó con el calendario electoral. Cuando terminaron las declaraciones testimoniales, las audiencias en las que Ricardo Echegaray, De Sousa y López fueron indagados tomaron, al menos, dos meses del proceso. Con la pandemia por coronavirus y la cuarentena obligatoria, este proceso sufrió una interrupción de cinco meses y fue reanudado en agosto el año pasado.
“Un juicio penal con tres acusados no puede durar dos años, entonces no es un juicio. De Sousa declaró durante más de 10 audiencias… es la desnaturalización de un juicio oral”, dijo un abogado que siguió de cerca el caso.
La estrategia de defensa de Ricardo Echegaray se enfocó en señalar que conceder planes de pago fue una política del kirchnerismo, en espejo con la defensa de De Sousa y López, quienes apuntaron y enumeraron algunas de las empresas que recibieron planes de pago particulares y que sin embargo no enfrentaban -según sus palabras- “una persecución política, mediática y judicial”.
Los jueces Javier Ríos y Fernando Machado Palloni, sin embargo, encontraron a Echegaray culpable de un delito que, si bien favoreció al Grupo Indalo, no tiene relación con De Sousa y López.
A partir del peritaje elaborado y firmado por expertos propuestos por la AFIP (querellante), el Ministerio Público Fiscal, el cuerpo de peritos de la Corte y de las partes acusadas, incorporado a la causa en agosto de 2019, De Sousa y López calificaron a través de los medios del Grupo Indalo que las conclusiones de ese estudio les eran favorables y que en el período bajo investigación la petrolera no tenía deuda líquida exigible. Las interpretaciones de ese informe no fueron idénticas entre los acusadores. De todas formas, el delito que se juzgaba en este proceso no era si se habían pagado o no los impuestos -ya que eso habría tenido competencia el fuero penal económico- sino la forma en la que accedieron a los planes de pago cuando la empresa no estaba en una situación de stress financiero.
El triunfo del Frente de Todos en las elecciones primarias en agosto de 2019 cambió el rumbo de los vientos políticos en los tribunales federales. Con el kirchnerismo como principal candidato para desembarcar en la Casa Rosada, mejoró el horizonte de López y De Sousa, quienes fueron excarcelados días antes de las elecciones de octubre de 2019.
A partir de entonces, estuvieron cada vez más despejados los frentes judiciales de los dueños del Grupo Indalo, de estrechísimo vínculo con Cristina Kirchner y con una relación previa con Alberto Fernández, que les brindó servicios como abogado, de acuerdo con una factura encontrada en el marco de otra causa penal. También mejoraron sus perspectivas comerciales cuando el oficialismo aprobó una moratoria fiscal que los favoreció para regularizar la situación fiscal del conglomerado de empresas del Grupo Indalo.
Para coronar la serie de buenas noticias que coincidieron en el tiempo con la llegada del nuevo gobierno, la AFIP desistió en su rol de querellante en septiembre, semanas antes de que comenzara la etapa de alegatos de la fiscalía, que finalmente fue el único sostén de la acusación.
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