El Gobierno prepara otra fuerte ola de despidos de empleados públicos para fin de mes

Un fantasma recorre los pasillos de la Casa Rosada y los principales ministerios nacionales. El escalofrío alcanza, principalmente, a los centenares de contratados del Estado, cuya situación fue puesta “a revisión”, y cuyos vínculos con el Estado vence el 31 de este mes. Muchos de ellos ya se resignan a que, pasado el feriado largo de Semana Santa, les llegue el aviso correspondiente y no continúen en sus puestos, como consecuencia de una renovada ola de despidos en el Estado que el Gobierno pretende achicar desde que asumió, el 10 de diciembre pasado.

“Los contratos que se renovaron en enero, por tres meses, estaban a revisión”, admitieron a LA NACION cerca del presidente Javier Milei, dispuesto a pasar nuevamente la “motosierra” por la administración pública, en principio apuntando a los contratos precarios, y en la línea de casos como el de la agencia de noticias Télam (más de 700 empleados hoy en disponibilidad, con la agencia cerrada); el recorte de cargos en PAMI, donde se eliminaron secretarías, gerencias y coordinaciones; los 170 despidos en el Incaa, denunciados por ATE la semana pasada; más los 200 de la empresa de aguas Aysa; y los 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), por dar sólo algunos casos conocidos en las últimas semanas. Hoy, el propio portavoz presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa el despido de 900 empleados del Instituto de Agricultura Familiar, con un ahorro de $9000 millones. Quedará ese organismo con una plata de 64 empleados.

“Se hizo una revisión área por área de todos los contratados. Cada sector pidió por algunos empleados, no se van a echar a todos, pero los contratos que vencen el 31 no se renuevan”, agregó otra fuente oficial que estuvo al tanto del tema.

Fuentes del Gobierno evitaron precisar ante la consulta de este diario la cantidad final de agentes que quedarían excluidos. Desde ATE, en tanto, estimaron “imposible” que la cantidad de cesanteados llegue al 30 por ciento de toda la administración nacional, que serían unos 100.000 empleados. Según informó LA NACION, al cierre de enero, la Administración Pública Nacional tenía una dotación de 224.072 empleados. A ellos habría que sumarles, como parte de las empresas y sociedades del Estado, 109.781 personas más.

De todos modos, la Junta Interna de ATE presidencia distribuyó hoy en el comedor y otros sitios de la Casa Rosada volantes en los que reclamaban “ni un despido más”, además de pedir por la reincorporación de los despedidos y la devolución de horas extras en el recibo de sueldo. Fuentes gremiales estimaron, además, que el gremio UPCN podría recibir un listado tentativo de los despedidos en algunas reparticiones, unos días antes del plazo final.

La primera decisión de achique de la planta pública se tomó el 26 de diciembre pasado. Allí, a través de un decreto firmado por el Presidente, se dejaron caer casi 7000 contratos que se firmaron por primera vez a partir del 1° de enero del 2023, es decir el último año de gestión de Alberto Fernández. Quedaron exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, o el personal que es considerado “indispensable” en una jurisdicción. Allí se anticipó también que el resto de los contratos serían sometidos a “un relevamiento exhaustivo” en los 90 días siguientes a partir de esa fecha, que vencen justamente el próximo 31.

En cuanto a la cantidad de empleados ya despedidos, el propio Presidente ha afirmado en distintas entrevistas que ya fueron echados 50.000 empleados públicos en total. “Hemos echado 50.000 empleados públicos y eliminamos 200.000 planes irregulares”, afirmó a LN+ hace un mes, cifras que repitió en otras apariciones televisivas. “No hay 50 mil despidos en el Estado ni por remota casualidad”, le contestó Daniel Catalano, dirigente de ATE.

Los rumores sobre una nueva ola de despidos inminentes corren por los ministerios a una velocidad asombrosa. Uno de los testimonios que da cuenta de un plan de despidos fue el ya exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, cuya renuncia se conoció hoy y quien habría recibido el pedido de confeccionar una lista de 50 despedidos, según la revista especializada Puerto. En la Cancillería también podría haber recortes: fuentes de la calle Arenales hablan de entre 300 y 400 despidos, todos contratados y con sueldos bajos, sin abordar por el momento los casos de diplomáticos en edad de jubilarse que siguen activos, o los cuantiosos gastos en dólares de las embajadas en el exterior.

En otra importante dependencia del Estado, fuera de Balcarce 50, se habla por lo bajo ante LA NACION de una “reducción de la planta en un 30 por ciento”, y de un “quilombo en puerta” con protestas de los gremios estatales, sin precisiones pero con la certeza de que las definiciones llegarán en los próximos días. Desde el Gobierno relativizaron la cifra, pero reconocieron que el recorte será “importante”.

Otro ministerio cercano a la Casa Rosada también da cuenta de decenas de empleados que dan por descontado que terminarán sus funciones a fin de mes. “Me parece que van a seguir mis vacaciones”, bromeó uno de ellos, en referencia a los días posteriores al feriado extra-large que comenzará el Jueves Santo y se extenderá hasta el miércoles 3 de abril.

Los rumores de despidos inminentes coinciden con algunas bajas recientes. Ayer, por caso, se conoció la renuncia del director de empleo público, Armando Guibert, encargado de las negociaciones paritarias y con responsabilidad en el aumento del 48 por ciento para el Presidente y sus ministros, anulado por el primer mandatario.

También ayer, desde el Ministerio del Interior dieron cuenta de la decisión “voluntaria” de Geraldine Calvella, la joven militante libertaria, de no asumir como directora del Renaper, luego de la polémica por su designación y su salario mensual, que según fuentes oficiales superaría los $2 millones. Otro gesto de austeridad, mientras se ultiman los detalles para una nueva reducción de la planta estatal.