De todos los jueces trasladados, el oficialismo solo avanzó con los jueces que Cristina Kirchner tenía en la mira

Hace ya casi un año, en julo de 2020, el Gobierno promovió que se revisaran los traslados de los jueces federales dispuestos durante el gobierno anterior con el argumento de que eran inconstitucionales. La oposición denunció que en realidad se trataba de una excusa para correr de la Cámara Federal a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían confirmado los procesamientos contra Cristina Kirchner en casos de corrupción y contra Germán Castelli, juez designado para juzgar a la vicepresidenta en el caso de los cuadernos de las coimas. Y, de paso, poner en su lugar jueces más permeables al oficialismo.

El asunto llegó a la Corte Suprema de Justicia, que efectivamente dispuso que Bruglia y Bertuzzi debían dejar sus cargos en la Cámara Federal una vez que concluyera el concurso para elegir a sus reemplazantes y ordenó llamar a concurso en el caso de todos los jueces trasladados.

A siete meses del fallo de la Corte, el Consejo de la Magistratura solo llamó a nuevos concursos para cubrir los lugares que hoy ocupan jueces trasladados en los casos de Bruglia y Bertuzzi y en el del juzgado federal con competencia electoral de Jujuy, donde el Frente de Todos busca poner un candidato propio que desembarque en la provincia gobernada por el opositor Gerardo Morales. Pero este concurso se frenó por la pandemia. Así se desprende de un relevamiento realizado por LA NACION sobre los concursos en marcha. Tanto consejeros del oficialismo como de la oposición admitieron que es así.

Esta situación hizo que Bruglia y Bertuzzi amplíen su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para señalar que el Gobierno solo buscaba removerlos a ellos para vengarse, y no para sanear un problema constitucional.

“Estamos trabajando en una ampliación de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Bruglia a LA NACION. Él y Bertuzzi denunciaron ante la Comisión Interamericana que fueron víctimas de una “remoción política”, motivada en la “venganza” por los fallos contra el kirchnerismo o como “búsqueda de impunidad”. Y ahora señalaron que el hecho de que se hubieran convocado solo a sus concursos -y no los de los demás jueces trasladados- confirma su denuncia.

“Lo que queda claro es que la gran preocupación del Gobierno eran desplazar a Bruglia y Bertuzzi, el resto de los traslados poco o nada le importan ni le preocupan”, dijo el diputado Pablo Tonelli, consejero de Juntos por el Cambio, a LA NACION.

En cambio, el juez y consejero Alberto Lugones lo rechazó. “Ellos no pueden alegar una legitimación que no tienen. El traslado provisorio tiene que concluir lo más pronto posible. Está convocado otro concurso, el de Jujuy, pero no se pudo avanzar con el examen por la pandemia. Y hubo otros en los que no se pudo avanzar porque presentaron planteos, como el de Misiones o el de Resistencia”, dijo el juez a LA NACION.

Una silla y dos titulares

En el Consejo de la Magistratura insisten en que se están convocando a concursos en la medida en que la pandemia lo permite. Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Selección del Consejo, dijo a LA NACION: “Estamos llamado a concurso. Hay algunos casos que son más problemáticos con los jueces trasladados, porque sus lugares ya fueron ocupados por otro juez que concursó para el cargo y ese es un problema serio que lo tiene que resolver una ley del Congreso”, explicó la legisladora de Consenso Federal, el bloque del lavagnismo. Mencionó que empezaron a trabajar sobre un proyecto con el diputado Tonelli, pero la pandemia les impidió continuar.

Camaño agregó que hoy el Consejo no hace traslados y que tras el fallo de la Corte que invalidó el reglamento de traslados, no queda otra que llamar a concurso sobre esos cargos. Pero advirtió que van a surgir problemas.

Por ejemplo, en Chaco, donde la jueza Zunilda Niremperger fue trasladada del juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña al juzgado federal de Resistencia N°2 y luego al N°1. El de ella es uno de los ocho casos de jueces trasladados cuyos tribunales de origen ya fueron ocupados o se está avanzado el concurso para ese cargo. Los otros magistrados en la misma situación son Enrique Velázquez, Liliana Snopek, María Verónica Skanata, Juan Manuel Iglesias, Ricardo Basílico, Federico Villena y el propio Castelli.

Castelli fue trasladado del Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín al Tribunal Oral Federal N°7 de la Capital, donde recayó el caso de los cuadernos de las coimas. La Corte, en caso de Castelli, dijo que tiene derecho a seguir litigando y su situación está nuevamente en los estrados del máximo tribunal, con un recurso de queja. Al mismo tiempo, Castelli también planteó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, como está abierta la vía judicial, el Consejo no puede avanzar ni con el concurso del cargo que ocupa Castelli ni con el que ocupaba anteriormente.

“Hicimos los concursos posibles donde no había conflicto. La Corte nos dijo que había que llamar a concurso en los casos de los jueces trasladados, pero no nos dijo como hacerlo si el juzgado que presidía ahora está ocupado”, dijo un integrante del Consejo de la Magistratura.

El concurso para la Cámara Federal, en el caso de Bruglia y Bertuzzi, avanzó como un rayo: el fallo de la Corte fue el 3 de noviembre pasado, el 12 de noviembre el Consejo convocó al concurso para estos dos lugares, el 15 ya había jurado y el 23 de febrero se tomó el examen en Tecnópolis. Pese a la pandemia, fue presencial. Las correcciones se hicieron en tiempo récord: el 30 de abril ya estaban listas. Como se trata de dos vacantes, el Consejo de la Magistratura deberá elevar a Alberto Fernández dos ternas de candidatos y suplentes, entre los que el Presidente deberá elegir uno por cada cargo en la Cámara Federal.

Quien quedó primero luego de la corrección de los exámenes y la evaluación de los antecedentes profesionales y académicos fue Fernando Luis Rodolfo Poviña, juez federal de Tucumán, quien llevó el caso de “la noche del apagón” contra Carlos Blaquier, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, asunto que está actualmente en la Corte. Poviña procesó también a César Milani, exjefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, en un caso donde fue absuelto.

En segundo lugar quedó Ignacio Labadens, secretario del Tribunal Oral Federal N°1. En tercer lugar, Gabriel Gonzalo Rey, defensor oficial. Le siguen Sergio Roberto Rocamora, exsecretario de Seguridad de Mendoza, admirador de Eugenio Zaffaroni; Gonzalo Ezequiel Demián Viña, fiscal de la ciudad de Buenos Aires; Diego Alejandro Amarante, juez en lo penal económico; y Julio César Di Giorgio, juez de un tribunal oral de San Martín. También quedaron en un lugar expectante Agustina Inés Rodríguez, secretaria letrada de la Procuración; Gonzalo Segundo Rua, juez de la ciudad; Sergio Luis Pilarche, juez de San Martín; Javier López Biscayart, juez en lo penal económico; y Vanesa Silvana Alfaro.

Bertuzzi, que concursó para su propio cargo, quedó en el lugar número 13. Bruglia no concursó.

Ivana Quinteros, secretaria de la Cámara Federal, quedó en el puesto 14; el juez federal Sebastián Casanello, en el número 17; y la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, que investigó la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, con un examen de 90 sobre 100, quedó en el lugar número 20, por la valuación de sus antecedentes. Este orden no es definitivo. Los concursantes presentaron sus impugnaciones que ahora deben resolverse.

Luego vendrán la lista definitiva y las entrevistas personales. Después, se elaborarán las ternas.

Los antecedentes

El problema se suscitó a comienzos de julio de 2020, cuando el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz –hermano del ministro Eduardo “Wado” de Pedro- presentó un informe en el que decía que hubo 10 jueces que fueron trasladados durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Cristina Kirchner y Mauricio Macri cuyo trámite no fue completado tal como establece la Constitución Nacional porque no pasaron por el Senado. Entre los traslados objetados estaban los de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Decía que el problema era un vicio en el procedimiento sobre cómo habían llegado estos magistrados a camaristas (por decreto, sin intervención del Senado para ese cargo específico), pero la oposición denunció que de paso el oficialismo buscaba deshacerse de jueces que habían investigado la corrupción kirchnerista y ocupar sus lugares con otros más confiables.

Juntos por el Cambio defendió esos traslados en el Consejo, pero el kirchnerismo los impugnó, al igual que Camaño. Los representantes de los jueces en el Consejo Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo se mostraron en contra de que el Consejo interviniera en el tema y los consideraron válidos. El juez Alberto Lugones, en cambio, se pronunció por intervenir. Dijo que no se buscaba “darle impunidad a nadie” y que el Consejo debía “hacer cumplir las leyes”.

La discusión llegó a la Corte, que ordenó que Bruglia y Bertuzzi se quedaran en sus cargos solo hasta que se terminaran los concursos para reemplazarlos. Y a Castelli le dio la oportunidad de terminar el juicio que había iniciado para defender su designación.

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