El oficialismo promete más fondos para las universidades para desactivar la sesión especial convocada por la UCR

En las vísperas de la sesión especial convocada para hoy por el bloque de la UCR para discutir en la Cámara de Diputados el financiamiento de las universidades, el oficialismo busca desactivar la ofensiva. Como primera reacción, se comprometió a discutir el tema este jueves en un plenario de comisiones y, en paralelo, apuró las negociaciones con los rectores universitarios para aumentar el presupuesto para las 60 casas de altos estudios en línea con la suba que otorgó la semana pasada a la Universidad de Buenos Aires.

No obstante, el jefe de la UCR, Rodrigo De Loredo, decidió mantener en pie la sesión especial: desconfía de las promesas del oficialismo e insiste en apurar la sanción de una ley que garantice el financiamiento universitario más allá de los aumentos esporádicos que otorgue el Gobierno. Cuenta como aliado para el quorum a la bancada de Unión por la Patria, que quiere aprovechar la ofensiva para impulsar un proyecto para restablecer del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el cual fue suspendido por el Gobierno.

La decisión de De Loredo de no bajar la sesión especial pese a los gestos del oficialismo desató un fuerte malestar no solo entre los libertarios y el bloque de Pro –que se comprometió a dar la discusión en el plenario de las comisiones-, sino también en su propia bancada. Advierten que la jugada los colocaría en un lugar incómodo al lado de la oposición más dura encarnada por el kirchnerismo y la izquierda.

“No tiene sentido mantener la sesión especial cuando el oficialismo se comprometió a dar la discusión este jueves en las comisiones de Educación y Presupuesto. Logramos el objetivo que buscábamos. Si no bajamos el pedido de sesión terminaremos siendo funcionales al kirchnerismo”, reprochaban las voces más críticas de la bancada radical.

La convocatoria del radicalismo a sesionar mañana se precipitó luego de que el Gobierno y el consejo superior de la UBA alcanzaran la semana pasada un acuerdo para actualizar sus gastos de funcionamiento con un aumento del 270% interanual respecto del presupuesto de 2023 y del 300% para los hospitales universitarios y las funciones vinculadas al área asistencial. De inmediato, las restantes universidades denunciaron discriminación y reclamaron una suba similar a la que recibiría la UBA.

El malestar de los rectores se exacerbó cuando se supo que, además del aumento a la UBA –cuya cara visible es su vicerrector y dirigente radical Emiliano Yacobitti-, el Gobierno decidió restituir el funcionamiento de la Universidad de Río Tercero, en Córdoba. En efecto, la semana pasada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó una resolución por la que dejó sin efecto una anterior, del 26 de febrero pasado, en la que se había suspendido la puesta en marcha de esa casa de estudios.

Las miradas apuntaron de inmediato al cordobés De Loredo. “La restitución de la Universidad de Río Tercero fue en pago a sus servicios por haber encolumnado al bloque radical detrás de la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal en Diputados”, mascullaban en el bloque Pro.

Para neutralizar las críticas, De Loredo y su bloque decidieron convocar a sesión especial para impulsar una ley que garantice un aumento generalizado a todas las universidades. Ante la posibilidad cierta de que reúna quorum con el apoyo de Unión por la Patria, el oficialismo se vio obligado a ceder y el viernes pasado, a pedido de De Loredo, resolvió llamar a las comisiones de Educación y de Presupuesto –comandadas por Alejandro Finocchiaro y José Luis Espert- para discutir una ley de financiamiento universitario. La reunión de comisiones se realizará este jueves.

“Nosotros hicimos nuestra parte y cumplimos la palabra. De Loredo se había comprometido a levantar la sesión, pero no lo hizo”, despotricó el diputado Finocchiaro.

En paralelo, funcionarios del Ministerio de Capital Humano, en negociación con rectores del CIN, anticiparon su compromiso de equiparar la actualización de gastos al que tuvo la UBA, otorgándole el 270 % de gastos de funcionamiento a cada universidad nacional del país. Esta oferta sería formalizada la semana próxima, según supo LA NACION de fuentes legislativas.

El radicalismo, sin embargo, desconfía. “Nosotros insistimos con la sesión especial porque no tenemos certezas de que el oficialismo cumplirá con los compromisos que asume. Lo mejor es avanzar en una ley que dé garantías de que el presupuesto de las universidades será actualizado mes a mes con la inflación. Todo lo demás son promesas”, advierten cerca de De Loredo.

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