El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, denunció una "campaña de desprestigio", tras el pedido de juicio político en su contra
LA NACION
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, denunció que es blanco de una "persistente campaña de desprestigio" y rechazó por "infundadas" las acusaciones de una diputada kirchnerista que pidió su juicio político."Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos", escribió Rosenkrantz.
En una declaración que hizo pública esta tarde, el juez contestó una por una las imputaciones de la diputada Vanesa Siley, abogada, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. La legisladora pidió el juicio político de Rosenkrantz "por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".
En un gesto inusual, el magistrado se declaró blanco de "una persistente campaña de desprestigio" y dijo que "distintas personalidades" le "atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza".
Rosenkrantz recordó la existencia de una causa iniciada por una denuncia anónima que lo acusaba de tener 71 cuentas en el exterior para cobrar sobornos en paraísos fiscales. El caso está en el juzgado de Ariel Lijo. El año pasado, Rosenkrantz dijo sobre aquella acusación: "En cuanto al origen, tengo una sola conjetura y no involucra al Gobierno".
Ahora, explicó: "La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada".
Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno
Y recordó que enfrentó otras dos acusaciones penales: una por fallar en contra de la ley en el caso de la aplicación del beneficio del "2x1" en favor de un condenado por delitos de lesa humanidad (el caso "Muiña") y otra como supuesto partícipe de una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas denuncias fueron desestimadas por el juez Daniel Rafecas.
"Ahora una diputada oficialista" presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con su destitución.
"Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno", declaró Rosenkrantz respecto de las distintas acusaciones que hizo la diputada Siley.
Una de las acusaciones se basa en los casos Muiña y Batalla por aplicación del 2x1 en favor de condenados por delitos de lesa humanidad. La legisladora dijo que el juez no persiguió y condenó esos delitos y resaltó el consenso social que existía. Le achacó haber favorecido la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado y haber actuado con "desprecio por la sensibilidad y conciencia ciudadana" por las manifestaciones adversas al fallo.
Rosenkrantz contestó que "es curioso" que ahora se lo acuse por un fallo dictado hace tres años, que fue firmado por otros dos jueces y dijo que es "es llamativo" que se lo acuse "por no ceder frente a las protestas en las calles".
"Los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el 2x1 (tanto en 'Muiña' como en 'Batalla') encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos", aseguró.
Y remarcó su "convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpetraron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país".
Le dijo a Siley que "no leyó" su voto cuando lo acusa de no haber reparado en que los delitos no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena y remarcó que el cómputo de la pena en el caso Batalla "no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena".
El caso Blaquier
Luego refutó la acusación acerca de que estaba demorando una causa para beneficiar a la familia Blaquier. Dijo que era "completamente absurdo" vincularlo con el argumento de que su mujer integra la ONG Cimientos, que da becas a estudiantes de bajos recursos, donde también colabora un sobrino de los Blaquier.
Con respecto al trámite del expediente señaló que la información "es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web". Informó que el caso llegó a la Corte en 2015 (un año antes de su incorporación como juez) y que tuvo el caso en dos oportunidades, entre el 2 de mayo y el 11 de julio de 2019, y entre el 5 de agosto y el 15 de noviembre de 2019. "De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi vocalía menos del 10% del tiempo total", replicó.
Con respecto a que comparten ONG con los Blaquier la acusación "es completamente absurda". La presentación le atribuye "un intencionado menosprecio por los derechos humanos" al no haber reactivado la Comisión Interpoderes del Poder Judicial para casos de lesa humanidad. Y que sus decisiones como presidente están orientadas a "cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos".
Los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el 2x1 encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos
Rosenkrantz respondió: "Nuevamente, la acusación es infundada". Y dijo que no se menciona ninguna decisión en ese sentido y que las decisiones administrativas requieren la firma de tres jueces. Por eso, este año convocó a una reunión de la Comisión Interpoderes para esta semana "para agilizar el trámite y resolución de los casos de lesa humanidad y afrontar cuestiones logísticas de estos procesos", dijo.
Conflictos de interés
El pedido de juicio político también menciona conflictos de intereses en casos que supuestamente lo obligaban a excusarse. Rosenkrantz señaló: "Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria".
Y explicó que había adoptado el criterio de excusarse o abstenerse cuando consideró que su participación podía generar dudas sobre su imparcialidad "en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte".
La legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político (...) y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo
Rosenkrantz rechazó además la acusación de la diputada acerca de que había habilitado la feria judicial para tratar los casos de condenados por delitos de lesa humanidad discriminando a otros imputados. Explicó que en el caso que le cuestionaban rechazó la habilitación de feria, pero que, como en otros expedientes, le indicó al tribunal oral que intervenía que dictara un nuevo fallo, dado que el acusado era un paciente en situación de riesgo por su edad y por la pandemia de coronavirus.
"En suma, las acusaciones son infundadas", insistió Rosenkrantz y explicó que Siley "incurre en una equivocación fundamental" cuando cita la doctrina que afirma que el juicio político tiene propósitos políticos y está fundado en causas políticas, que deben ser consideradas por el Parlamento, que es un cuerpo político.
"La legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno", afirmó el juez.
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